Laásalud mental conforma un pilar fundamental en el bienestar de las personas, las sociedades y naciones por lo que, en su dimensión negativa, la falta de ella obliga a dotar los recursos necesarios para su protección y cuidado otorgándole la misma importancia que a la salud física. La pandemia por COVID-19 ha provocado un aumento exponencial de la hospitalización en los centros psiquiátricos por problemas graves de salud mental. Este horizonte ha evidenciado la urgencia en atenderla adecuadamente, pues es previsible que las consecuencias de dicha pandemia nos acompañen en los próximos años. Dentro de este contexto, los ingresos involuntarios civiles han recobrado un interés indudable en la actualidad y no solo por lo expuesto anteriormente. Han suscitado desde antiguo una problemática jurídica de la que hacemos un breve repaso, que se ha puesto de manifiesto con más intensidad, si cabe, desde la reforma acometida en nuestro ordenamiento con la Ley 8/2021, de 2 de junio en materia de discapacidad y la implantación del nuevo modelo de apoyos que ha dejado intacto el artículo 763 LEC. Pese a las voces que propugnan la eliminación de esta medida por ser contraria a la privación de la libertad personal, proponemos argumentos para considerarla una necesaria y excepcional forma de protección de las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o trastorno degenerativo asociado a su edad, entre otros supuestos, siempre que no estén en condiciones de decidirlo por sí. Desde este planteamiento, este trabajo procura buscar un equilibrio entre el derecho a la libertad personal y los ingresos involuntarios civiles ante el nuevo paradigma de los derechos humanos en materia de discapacidad, con un riguroso estudio del referido artículo desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial. Ello ha permitido determinar los aspectos que deben ser objeto de revisión por el legislador para realizar los ajustes razonables desde el punto de vista sustantivo y procesal, poniendo el acento en el aspecto relativo a las garantías jurídicas, pues es ahí donde el Derecho está llamado a dar respuestas adecuadas. Es deseable avanzar hacia la salvaguardia efectiva de los derechos fundamentales de las personas que puedan necesitar esta medida de protección, así como sentar las bases de una propuesta de regulación en el futuro y los principios que deben inspirarla, extremos, todos ellos, que también merecen nuestra atención en este trabajo. . La autora, Amelia Sánchez Gómez, es Profesora Contratada Doctora (Acreditada a Titular) en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en el Derecho de la persona y de la familia, Responsabilidad civil, Sistemas de pago electrónico, Derecho de Consumo o Derechos Fundamentales, ámbitos en los que se enmarca su participación en Proyectos I+D+I, tres monografías, numerosos artículos publicados en reconocidas revistas científicas, capítulos en libros colectivos y aportaciones a Congresos y Jornadas nacionales e internacionales. Entre sus trabajos más recientes destacan los realizados sobre el Derecho de Discapacidad, entre los que se encuentra esta publicación.

Tapa blanda

Español

Editorial Reus S.a.

Reus

Derecho Español Contemporáneo

Ingresos involuntarios civiles

La presente obra procura clarificar el alcance que ha tenido la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejer¡cicio de su capacidad jurídica sobre el Derecho de Daños, en concreto, cuando quien la padece los causa a terceros. Es verdad que el citado sector del Derecho ha estado marcado en su concepción clásica por principios inspirados en el modelo médico-asistencialista, por la existencia de estig¡mas y prejuicios sociales y por equiparar discapacidad con inimputabilidad e irresponsabilidad. . El reto que se presenta es superar ese planteamiento inicial y facilitar que en la proclamación de principios como el de la autonomía individual o la participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, el reconocimiento de su responsabilidad tenga un encaje coherente procurando un equilibrio entre los intereses de los dos sujetos presentes, los de la víctima y los de la persona causante del daño que presenta dicha condición. A tal fin, la autora se adentra en el estudio de las dos claves sobre las que pivota la reforma. La primera, que viene determinada por la consagración expresa de la responsabilidad civil por hecho propio de la per¡sona con discapacidad en el artículo 299 Código Civil, y la segunda, por la acotación del ámbito de aplicación de la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno en el artículo 1903, apartado cuarto, del mismo cuerpo legal. Al efecto se realiza en primer lugar un estudio de la imputabilidad como requisito del sistema de responsabilidad subjetiva en nuestro Derecho antes de la reforma respecto de los ?incapaces?, así como de los argumentos doctrinales que se venían sosteniendo a favor de su responsabilidad. Con este telón de fondo, la autora analiza las inter¡pretaciones doctrinales del nuevo artículo 299 CC a fin de determinar si la imputabilidad como requisito del sistema de responsabilidad subjetiva ha desaparecido o no tras la reforma, aspecto en que la doctrina ha focalizado su atención, obviando que la cuestión de la imputabilidad como requisito de la responsabilidad es un problema distinto al de la responsabilidad de las personas con discapacidad. Por su parte, la concepción restringida de la responsabilidad por hecho ajeno de los curadores con facultades de representación plena, obliga a formular algunas reflexiones sobre el efecto no deseado al que se puede llegar con la nueva regulación, en el sentido de que las víctimas de los daños causados por las personas con discapacidad pueden verse perjudicadas en la consecución del principio de reparación del daño.

Ingresos involuntarios civiles (2022)

Responsabilidad civil extracontractual de las personas con D (2023)