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Las personas sordas son consideradas en el discurso de los derechos humanos desde dos perspectivas: como personas con discapacidad o como integrantes de una minoría cultural y lingüística cuya identidad debe ser protegida y promovida.  Los trabajos recogidos en el presente volumen estudian la incidencia que la asunción de una u otra perspectiva tiene en una serie de cuestiones consideradas centrales en el tratamiento de los derechos de las personas sordas y se ocupan en analizar en qué medida la doble mirada de las personas sordas que, combinando ambas perspectivas, asume la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las previsiones que contiene en relación con estas cuestiones coinciden con el enfoque y la regulación contenida en la Ley 27/2007 de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidades auditiva y sordociegas.

Dykinson

Estudios sobre los derechos de las personas sordas

La europeización del Derecho público presenta diversas facetas y componentes. Este libro tiene por objetivo identificar esos elementos de la europeización -muy dispersos a menudo-, sistematizarlos y exponerlos de la forma más compacta posible. En un primer acercamiento conceptual la europeización se refiere a las repercusiones del Derecho europeo sobre los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros. Este modo de acción -vertical- entre la Unión Europea y los Estados miembros no discurre, sin embargo, exclusivamente en una sola dirección, sino que es recíproco, y está siendo completado crecientemente por entrecruzamientos -horizontales- entre los Estados europeos. Especial atención se presta a la clasificación que distingue entre tipos de europeización. En función de si esta se refiere al Derecho material, al Derecho procedimental o al Derecho de organización procede distinguir entre la europeización material, la procedimental y la institucional. El tipo más intenso de europeización se denomina aquí europeización integral. Se hace referencia con esa expresión a una acumulación de los modos de funcionamiento y los tipos de europeización antes expuestos. La europeización integral se encarna de modo verdaderamente intuitivo en el concepto de «unión administrativa europea».

Marcial Pons

Administración Pública y Derecho

Europeización del derecho público

Desde que Toyota introdujo el modelo de gestión lean, compañíasde todo el mundo han evitado el despilfarro de recursos, mejorado procesos y ahorrado costes. Esta guía ofrece un enfoque innovador de este modelo para hacer más sostenibles las organizaciones, mejorar las condiciones de los equipos y revolucionar cualquier sector. Descubriremos que la clave del éxito es la competitividad desde el conocimiento integral de cada puesto de trabajo y que la estrategia lean está orientada a aprender con la práctica, resolver los problemas y poner al cliente en primera línea.

Uno Editorial

Profit

Estrategia lean

La presente obra tiene por objeto principal el estudio de la Institución del Arbitraje y, especialmente, del Arbitraje de Consumo en nuestro sistema jurídico. A ese fin en el libro se ofrecen estudios de distintos aspectos de esta materia que se caracteriza por su gran dinamismo y vocación de expansión. En los trabajos, de distintos autores, que se incluyen en la obra se analiza la institución arbitral desde el marco amplio del Derecho comunitario y del Derecho del Estado, competente para la regulación del arbitraje y en cuya legislación se enmarca el sistema arbitral de consumo. También se atiende con especial atención al sistema arbitral de consumo de Navarra respecto al que se realizan análisis, comentarios y también propuestas de modificación con la finalidad de coadyuvar a su mejora. También se incluyen en la obra análisis y comentarios sobre el arbitraje ordinario y la mediación. En cuanto al primero resulta necesario atender al arbitraje ordinario en tanto que su regulación, contenida en la Ley 60/2003 es de aplicación subsidiaria en todo aquello no previsto en el RD 231/2008 que regula el arbitraje de consumo. La oportunidad del análisis es si cabe más útil si atendemos a la reciente reforma de la Ley de arbitraje por la Ley 11/2011 respecto a la que se contienen los debidos comentarios. En cuanto a la mediación también se trata en la obra. La razón se halla en la evidente cercanía de la institución con el arbitraje de la que constituye, en ocasiones, una actuación previa. En esa materia se atiende a la mediación familiar, así como al análisis del Proyecto de Ley 121/000122 de mediación en asuntos civiles y mercantiles de 29 de abril de 2011.

Estudios sobre arbitraje de consumo

La responsabilidad patrimonial de la Administración pública es considerada como una de las mayores garantías de los ciudadanos frente a los daños consecuencia de la actividad (o inactividad) por parte de los poderes públicos. Durante décadas se ha defendido a ultranza el carácter objetivo de este tipo de responsabilidad basado en la idea de antijuridicidad del daño. Esta caracterización es revisada a lo largo del presente trabajo donde se pone de manifiesto cómo los sistemas de responsabilidad patrimonial de la Administración y la responsabilidad civil cada vez son más próximos, pues la responsabilidad patrimonial no es más que la responsabilidad civil de la Administración. Para ello se realiza un profundo estudio jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria, en el que se abordan los criterios claves seguidos por los órdenes jurisdiccionales administrativo y civil para proteger al consumidor de los daños causados por el servicio público sanitario, entre otros, por infracción de la lex artis, daño desproporcionado, pérdida de oportunidad, etc. Daños que van a surgir de la asistencia sanitaria prestada de manera deficiente, ya sea en el ámbito público o privado. También, dada la crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19 se trata de arrojar luz sobre la posible postura de nuestros tribunales al resolver el aluvión de reclamaciones por los daños consecuencia de la pandemia, o mejor dicho de las medidas adoptadas para hacerle frente o la ausencia de estas. Habida cuenta del importante daño que las inmisiones acústicas pueden causar a la salud, se incluyen en el trabajo varios capítulos sobre las mismas, analizando los mecanismos que en sede de responsabilidad ofrecen las vías administrativa y civil. Se compara la tutela ofrecida por ambas y se analizan daños cuyo origen es diverso, pues en materia de responsabilidad acústica, a diferencia de lo que sucede en sede de responsabilidad sanitaria en sentido estricto, el daño no surge siempre de la actividad desarrolla por la Administración, sino que también puede tener su origen en la conducta llevaba a cabo por un particular. No obstante, el interés se centrará en la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos, preferente municipales, por daños a la salud provocados por la contaminación acústica.

Aranzadi - Monografías

Responsabilidad por daños a la salud

La revisión de oficio, la revocación y la rectificación de errores de actos administrativos son potestades públicas que permiten enervar el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, así como el de irrevocabilidad de los actos favorables a los interesados. En su aplicación se confrontan principios y valores tan esenciales como los de legalidad y seguridad jurídica, quedan cuestionadas reglas aparentemente absolutas como la de la imprescriptibilidad de la nulidad de pleno Derecho y se ponen en juego conceptos tan abstractos como la equidad y la buena fe. La Ley 39/2015 (y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público) han introducido algunas novedades en el régimen de la revisión de oficio, pero no han resuelto los interrogantes que su incompleta o inadecuada regulación ha venido planteando. El análisis de las disposiciones legales y de la jurisprudencia se realiza desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, poniendo especial énfasis en las garantías que debe respetar la Administración y prestando una especial atención a las solicitudes de los interesados para la revisión, revocación y rectificación de actos, proponiendo la corrección de algunas prácticas administrativas y judiciales perniciosas que distorsionan el fundamento de dichas acciones. El enfoque centrado en el ciudadano y la metodología utilizada -examen crítico de la regulación con apoyo en una exhaustiva jurisprudencia y bibliografía- hace que el libro tenga un indudable valor para los operadores jurídicos, puesto que facilita el hallazgo de soluciones a la rica problemática que suscita el ejercicio de la revisión, la revocación y la rectificación de las actuaciones administrativas.

Revisión, revocación y rectificación de actos administrativos

La aproximación a la corrupción en la contratación no debe dirigirse hacia una reglamentación exhaustiva y objetivadora de la actividad contractual, pues una normativización extensiva hacia la objetivación presenta importantes limitaciones, tales como: (1) fracaso en el control de la corrupción debido a la imposibilidad de prever normativamente todas las complejas relaciones entre los diferentes fenómenos cercanos (fraude, corrupción, y conflicto de interés), así como al carácter opaco y escurridizo de las prácticas corruptas; y/o (2) la generación de un sistema burocratizado, carente de toda flexibilidad y agilidad, que puede obstaculizar la actividad eficiente de los órganos contratantes. La regulación del conflicto de intereses se configura, en base a todo lo expuesto, como un aspecto especialmente idóneo hacia la creación de un sistema de integridad "no restrictivo" y que respete la discrecionalidad en la contratación pública europea. La normativa europea lleva a cabo una normativización del conflicto de interés que, lejos de representar una cuestión aislada, moldea y condiciona toda la estrategia anticorrupción, exigiendo una sutil juego de contrapesos para el correcto funcionamiento del sistema que descansa sobre una correcta asignación de responsabilidades.

Aranzadi - Estudios

Hacia la configuración de una estrategia eficiente de integridad en la contratación pública (papel +

La iniciativa ciudadana vinculada al referéndum es la facultad atribuida a un número de ciudadanos o a un porcentaje de ellos para instar la celebración de un referéndum sobre una cuestión política de interés general o sobre un texto normativo, remitiendo al cuerpo electoral la decisión sobre su oportunidad, su aprobación o su abrogación normativa. Este tipo de iniciativa fue ideada por Condorcet e incorporada a la Constitución francesa de 1793, pero cayó en el olvido hasta que tiempo después fue recuperada en Suiza y, bajo el empuje del movimiento progresista, en varios estados de los EEUU. Y, a partir de su experiencia, se fue extendiendo en el derecho comparado, especialmente en los últimos años, al punto de integrar hoy el acervo constitucional de un buen número de democracias que la regulan y practican en diversos niveles de gobierno. En este libro se estudia la regulación de las diversas modalidades de iniciativa ciudadana vinculada al referéndum y se valora la funcionalidad de impulso o contrapeso que pueden desempeñar en las democracias representativas. Los autores analizan la iniciativa popular de referéndum sobre reformas constitucionales (constitutucional initiative), la iniciativa propositiva de referéndum sobre leyes (legislative initiative), las iniciativas de referéndums sobre decisiones de transcendencia nacional (agenda initiative), de ratificación referendaria de leyes y de abrogación de leyes en vigor (abrogative initiative) y también la iniciativa de revocación de mandatos (recall initiative) en su vertiente individual y colectiva. En cada una de estas modalidades se abordan los principales aspectos de su formalización jurídica: la determinación del número de ciudadanos legitimados, la selección de las materias susceptibles de iniciativa (o de los mandatos objeto de recall), el control de su admisibilidad, su procedimiento de ejercicio y la determinación de sus consecuencias jurídico-políticas. De lo que cabe extraer lecciones con vistas a la posible incorporación de alguna de las modalidades de esta iniciativa ciudadana al ordenamiento constitucional español y para su correcta regulación en los ámbitos autonómicos donde, como en Cataluña, Andalucía, Islas Baleares y Canarias, la iniciativa ha sido prevista para instar la celebración de consultas populares no referendarias.

La iniciativa ciudadana vinculada al referéndum

Como consecuencia de la crisis económica, que también ha alcanzado al deporte profesional, los clubes y entidades deportivas están planteando medidas laborales que hasta relativamente hace poco tiempo eran impensables, como por ejemplo, la rebaja de los salarios acordados con los deportistas profesionales o las extinciones contractuales por motivos económicos. Este libro ofrece un análisis de conjunto de los instrumentos de reestructuración de las plantillas laborales en las entidades deportivas, agrupados en torno a la flexibilidad interna (movilidad funcional, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, modificación de los convenios colectivos y suspensiones contractuales y reducciones de jornada) y a la flexibilidad externa (extinción de los contratos de trabajo por razones económicas). Además incorpora el examen de las reclamaciones de cantidad y de las garantías del salario de los deportistas profesionales, así como de la extinción de los contratos de trabajo deportivo por impago de los salarios.

Ediciones Civitas S.a / Aranzadi

Crisis económica y deporte profesional

Tras los treinta y un años del nombramiento del primer Defensor del Pueblo y los casi treinta del nombramiento del primer Comisionado Parlamentario Autonómico, parece oportuno, a la vista del bagaje que estas instituciones han dispensado ya a nuestra realidad institucional, hacer balance de su significado y funcionalidad, en suma, profundizar en el análisis de su régimen jurídico, sus competencias, su funcionamiento y la oportunidad o no de su existencia. Este estudio se asienta en las recientes reformas estatutarias, en el cambio de modelo de prestación de servicios anteriormente calificados como públicos y hoy prestados por privados, con o sin título administrativo habilitante, en la complejidad del actual entramado administrativo derivado de la expansión de sociedades, fundaciones y organismos públicos que amplían o desfiguran el concepto de Administración pública supervisada, en las reformas, parciales o totales, de las leyes reguladoras de los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, y en definitiva, en la propia transformación de la sociedad y del modelo de Estado que exige la evolución y la necesaria adaptabilidad de estas instituciones comisionadas de los Parlamentos para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

Thomson Reuters Aranzadi

La tutela parlamentaria de la buena administración - perspectiva estatal y autonómica de los comisio

Se trata de un trabajo científico de gran transversalidad, en que, junto con la interdisciplinariedad de los autores, se ha buscado también la solidez científica, especialmente importante en un tema como el que tratamos. Por ello, se ha procurado reunir a quienes, por conocer a fondo la materia, pueden abordarla con el rigor que requiere. El propósito de este libro, en definitiva, consiste en identificar algunas de las cuestiones jurídicas más relevantes que la temática de la salud trae de la mano, en el marco de los derechos de la personalidad y los derechos fundamentales. En los siguientes apartados procuraré esbozar, muy brevemente, algunas ideas nacidas al calor de la investigación realizada por los autores de esta obra.

La salud y los derechos de la persona

En esta obra se abordan algunas de las principales cuestiones que afectan al desarrollo de las relaciones electrónicas entre la Administración y el obligado tributario. Se examina la regulación de este tema en la Ley General Tributaria, el derecho a relacionarse por vía electrónica con la Administración y la relación electrónica obligatoria con la Administración. También se abordan las sedes y los registros electrónicos, la protección de datos de carácter personal en el ámbito tributario, las principales actuaciones de información y asistencia llevadas a cabo por Internet y las declaraciones tributarias telemáticas. Asimismo, se estudian las notificaciones tributarias electrónicas, la facturación electrónica, el Suministro Inmediato de Información y la presentación telemática de recursos en el ámbito tributario. Finaliza esta obra con un último apartado dedicado al big data y la inteligencia artificial en la Administración tributaria.

La administración electrónica en el ámbito tributario

El modelo de proceso penal actual en España trata de conjugar el respeto a los derechos básicos de la persona por parte de los órganos que intervienen en la represión de los delitos y, en concreto, el de algunos derechos fundamentales de contenido procesal. En este marco, son muchas las medidas limitativas de derechos fundamentales, y a ellas se dedica el estudio de este libro, especialmente a las tecnológicas. Pero la visión no es la meramente doctrinal, sino la práctica, tras la revisión y estudio de la jurisprudencia vertida para la correcta interpretación de las normas emanadas en los últimos tiempos. Los profesionales encontrarán en esta obra los mimbres con los que defender más satisfactoriamente los derechos de los ciudadanos, especialmente los que se hallan incursos en un proceso penal.

Medidas limitativas de derechos fundamentales en especial

La triple justiciabilidad de las reformas constitucionales

Tecnologías disruptivas

Es conocido que el Derecho Constitucional constituye la fuente primera a la que se tiene que sujetar el Derecho Penitenciario en orden a la determinación de restricciones de derechos fundamentales para situaciones de privación de libertad. En este contexto, también es conveniente disponer de una descripción actualizada de los límites de actuación del Estado y de la Administración penitenciaria pero referida, en particular, a la eficacia y protección del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y a no sufrir tortura y tratos inhumanos y degradantes del artículo 15 de la Constitución española de 1978. Luego, este análisis, aparte de su tratamiento en España, también debe incluir el estudio de la protección regional e internacional, dado que, por vía especialmente del artículo 10.2 de la Constitución, se posibilita al sujeto buscar la protección de dichos derechos, más allá de los medios nacionales ante la jurisdicción ordinaria y ante la jurisdicción constitucional, ante otras instancias y foros de protección transnacional. En forma aproximativa, este trabajo tiene ese objetivo: hacer un análisis de los medios de garantía del derecho a la integridad personal del detenido y el recluso en esos tres niveles. No se trata, por tanto, de un análisis de todos los derechos que se reconocen al recluso, sino solamente de derechos básicos del recluso especialmente relacionados con la noción de dignidad de la persona.

Protección constitucional de la integridad personal del detenido y recluso

Como ya advirtiera Maurice HAURIOU, el Derecho Administrativo es un constante e inestable equilibrio en movimiento entre los intereses generales y los intereses particulares, entre las prerrogativas de la Administración y las garantías de los ciudadanos. Un claro ejemplo de ello se encuentra en la figura de los "los límites de la potestad de revisión", en la que ese eterno conflicto entre intereses está representado por la tensión existente entre dos principios tan esenciales como el de legalidad y el de seguridad jurídica. De otro lado, este tema encierra en sí mismo la lucha contra la injusticia de la que hablara IHERING, por cuanto el fin de los citados límites no es otro que una aplicación equitativa de la potestad de revisión, una búsqueda de la justicia en el caso concreto. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta figura, la misma no cuenta con una regulación clara y precisa, a diferencia de otros sistemas como el francés y el alemán -expuestos aquí a modo ilustrativo-, ni tampoco existe unanimidad entre la doctrina, la jurisprudencia ni los órganos consultivos, a la hora de afrontar las dudas que surgen en torno a la misma. Las cuales son analizadas en este estudio con la finalidad principal de proponer soluciones al respecto y conocer en profundidad esta figura. Valga mencionar las dificultades a la hora de diferenciar la revisión y la revocación, el eterno debate en torno a los efectos ex tunc o ex nunc de la anulación de un acto, el papel de la buena fe, el ámbito de aplicación del art. 110 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quién y cuándo ha de apreciar la concurrencia de estos límites o si los mismos solo pueden frenar la potestad de revisión o también modular sus efectos. Y es que los límites a la potestad de revisión se erigen en una figura muy importante del Derecho Administrativo, dado que sirven no solo para comprender el propio funcionamiento de esta disciplina, sino del ordenamiento jurídico en general, puesto que se trata, nada más y nada menos, que de las reglas de aplicación y eficacia de las propias normas jurídicas y cómo las mismas, contenidas en el Código Civil, hallan reflejo en el Derecho Administrativo.

Los límites a la potestad de revisión

Bastantes partidos politicos españoles con presencia institucional han utilizado ya el voto por internet para seleccionar sus candidatos, renovar sus direcciones o consultar estrategias políticas a la militancia y/o a simpatizantes. Se trata además de un fenómeno reciente, cuya consolidación se logra a partir de 2014, y contrasta con la prohibición del voto electrónico en elecciones parlamentarias o municipales. La investigación que sustenta el libro ha permitido identificar la mayoría de casos de uso de voto por internet en partidos políticos españoles y recabar los detalles de su implantación a nivel normativo, técnico y politológico. Todo ello se plasma en un análisis de las garantías que ofrecen estos mecanismos de decisión en el marco del sistema electoral utilizado por cada formación y a la luz de los standards internacionales en la materia, singularmente la Recomendación 2007(5) del Consejo de Europa. El análisis de complementa con estudios de caso de ciertos partidos españoles (Podemos, Ciudadanos, CUP, ERC), contribuciones procedentes de Estonia y Canadá o la visión de algunos proveedores privados en este campo (nVotes, Scytl). No se olvida tampoco el marco teórico necesario para entender cómo la digitalización de los partidos políticos incide en el proceso de representación política, a la sazón la tarea primordial de estos actores. El trabajo realizado ha contado con la ayuda de los proyectos DEMOC2017 (Generalitat de Catalunya) y DER2015-68706-P (Gobierno de España).

La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico (papel + e-book)

La participación política es una cuestión crucial para el futuro de nuestras democracias. El grito de «no nos representan», que se hizo común durante las movilizaciones del 15-M, en 2011, expresa de manera elocuente tanto el déficit representativo que se achaca a nuestras instituciones democráticas como el interés de un sector de la ciudadanía por participar de forma directa en la toma de decisiones sobre asuntos de interés público. La participación directa no es, sin embargo, una vía exenta de problemas. Como ponen de manifiesto los referendos sobre la Constitución europea o sobre el Brexit, entre otros, algunos de sus instrumentos pueden servir para canalizar un difuso malestar democrático que se manifiesta en decisiones de rechazo, pero que no son aptas para construir alternativas en positivo. El presente libro aborda, desde del campo del Derecho y de la Ciencia Política, las cuestiones más acuciantes relativas a la crisis de la democracia representativa y las demandas sociales de participación, haciendo especial hincapié en las oportunidades y los riesgos que se derivan de las nuevas tecnologías. Constituye la culminación del trabajo de un grupo de investigadoras e investigadores de varias Universidades, españolas y extranjeras, que ha desarrollado un proyecto de investigación sobre democracia y participación política financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por la Unión Europea, mediante Fondos FEDER. Su ambición es ofrecer una mirada interdisciplinar y comparada a las carencias democráticas de nuestros sistemas representativos y analizar posibles vías para avanzar hacia mayores cotas de participación ciudadana.

La participación ciudadana como pilar del estado democrático. (papel + e-book)

El bioderecho es el ámbito del derecho que regula la aplicación al ser humano de las posibilidades que ofrece la medicina y la biotecnología y que contiene los principios y normas jurídicas sobre el nacimiento, el desarrollo y el fin de la vida humana. Esta obra aborda la interpretación constitucional de los bioderechos teniendo en cuenta el canon tradicional de interpretación, su compleja apertura internacional y el margen de apreciación de los Estados. Analiza la doctrina académica y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la dignidad humana y el derecho a la vida, abordando las principales cuestiones que suscitan hoy en día los bioderechos como el estatuto jurídico del embrión, el diagnóstico preimplantacional, la investigación con embriones y la clonación. Esta obra estudia el itinerario jurídico del aborto en Alemania, donde se ha producido un diálogo entre el legislador y el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Finalmente analiza las implicaciones constitucionales de la eutanasia y la Ley alemana, de 3 de diciembre de 2015, de punibilidad de la promoción recurrente del suicidio y su compleja interpretación. El libro plantea los bioderechos como un límite a la biopolítica -al ejercicio del poder sobre la vida humana- y a la tecnología biomédica para garantizar la protección de la dignidad humana.

Los bioderechos y la interpretación constitucional a la luz de la dogmática alemana

Análisis detallado de la reciente institucionalidad ambiental chilena y sus tribunales ambientales. Examinar la estructura de estos tribunales comparándolos con sistemas internacionales y desglosa temas clave como las medidas cautelares y los procedimientos relacionados, especialmente los cuestionamientos doctrinarios y desafíos prácticos en la aplicación de la ley ambiental chilena. La obra es un aporte significativo a la comprensión de cómo se manejan los conflictos ambientales en Chile y es un referente para futuras publicaciones en derecho ambiental.

Los tribunales ambientales chilenos

El presente libro constituye una amplia recopilación, temáticamente sistematizada, de las contribuciones del autor sobre "Jurisprudencia constitucional" a la obra anual colectiva Observatorio de Políticas Ambientales, dirigida por el Prof. López Ramón, desde su primera edición en 2006 hasta la de 2017. El libro se estructura en dos grandes partes y 19 capítulos, a lo largo de los cuales se analizan los principales temas, sustantivos y competenciales, abordados por la doctrina constitucional: derecho fundamental versus principio rector, fiscalidad ambiental autonómica, medidas cautelares, leyes singulares con relevancia ambiental; aguas, costas y medio marino, montes y protección de la biodiversidad, energía y medio ambiente, evaluación de impacto ambiental, concurrencia de competencias sobre el mismo espacio físico, etc. Todos los capítulos van precedidos de una introducción general y acompañados de notas de actualización y apuntes bibliográficos. Se ha añadido igualmente, al comienzo de la segunda parte, un capítulo de actualización de las tendencias más recientes de la jurisprudencia constitucional en el terreno competencial.

Aranzadi - Grandes Tratados

Jurisprudencia constitucional y medio ambiente

Trastorno mental y comportamiento violento son realidades que con bastante frecuencia aparecen vinculadas en las modernas sociedades democráticas. Pese al poco fundamento científico que en la mayoría de los casos hay detrás de tal asociación, es habitual y antigua la tendencia a buscar en el trastorno mental lato sensu una explicación al comportamiento violento, especialmente cuando la violencia aparece en su versión más desproporcionada y cruel. Esta tendencia ha terminado por fraguar en una premisa falsa pero socialmente aceptada, según la cual el enfermo mental tiene, por el mero hecho de serlo, propensión al comportamiento violento. La identificación entre trastorno mental y delincuente violento constituye hoy un estereotipo ampliamente aceptado, que genera importantes consecuencias negativas, centradas fundamentalmente en la estigmatización y discriminación de los enfermos mentales. Cuando parece que, en el contexto de la "sociedad del riesgo", el sistema de justicia penal transita desde un modelo garantista hacia un modelo de autoprotección, defensivo y de seguridad, tiene sentido preguntarse por el tratamiento actual y futuro de la potencial peligrosidad de determinados estados de los trastornos mentales, porque dicho tratamiento será un buen termómetro para valorar el punto en el que, en este ámbito, debe situarse el equilibrio entre las garantías jurídicas, la prevención y la función público-asistencial al enfermo mental.

Peligrosidad social predelictual y trastorno mental (papel + e-book)

La institución jurídica de ôla motivaciónö tiene como finalidad la justificación (plena, cierta, coherente y congruente) de las razones en el ejercicio de todas las actuaciones del Poder ejecutivo y la Administración, siendo un requisito ineludible para su legitimación ante los ciudadanos (art. 1.2 CE). Su efectiva implantación constituye la exigencia del cambio de mentalidad en su relación con los ciudadanos.La ômotivaciónö constituye el elemento central en el control interno y en las diversas técnicas de control judicial de la regulaciónormativa y de los actos administrativos en su cumplimiento de la ley y del Derecho, de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad yo discriminación, interés público, transparencia, proporcionalidad, libertad de empresa y prestación de servicios, responsabilidad, etc.Dirigida a jueces, abogados, cargos, funcionarios e investigadores, la presente obra desarrolla un pormenorizado análisis doctrinal y de la jurisprudencia totalmente actualizada sobre suaturaleza jurídica, su exigencia constitucional, sus funciones, su contenido material y los estrictos requisitos establecidos en las materias más relevantes para los ciudadanos que se van analizando, así como las consecuencias de su incumplimiento y su directa relación con la arbitrariedad, planteando las cuestiones pendientes en su regulación legal y control efectivo para conseguir su cotidiana implantación y aplicación.Esta obra completa el catálogo de Editorial Aranzadi.

Estudios sobre los derechos de las personas sordas (2012)

Europeización del derecho público

Estrategia lean (2018)

Estudios sobre arbitraje de consumo (2011)

Responsabilidad por daños a la salud (2021)

Revisión, revocación y rectificación de actos administrativos (2018)

Hacia la configuración de una estrategia eficiente de integridad en la contratación pública (papel + (2020)

La iniciativa ciudadana vinculada al referéndum (2023)

Crisis económica y deporte profesional (2014)

La tutela parlamentaria de la buena administración - perspectiva estatal y autonómica de los comisio (2013)

La salud y los derechos de la persona (2022)

La administración electrónica en el ámbito tributario

Medidas limitativas de derechos fundamentales en especial

La triple justiciabilidad de las reformas constitucionales (2019)

Tecnologías disruptivas (2019)

Protección constitucional de la integridad personal del detenido y recluso (2019)

Los límites a la potestad de revisión (2019)

La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico (papel + e-book) (2019)

La participación ciudadana como pilar del estado democrático. (papel + e-book) (2019)

Los bioderechos y la interpretación constitucional a la luz de la dogmática alemana (2019)

Los tribunales ambientales chilenos (2024)

Jurisprudencia constitucional y medio ambiente (2017)

Peligrosidad social predelictual y trastorno mental (papel + e-book) (2017)

La motivación de las actuaciones de la administración (2024)