Si la pretensión del actor es amparable según Derecho pero con fundamento en razones jurídicas no alegadas en el escrito de demanda, ¿ puede el juez dictar sentencia estimatoria fundada en dichas razones jurídicas?; o lo que es igual: si el letrado de la parte demandada, tras haber desplegado una cuidadosa estrategia defensiva, ve cómo se dicta sentencia condenatoria con base en consideraciones jurídicas que no fueron alegadas por el actor, ¿puede impugnar con éxito la sentencia?. Estas preguntas, que inquietan y causan buen número de quebraderos de cabeza a los profesionales histórico de la máxima iura novit curia. El tratamiento de la cuestión en el derecho comparado. El estado de la cuestión en derecho español. Posición personal sobre la cuestión. Una propuesta de lege ferenda para ampliar las facultades del juzgador en cuanto a la calificación jurídica de la demanda.

Tapa blanda

Español

Marcial Pons(Derecho)

Marcial Pons

Estudios Jurídicos

Iura novit curia

El Derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de lo relativo a la función jurisdiccional o, por expresarlo de un modo muy general, al funcionamiento y actuación de los tribunales de justicia. Las explicaciones que integran esta obra se estructuran en torno a tres nociones básicas, que aparecen inescindiblemente entrelazadas. La jurisdicción como potestad del Estado a través de la cual se realiza o actúa el Derecho en el caso concreto; la acción como derecho fundamental de los ciudadanos a la protección judicial de sus derechos; y el proceso como instrumento, exclusivo y excluyente, a través del cual actúan los tribunales para proteger los derechos de los ciudadanos. Más en concreto, la obra se ocupa del estatuto jurídico de los jueces y magistrados, de la organización de los tribunales españoles y del poder judicial, de las garantías constitucionales de los justiciables, de los principios y características generales del proceso judicial y de la regulación de los actos procesales, sin descuidar una panorámica general sobre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que van ganando un creciente protagonismo social. El objetivo del autor es, en definitiva, proporcionar una visión general, al mismo tiempo sintética y rigurosa, del fenómeno judicial en su globalidad, útil para quien curse la asignatura de «Introducción al Derecho procesal» en una facultad de Derecho, así como para todo aquel que desee conocer cómo funcionan los tribunales, qué derechos asisten a los ciudadanos ante la Administración de Justicia o, simplemente, se propongan adquirir unos conocimientos básicos y sólidos sobre el proceso judicial, cuestiones, todas ellas, de permanente actualidad e interés.La presente edición actualiza la anterior, a consecuencia de las importantes reformas legislativas que han afectado a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, por citar solo las más significativas. Se recogen asimismo relevantes pronunciamientos jurisprudenciales españoles y europeos recaídos desde la última edición.

Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales, S.a.

Manuales Universitarios

Introducción al derecho procesal

El art. 24.2 CE consagra el derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, al que se hace referencia frecuentemente como «derecho a no autoinculparse» o a «no incriminarse», el «derecho al silencio», el derecho a no ser testigo en causa propia, o incluso un sedicente «derecho a mentir» en juicio etc. Los diferentes matices y aspectos del derecho pueden compendiarse en la expresión «derecho a no incriminarse». Por lo que concierne al fundamento de dicho derecho o conjunto de derechos y a la significación, alcance y contenido de los mismos, el desconcierto, la falta de acuerdo y la disparidad de opiniones resultan de muy considerable magnitud. No sólo entre las grandes culturas jurídicas (el Common Law y el Civil Law, señaladamente), sino incluso dentro de cada una de ellas. El denominador común a todas las formulaciones, direcciones o facetas del derecho es determinar si y hasta qué punto pueden los ciudadanos involucrados como acusados o imputados en un procedimiento sancionador rehusar su cooperación activa en la consecución de elementos probatorios que pueden acarrearles una condena. Por sólo referir alguno de las aspectos más acuciantes del tema, discutible y discutida es, por ejemplo, la cuestión de si la negativa a prestar dicha cooperación puede, en absoluto, desencadenar consecuencias desfavorables o perjudiciales para la persona afectada, bien porque dicha negativa le acarree la imposición de sanciones; o porque pueda ser en términos probatorios valorada por el órgano sancionador como un elemento para desvirtuar la presunción de inocencia y sustentar su condena. Considerables quebraderos de cabeza ocasiona también la cuestión de si cabe conminar a quien está sujeto a un procedimiento administrativo de investigación en materia tributaria a que suministre informaciones o aporte documentos que posteriormente podrían conducir a probar su responsabilidad penal ante un órgano judicial.  El modo en que se estructura el trabajo es el siguiente. En primer lugar se llevará a cabo un estudio de carácter histórico centrado en el ámbito los Derechos inglés y norteamericano. La razón de introducir este estudio así como de dedicarle una considerable amplitud radica en que es en dichas culturas jurídicas donde por primera vez se ha plasmado legislativa o jurisprudencialmente de modo expreso el derecho que nos ocupa (en el caso de la 5ª Enmienda de la Constitución norteamericana con rango constitucional) y donde ha recibido un tratamiento doctrinal más extenso. También se estudia la cuestión en el ordenamiento jurídico alemán, como exponente de la tradición jurídica continental europea. A continuación he llevado a cabo un análisis de la jurisprudencia sobre el derecho a no incriminarse. En primer lugar han sido objeto de estudio los escasos pronunciamientos al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, posteriormente la extensa y rica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en esta materia y finalmente, la de los Tribunales Constitucional y Supremo español. Hecho lo cual, ya en una tercera parte del trabajo, he dividido la materia en una serie de apartados en los cuales he analizado el estado de la cuestión en la doctrina y en la jurisprudencia española tomando posición personal sobre los diferentes problemas y cuestiones que plantea el complejo derecho a no incriminarse.

Civitas

Monografías

El derecho a no incriminarse (papel + e-book)

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar a los demandados con la carga de acreditar que no han causado la discriminación afirmada por el actor. El presente trabajo analiza dicha cuestión probatoria en tres fases. En primer lugar, se da cuenta de la jurisprudencia desarrollada por los tribunales norteamericanos en materia de distribución de la carga de la prueba, principal fuente de inspiración de la legislación europea en la materia. Seguidamente, la atención se centra en el estudio de los preceptos probatorios contenidos en las directivas antidiscriminatorias europeas. Y, finalmente, se acomete el análisis de la profusa legislación española en la materia y se formulan una serie de consideraciones conclusivas.  La presente obra es la primera monografía sobre Derecho español en la que se trata de modo extenso sobre la carga de la prueba en materia de discriminación entre particulares fuera del ámbito laboral, sin descuidar el análisis de las disposiciones en la materia contenidas en el reciente Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato.

Monografías Jurídicas

Discriminación y carga de la prueba en el proceso civil

Existe un consenso universal en prohibir el control judicial sobre el fondo del laudo, excepto en lo relativo al orden público. En la presente obra se analiza detalladamente dicha prohibición y se estudia la viabilidad jurídica y la conveniencia de instaurar una "segunda instancia arbitral" o incluso, lege ferenda, una segunda instancia judicial de carácter facultativo. Posteriormente se examinan las dos causas que permiten la anulación del laudo por motivos relativos al fondo: la falta de arbitrabilidad y la vulneración del orden público. Este último aspecto es objeto de una especial atención, tanto desde el punto de vista jurisprudencial como desde la perspectiva de ofrecer pautas para clarificar tan compleja noción. También es objeto de atención la distinción entre la falta de arbitrabilidad y el carácter indisponible o imperativo de las normas aplicables al fondo, aspecto en el que la jurisprudencia incurre a veces en contradicciones. En la obra también se analiza hasta qué punto cabe un control judicial en lo relativo a la motivación del laudo, a la falta de aplicación de las presunciones legales, a la infracción de normas relativas a la valoración legal de los documentos públicos y a la violación de derechos fundamentales en la obtención y práctica de la prueba. Finalmente se analiza la aplicabilidad en el arbitraje de las normas legales relativas a la distribución de la carga de la prueba y los términos de la congruencia arbitral en cuanto a la fundamentación jurídica del laudo.

El control judicial sobre el fondo del laudo

En la presente obra se abordan algunas de las profundas transformaciones que Internet y la IA han operado en el ámbito probatorio. Se analiza, concretamente, cómo su irrupción y generalización han hecho surgir nuevos problemas e interrogantes relacionados con el conocimiento privado del juez. Internet ha expandido y colectivizado las posibilidades de acceso al conocimiento humano de un modo extraordinario y ha provocado la necesidad de un replanteamiento o adecuación en profundidad del concepto y tratamiento tradicional de la notoriedad, institución que, según se defiende en la obra, permite el uso procesal de ciertas informaciones publicadas en la Red como medio para fijar hechos sin necesidad de practicar prueba. En la obra se defiende, sin embargo, que no cabe aplicar el instituto de la notoriedad a los resultados producidos por la IA, cuya introducción en el proceso debe llevarse a cabo mediante los medios probatorios previstos en la legislación procesal.Tras analizar las transformaciones que el fenómeno de Internet ha acarreado en relación con la notoriedad, se pasa a tratar otra cuestión, apenas estudiada en la doctrina española, como es el tratamiento procesal de los así llamados «hechos normativos», que desempeñan un papel trascendental en la creación jurisprudencial del Derecho y respecto de los cuales los juzgadores pueden realizar cualesquiera indagaciones privadas con el objeto de fundamentar sus pronunciamientos. También en este aspecto Internet y la IA han provocado un cambio radical respecto de la situación anterior y han vuelto a poner en el centro del debate científico problemas y retos en torno al conocimiento privado del juez.Se trata, en definitiva, de dos cuestiones en parte diversas, ya que la notoriedad pertenece a la esfera del juicio fáctico, mientras que la cuestión de los hechos normativos cae dentro del juicio propiamente jurídico, pero que tienen en común la transformación radical que Internet y la IA han propiciado en lo que se refiere a la utilización del conocimiento privado del juez en el ámbito procesal.

El Conocimiento Privado Del Juez En La Era De Internet Y De La Inteligencia Artificial

El Derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de lo relativo a la función jurisdiccional o, por expresarlo de un modo muy general, al funcionamiento y actuación de los tribunales de justicia.Las explicaciones que integran esta obra se estructuran en torno a tres nociones básicas, que aparecen inescindiblemente entrelazadas. La jurisdicción como potestad del Estado a través de la cual se realiza o actúa el Derecho en el caso concreto; la acción como derecho fundamental de los ciudadanos a la protección judicial de sus derechos; y el proceso como instrumento, exclusivo y excluyente, a través del cual actúan los tribunales para proteger los derechos de los ciudadanos.Más en concreto, la obra se ocupa del estatuto jurídico de los jueces y magistrados, de la organización de los tribunales españoles y del Poder Judicial, de las garantías constitucionales de los justiciables, de los principios y características generales del proceso judicial y de la regulación de los actos procesales, sin descuidar una panorámica general sobre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que van ganando un creciente protagonismo social.El objetivo del autor es, en definitiva, proporcionar una visión general, al mismo tiempo sintética y rigurosa, del fenómeno judicial en su globalidad, útil para quien curse la asignatura de «Introducción al Derecho Procesal» en una facultad de Derecho, así como para todo aquel que desee conocer cómo funcionan los tribunales, qué derechos asisten a los ciudadanos ante la Administración de Justicia o, simplemente, se propongan adquirir unos conocimientos básicos y sólidos sobre el proceso judicial, cuestiones, todas ellas, de permanente actualidad e interés.La presente edición incluye las reformas legislativas más importantes en materia procesal de los últimos tiempos, reformas que, por citar solo las más significativas, han afectado profundamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial; la promulgación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa; la extensa reforma procesal que ha modificado profundamente la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo por el Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Esta norma ha propiciado un profundo avance en la digitalización de la justicia, impulsando la tramitación telemática de los procesos judiciales, la realización de los actos procesales en forma electrónica, el expediente judicial electrónico, etc., aspectos que están provocando una verdadera revolución en el funcionamiento de la justicia española; y, finalmente, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, entre otros aspectos, ha transformado radicalmente la organización judicial española y ha convertido a los, así llamados, medios adecuados de solución de controversias (MASC) o métodos de resolución extrajudicial de conflictos, en condición de procedibilidad en el proceso civil. Por último, en la nueva edición se recogen, asimismo, relevantes pronunciamientos jurisprudenciales españoles y europeos recaídos desde la anterior edición en diferentes ámbitos.

Iura novit curia (2007)

Introducción al derecho procesal (2019)

El derecho a no incriminarse (papel + e-book) (2015)

Discriminación y carga de la prueba en el proceso civil (2011)

El control judicial sobre el fondo del laudo

El Conocimiento Privado Del Juez En La Era De Internet Y De La Inteligencia Artificial (2026)

Introduccion Al Derecho Procesal (2026)