La LEC de 2000 incluyó una serie de preceptos destinados a hacer realidad la acción colectiva en nuestro ordenamiento. La aplicación práctica de estas normas ha evidenciado la necesidad de concretar algunos extremos, y ha conducido a cuestionar la propia eficacia de la acción colectiva como mecanismo dirigido a evitar la proliferación de procesos en serie. En esta obra se realiza un análisis de la jurisprudencia que ha aplicado esas normas con el fin de comprobar los problemas con los que ha tropezado esa regulación y proponer soluciones para la futura reforma de esta materia. Tras unas aclaraciones conceptuales previas, el estudio de la práctica judicial cotidiana sirve de guía para abordar temas como el de la preparación de los procesos civiles que se inician con el ejercicio de una acción colectiva, a través de diligencias preliminares y de medidas de aseguramiento de la prueba; el problema que plantea en la práctica la intervención masiva de consumidores en procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios, introduciendo una complejidad procedimental que no se ve compensada con la satisfacción del derecho del consumidor; se abordan también algunas cuestiones que suscita la actividad probatoria en este tipo de procesos, y el espinoso tema de los efectos que debe producir la sentencia dictada en un proceso colectivo respecto de consumidores que no han intervenido en ese proceso

Tapa blanda

Español

Aranzadi

Aranzadi - Monografías

Hacia la reconstrucción de la acción colectiva

La presente obra analiza una de las posiciones en las que puede encontrarse el sujeto sometido al proceso penal y que constituye el punto de partida para el despliegue del haz de derechos y garantías que corresponden a ese sujeto convertido en parte. Una condición, la de imputado, explotada en los últimos tiempos por los medios de comunicación y cuya vistosidad contrasta con el carácter secreto que nuestra actual legislación exige para la fase de instrucción. En la obra se describen, en primer lugar, las razones que provocaron el nacimiento de esta institución en nuestro proceso penal, a saber: la traslación a la fase de instrucción de los principios de contradicción e igualdad y la aparición de nuevos procesos en los que no existía imputación formal. Se realiza, en segundo lugar, un análisis del modo en que la imputación aparece regulada en los distintos procedimientos, destacando la distinción entre la previa imputación judicial (art. 118 LECrim) y la imputación formal específica de cada procedimiento (arts. 384, 779.1.4º, 798.2.1 LECrim). Se realiza, en fin, una construcción general de la categoría procesal del imputado, estableciendo los presupuestos necesarios para atribuir tal condición y los efectos vinculados a la misma (en esencia, el derecho de defensa); se enfatiza en la exigencia de que dicha condición dependa siempre de un acto judicial -y no de la mera atribución de responsabilidad efectuada por otro sujeto en denuncia o en querella, en su declaración como testigo o como imputado-; se diferencia la posición de imputado de la de otros posibles estadios previos a la misma (sospechoso o investigado por la Policía o el Fiscal) y se apuntan los límites que esta posición preprocesal encuentra. La obra constituye un referente imprescindible en el proceso penal. Desde el punto de vista científico, se sientan las bases para la delimitación de esta categoría jurídica con otras que pueden darse en el proceso penal (sospechoso, acusado, testigo); desde el punto de vista práctico y del profesional, se contiene en ella el análisis de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y la adecuación o no de las mismas en atención a la actual regulación.

El imputado en el proceso penal

Exposición sistemática del proceso civil español, útil para los universitarios y también para los profesionales del Derecho. Tras una introducción -que incluye el arbitraje y la mediación-, se examina el proceso de declaración, con el estudio de las partes (en el que se consideran los cambios derivados de la Ley 8/2021, de 2 de junio), jurisdicción y competencia, objeto del proceso, principales actos del mismo (alegaciones de actor y demandado, prueba, sentencia y otros actos de terminación), sistema de recursos, cosa juzgada, y la adecuación y desarrollo de los dos procedimientos comunes. Al tratamiento del proceso de ejecución y de la tutela judicial cautelar, sigue el de los procesos especiales (entre otros, los que tienen por objeto resolver sobre las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica) y una síntesis del proceso concursal. Actualizada hasta las disposiciones publicadas en el BOE de 1 de julio de 2022.

Hacia la reconstrucción de la acción colectiva (2020)

El imputado en el proceso penal (2013)

(22).Derecho procesal civil (2022)