En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 -incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876-. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976.  No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en las vigentes Constituciones de Italia de 22 de diciembre 1947, francesa de 4 de octubre de 1958 -ni siquiera después de la reforma constitucional introducida en 2003-, ni en la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949. Sin embargo, Alemania sí fue pionera en limitar la autonomía de la libertad contractual iniciando las restricciones a la libertad de mercado desde el siglo XIX -así, por ejemplo, la Ley de 1894 sobre plazos en materia de préstamos en los que se establecen requisitos y límites a las cláusulas abusivas en los contrato de créditos para compra de bienes muebles-, aunque no fue hasta la década de los sesenta cuando se inició la protección legal de los consumidores y usuarios.  La defensa de los consumidores ha tenido una gran evolución desde la entrada del Código Penal de 1995. El tipo de conflicto jurídico que suele ir aparejado a esta relación entre consumidor y ofertante de los servicios ha ido evolucionando desde su respuesta civil y la administrativa, en los casos en que la administración tiene que sancionar de terminadas conductas, a su entrada en el Código penal.  Un tema aparentemente sencillo sería determinar qué rama del ordenamiento jurídico debe de intervenir para proteger los intereses de los consumidores. En principio las relaciones contractuales relativas al consumo no tendrían que tener mayor problema que las derivadas del Derecho contractual civil. Sin embargo, las nuevas formas de producción y de contratación en masa hacen inviable dicha posibilidad y es por ello que el Derecho administrativo y el Derecho penal entran de lleno en la protección del consumidor como sujeto pasivo abstracto que representa a una colectividad. Por tanto, los resultados que afecten directamente al patrimonio de un sujeto individual se protegerán con los delitos patrimoniales y, dado que afecta directamente al patrimonio, el Derecho administrativo no va a actuarà

Tapa blanda

Español

Editorial Dykinson, S.l.

Dykinson

Derecho y consumo

"En este libro se puede comprobar el alcance de las materias tratadas desde los más diversos enfoques sobre la constante de su necesario enfoque dogmático, pero, al mismo tiempo, con la inevitable y exigible a cualquier acción intelectual crítica y, en consecuencia, toma personal de posición. Su base fundamental es sostenida por la propuesta de una moderna y realista teoría jurídica del delito, antes visionada por el estudio detallado y comprometido de los fundamentos conceptuales y metodológicos del Derecho penal del siglo XXI y del alcance de la Ley penal, como tal y que he ido moldeando a través de mis anteriores obras al respecto, de la que esta es una integradora y completada continuidad. Tal actitud me sirve para concretar la sistemática seguida, para trasladar al lector mi concepción del Derecho penal, de sus principios garantistas, de sus límites en el Estado social y democrático de Derecho, del delito, de su estructura y alcance, para presentar, con semejantes pilares, una fórmula que pretende ser, al mismo tiempo, realista y práctica, dogmáticamente fundada y teóricamente comprensible" (De la Introducción)

Sistema de derecho penal: Parte general

El objetivo esencial de este libro está centrado en el deporte desde una doble perspectiva. En primer lugar, en su dimensión más positiva, como manifestación social de indudable trascendencia, en cuanto factor de integración, de tolerancia, de sana compe

Respuestas jurídicas al fraude en el deporte

Aspectos procesales en materia de reprensión de los delitos cometidos con ocasión de los acontecimie

Dykinson Editorial

Sistema De Derecho Penal. Parte General (2ª Edicion. 2026)

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Derecho penal. Parte general. Teoría jurídica del delito. Nociones generales. El delito doloso: Juic

El libro en la propia denominación ya adelanta el contenido de sus diversos parámetros y dimensiones, sobre una visión pluridisciplinar e internacionalizada de las tres variables que se conjugan en el título: corrupción privada, transparencia y gestión pública en torno a la misma corrupción, siendo el criterio diferencial y alrededor del que se aglutina fundamentalmente la obra, aquel tipo de corrupción, y con el impacto normalizado tanto de la transparencia como de la gestión pública en una versión metodológica que acerca a estas al engranaje de aquella, dando lugar a abrir puentes con la corrupción pública y política, en su perspectiva de lucha global contra los elementos corruptos, por medio de los diversos niveles que se dan, tanto nacionales como internacionales, en atención a la relevante participación y compromiso de las más cualificadas Instituciones. Estudio, este último, que se realiza sobre el enfoque inicial de las respuestas a la delincuencia organizada que tanto inciden en el avance y peligrosidad de los movimientos corruptos. Con semejante perspectiva se profundiza en materias todavía abierta

Derecho y consumo

Sistema de derecho penal: Parte general (2018)

Respuestas jurídicas al fraude en el deporte (2017)

Aspectos procesales en materia de reprensión de los delitos cometidos con ocasión de los acontecimie (2014)

Sistema De Derecho Penal. Parte General (2ª Edicion. 2026) (2026)

Derecho penal. Parte general. Teoría jurídica del delito. Nociones generales. El delito doloso: Juic (2008)

Corrupción privada transparencia y gestión publica (2023)