Descripción
La presente obra aborda la importancia de la autoprotección jurídica que cada persona puede llevar a cabo, para garantizar su propia autonomía y dignidad futuras, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la discapacidad. Este trabajo examina cómo el derecho civil español, autonónico y catalán en particular proporcionan mecanismos legales para que las personas tomen decisiones anticipadas sobre su futuro, analizando los negocios jurídicos unilaterales en general, como en particular el documento de voluntades anticipadas, los poderes preventivos y las previsiones sobre el patrimonio digital. Este libro explora también el papel de la autocuratela y la designación de asistente en Cataluña, y cómo estos instrumentos legales permiten a las personas con discapacidad mantener su voluntad en el futuro. La obra resalta la reforma legal de 2021, que cambió la visión de la discapacidad en el ordenamiento jurídico español, eliminando la incapacitación como figura legal y promoviendo medidas de apoyo que respeten los deseos y la autonomía de las personas afectadas. Finalmente, se analizan los patrimonios protegidos como una herramienta clave para salvaguardar los intereses patrimoniales de las personas con discapacidad.Ricardo de la Rosa Fernández es licenciado y doctor en derecho por la Universidad de Barcelona, abogado en ejercicio desde 1995 y profesor asociado de Derecho civil en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene el título de máster en Derecho de Familia (Universidad de Barcelona), de Máster en Agentes de Igualdad (Universidad Cardenal Herrera) y de posgrado en Derecho Civil Catalán (Universidad de Barcelona) y Mediación (Universidad Rey Juan Carlos). Ha dedicado su carrera profesional a la defensa de los derechos de la persona y al ejercicio del derecho civil y de familia. Ha impartido clases de Derecho civil en los estudios de grado en derecho, en la Universidad Autónoma de Barcelona y también en el Máster de Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona, desde hace más de diez años. Preside la Comisión para la Igualdad de Derechos de los Nuevos Modelos de Familia, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Fue condecorado por el Ministerio de Justicia en 2006, con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, por su labor profesional en defensa de los derechos humanos.
