Es conocido que el Derecho Constitucional constituye la fuente primera a la que se tiene que sujetar el Derecho Penitenciario en orden a la determinación de restricciones de derechos fundamentales para situaciones de privación de libertad. En este contexto, también es conveniente disponer de una descripción actualizada de los límites de actuación del Estado y de la Administración penitenciaria pero referida, en particular, a la eficacia y protección del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y a no sufrir tortura y tratos inhumanos y degradantes del artículo 15 de la Constitución española de 1978. Luego, este análisis, aparte de su tratamiento en España, también debe incluir el estudio de la protección regional e internacional, dado que, por vía especialmente del artículo 10.2 de la Constitución, se posibilita al sujeto buscar la protección de dichos derechos, más allá de los medios nacionales ante la jurisdicción ordinaria y ante la jurisdicción constitucional, ante otras instancias y foros de protección transnacional. En forma aproximativa, este trabajo tiene ese objetivo: hacer un análisis de los medios de garantía del derecho a la integridad personal del detenido y el recluso en esos tres niveles. No se trata, por tanto, de un análisis de todos los derechos que se reconocen al recluso, sino solamente de derechos básicos del recluso especialmente relacionados con la noción de dignidad de la persona.

Tapa blanda

Español

Aranzadi

Aranzadi - Monografías

Protección constitucional de la integridad personal del detenido y recluso

La dignidad de la persona es una noción que se ha ido afianzando a lo largo del devenir histórico1. La recepción en la CE de 1978 de la dignidad de la persona es un resultado muy perfeccionado de la forma tradicional de comprensión de dicha noción a lo largo de la historia, pues aun cuando su acogida por el constituyente encierra ya un logro normativo excepcional, sobre todo en orden a su difícil reversibilidad2, éste se puede observar como el producto de un largo proceso de consolidación determinado por la intermitente permeabilidad del legislador ante un constante esfuerzo intelectual filosófico que se inicia muchísimo tiempo atrás. Se percibe así históricamente y en primer lugar como un mero reconocimiento de cierta dignidad individual limitada a unos pocos, gradualmente se expande a más, para finalmente generalizarse a todos como una noción considerablemente más amplia y vinculada al disfrute de los derechos fundamentales3. Tal amplificación se observa pues en dos direcciones, en cuanto a contenido de su significado y en cuanto a titularidad, como una progresión que ha ido de menos a más, desde una dignidad individual «condicional » a una dignidad de la persona comprendida en generalà

Protección constitucional de la integridad personal del detenido y recluso (2019)

La dignidad de la persona. (2010)