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Aranzadi

La modificación más relevante de la reforma procesal de 2015, en el ámbito de los recursos en el orden jurisdiccional penal, consistió en la extensión genérica del recurso de casación a todos los procedimientos por delito, ya provenga la sentencia de primera instancia de un órgano colegiado o de un órgano unipersonal. Con esta decisión, el legislador «revolucionó» la casación penal. Especialmente, al permitir la interposición de recurso de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, resolviendo, a su vez, recursos interpuestos frente a las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Penal. El legislador fue consciente del aumento de la carga de trabajo que podía suponer la reforma para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y tuvo la cautela de establecer unos filtros en relación con este tipo de asuntos. El más importante fue la introducción del concepto de «interés casacional». La interpretación de ese concepto se ha revelado como una oportunidad histórica, aprovechada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para situarse en una posición de última instancia unificadora de la doctrina penal. En esta obra, se expone la nueva regulación del recurso de casación penal y se estudia el concepto de «interés casacional». A continuación, se analizan las sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (especialmente, del Pleno) que se han dictado hasta el año 2021, en asuntos en los que concurría tal interés. Su conocimiento es básico para cualquier profesional del Derecho, dado que interpretan delitos que, antes de la reforma accedían difícilmente a la casación, como es el caso de los delitos de hurto, violencia de género y doméstica o contra la seguridad vial, entre otros.

Aranzadi - Monografías

La revolución de la casación penal

La exigencia efectiva y real, en nuestro ordenamiento, de responsabilidad penal a las personas jurídicas tiene aún un largo camino por recorrer, pues son muchos los problemas teóricos y prácticos que se plantean. En este contexto, el conocimiento profundo de un sistema, como el de los Estados Unidos de América, donde la exigencia de dicha responsabilidad cuenta con una larga tradición resulta especialmente interesante. Una buena muestra de ello son los «criminal compliance». En nuestro ordenamiento estos programas de cumplimiento o modelos de organización y gestión son una novedad reciente pero en los Estados Unidos han sido objeto de un prolongado y profundo debate sobre su eficacia, que merece nuestra atención. Así mismo, el examen sobre cómo, en el modelo federal estadounidense, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se exige a través de los acuerdos con la Fiscalía muestra los efectos que en este ámbito podría tener el ejercicio discrecional de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal.

La revolución de la casación penal (2021)

La responsabilidad criminal de las personas jurídicas. La experiencia de los estados unidos (papel + (2016)