Descripción

Esta obra se centra en el análisis del artículo 123 in fine de la Constitución Boliviana de 2009 que literalmente contempla la retroactividad de la ley penal en materia de corrupción. En virtud a ello se determinan tensiones normativas en el ordenamiento jurídico constitucional boliviano, que se materializan inequívocamente en la esfera nacional e internacional, pero principalmente repercuten y afectan directamente a los pilares sobre los que descansa la democracia y el Estado de Derecho. Tensiones que se agudizan al observar el controvertido precepto constitucional a la luz de los principios de irretroactividad, legalidad y debido proceso. Principios consagrados jurídicamente y además en instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de los cuales Bolivia es suscribiente. En este contexto se manifiesta una notoria e importante oposición entre el orden nacional e internacional, es decir entre este precepto constitucional polémico y los principios de irretroactividad, legalidad y debido proceso, consagrados en el sistema multinivel jurídico, del que forma parte el sistema boliviano. Reténgase que en los Estados americanos se conforma un sólo bloque sobre la promoción y protección de los Derechos fundamentales y humanos integrado por las normas de Derecho nacional, regional e internacional. Por la importancia que reviste dicho bloque constituye propósito de esta obra fraguar un acercamiento a las normas relativas a tales derechos, a su configuración, promoción y protección, observando especialmente su posicionamiento en el ordenamiento jurídico boliviano, así como el valor que el mismo les otorga en los diferentes niveles del ordenamiento multinivel, al objeto de contrastar las normas de derechos con la crítica ecuación de la retroactividad gravosa contenida en el artículo 123 in fine de la Constitución. Cuadro en el que se despliega toda la virtualidad jurídica de la relación multinivel entre este precepto constitucional y los Derechos proclamados en las leyendas de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.