Descripción

La realidad social evidencia que la ocupación de bienes inmuebles, lejos de ser un fenómeno aislado y tendente a la eliminación, se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, ocasionando perjuicios a los titulares de los inmuebles ocupados y al resto de ciudadanos por los problemas de convivencia que generan en su entorno social (ruidos, suciedad, enganches ilegales de suministros, tráfico de sustancias estupefacientes). La tipificación de esta conducta antisocial (actualmente degradada a delito leve por un error del legislador) fue reintroducida como delito en el artículo 245.2 del Código Penal de 1995 para tutelar la propiedad inmobiliaria, frente a los ataques subrepticios, clandestinos o realizados con fuerza en las cosas. A pesar de la existencia de una oposición por diversos operadores jurídicos a la aplicación de este precepto legal, una gran permisividad institucional a favor de las ocupaciones, diversos intentos parlamentarios de derogación, e interpretaciones del precepto penal que suponen una derogación de facto del mismo, la tutela penal es compatible con los principios propios del Derecho Penal (principios de intervención mínima, de carácter fragmentario, subsidiario, y de ultima ratio), pues, no sólo se protege el patrimonio inmobiliario, sino también el orden público y la seguridad del tráfico. La obra se dedica a la búsqueda, con apoyo de Doctrina y Jurisprudencia, de una interpretación del precepto penal que no lo vacíe de contenido, así como al análisis de la distinción entre okupas, ocupas, e inmobiliarias ocupas; concluyendo con diversas propuestas de reforma del Ordenamiento jurídico.