Los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, están garantizados por la Constitución de 1978. Estos derechos pueden colisionar, desde el punto de vista privado, con otros derechos como suelen ser el de libertad de expresión y libertad a la información. En ambos casos, los Tribunales de Justicia, en cuya cúspide se encuentra el Tribunal Supremo, tienen la misión de realizar un juicio de ponderación al caso concreto. Esto es, en cada supuesto, decidir cuál de ellos debe prevalecer, sin que ello suponga el establecimiento de una jerarquia.Pero ha sido el Tribunal Constitucional quien ha rellenado el contenido de todos esos derechos y quien tiene la última palabra, en los casos previstos, a través del recurso de amparo. Como que todos los casos se realizan individualmente, la casuística es inacabable. Estas líneas se dirigen a mostrar los contornos que el Tribunal Constitucional ha dibujado de cada uno de los derechos y de la interrelación con el resto y acercar el diseño que está realizando el Tribunal Supremo en los últimos años.Juan Carlos Capdevila Sánchez es funcionario, pertenece al cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa del Ministerio de Justicia. Lleva cerca de 20 años trabajando en la Administración de Justicia, más de la mitad de ellos como Letrado de la Administración de Justicia. Licenciado en Derecho, Criminología y Grado en Ciencias Políticas. Doctor en Derecho.

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J.m.bosch

Honor, Intimidad Y Propia Imagen A La Luz De La Jurisprudencia De

El Derecho de Familia es una parte del Derecho civil que regula las relaciones jurídicas personales y patrimoniales entre los miembros de una familia (cónyuges o parejas, progenitores, hijos, tutores, etcétera). Incluye, dentro del Código civil, entre otras materias, matrimonio y parejas de hecho, derechos y deberes de los cónyuges, régimen patrimonial, filiación y adopción, patria potestad, la custodia y régimen de visitas, pero sirve de alimentos y compensatorias, así como las medidas en las crisis de pareja (separación, nulidad y divorcio), derechos y obligaciones parentales, alimentos para los hijos y, si es necesario, pensión compensatoria entre cónyuges, y las instituciones de tutela y otras medidas de protección de menores y personas incapacitadas. Aunque pertenece al ámbito del derecho privado, tiene un fuerte componente de orden público. Entre ellas destaca el interés superior del menor. El Tribunal Supremo configura el interés superior del menor como un principio rector y auténtica regla sucesoria que prevalece frente cualquier otro interés en los sucesos en los que estén en juego su bienestar personal y familiar. Esto es, cuando esté en juego cualquier medida que comprometa el bienestar de los menores (custodia, visitas, desamparo, acción, traslado de residencia, etc.). Opera como criterio de prevalencia cuando no es posible actualizar el interés del menor con otros intereses concurrentes (de los progenitores, de la familia extensa, de la Administración Pública, etc.). Sirve también como instrumento de flexibilización del rigor profesional, como es el caso de admitir o valorar determinadas pruebas o informes cuando sea necesario proteger al menor. Juan Carlos Capdevila Sánchez es funcionario, pertenece al cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa del Ministerio de Justicia. Lleva cerca de 20 años trabajando en la Administración de Justicia, más de la mitad de ellos como Letrado de la Administración de Justicia. Licenciado en Derecho, Criminología y Grado en Ciencias Políticas. Doctor en Derecho.

Honor, Intimidad Y Propia Imagen A La Luz De La Jurisprudencia De (2026)

La Familia A La Luz De La Jurisprudencia Del Tribunal Supremo (2026)