Tapa blanda

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Aranzadi

Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales, S.a.

La protección jurídica del patrimonio de las Administraciones Públicas cobra una especial importancia cuando se trata de los bienes de las Administraciones locales, por ser éstas las entidades públicas territoriales con menos recursos y, sin embargo, las más cercanas a los ciudadanos. Resulta esencial la garantía de las posesiones y las propiedades públicas frente a las usurpaciones y los expolios ocasionados por los particulares, la protección que ofrece así la principal potestad atribuida a la Administración local para la defensa de su patrimonio: la llamada recuperación de oficio, también denominada reintegro posesorio o interdicto administrativo. La actual normativa reguladora de esta prerrogativa administrativa es absolutamente insuficiente y deficiente. Tanto la regulación de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, como la del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, ofrecen escasa calidad técnica; y tampoco resultan aceptables las sucintas regulaciones reglamentarias autonómicas de los bienes locales que han sido también objeto de la obra. El análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial que se ha realizado en este estudio lo confirma, demandando una urgente revisión del marco normativo vigente. La obra pretende contribuir a esta reforma delimitando la recuperación posesoria de otras potestades administrativas protectoras del patrimonio público como son el deslinde o la autodefensa posesoria, esclareciendo el objeto y el sujeto principal presente en esta institución administrativa, diseccionando el procedimiento administrativo requerido para el ejercicio de la potestad y, sobre todo, utilizando la doctrina civilista en la exposición de los dos elementos institucionales más confusamente tratados en el Derecho administrativo: la finalidad y la causa de la recuperación de oficio.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Y Sociales, S.a.

Marcial Pons

Monografías Jurídicas

La recuperación posesoria de los bienes de las entidades locales

Diariamente, los ciudadanos presentan denuncias ante las Administraciones públicas. Y ¿qué sucede? La denuncia administrativa: ¿qué es? ¿por qué existe? ¿para qué se presenta? ¿cómo se formula? ¿quién es el denunciante? ¿y el denunciado? ¿qué hechos son denunciables? ¿qué debe hacer la Administración ante la denuncia recibida? ¿qué derechos y deberes tienen unos y otros sujetos? Preguntas debidas que reclaman respuestas. El Derecho Administrativo no contiene aún una regulación adecuada de la denuncia administrativa, con la excepción de la denuncia formulada ante la Administración tributaria o ante la Administración laboral, por ofrecer una regulación reglamentaria específica ya consolidada. Es cierto que la Ley 39/2015 introduce mejoras en la escasa regulación administrativa general entonces vigente, pero, considerando la normativa sectorial existente, la jurisprudencia emitida y la doctrina científica, continúa siendo insuficiente, como se constata en esta obra.

Aranzadi - Monografías

La denuncia administrativa

El mercado colaborativo se ha manifestado a través de distintos tipos de empresarios y consumidores/usuarios; especialmente, a través del empleo de plataformas digitales ha introducido en el mercado bienes o servicios, alterando las relaciones jurídicas de los sujetos tradicionales (empresario, productor, mediador, consumidor). Empresas como Cabify, Uber, Airbnb, Blablacar, y otras son ejemplos notorios de esta "evolución" del mercado y del consumo. Esta obra colectiva pretende ser un minitratado del Derecho del consumo colaborativo, hasta ahora inexistente en el mercado editorial jurídico. Su parte general y su parte especial, su pluridisciplinariedad jurídica, hacen una obra singular y de futura referencia para la apasionante evolución jurídica que se avecina en las próximas décadas

Régimen jurídico del consumo colaborativo (papel + e-book)

La actual ôrealidad constitucionalö no es un auténtico Estado democrático, sino un Estado de partidos políticos. La democracia representativa no es una democracia parlamentaria, sino una democracia ôde Partidosö. El régimen político es la Partidocracia, un régimen con importante déficit democrático, dominado por una oligarquía: la oligarquía de los partidos. Los partidos del régimen dominan el Poder Legislativo, el Ejecutivo y la dirección de las Administraciones públicas, así como la generalidad de las instituciones constitucionales, salvo la monárquica y la judicial pese a ejercerse una cierta mediatización o condicionalidad política. La oligarquía de los partidos impone sus candidatos sin observar el principio constitucional de ôbuen gobiernoö, principio que demanda gobernantes y legisladores elegidos también por sus méritos y capacidades para legislar y gobernar. El ordenamiento jurídico vigente lo crean los Partidos políticos que ocupan el Parlamento y el Gobierno. Se explica así que no establezca un régimen de aptitud legislativa y gubernativa, unas condiciones adecuadas de capacidad y de honorabilidad pública del legislador y del gobernante. Sin ellas no habrá ôbuenos gobernantesö, y sin buenos gobernantes nunca habrá ôbuen gobiernoö.

La recuperación posesoria de los bienes de las entidades locales

La denuncia administrativa (2019)

Régimen jurídico del consumo colaborativo (papel + e-book) (2019)

Quo vadis democracia? (papel + e-book) (2020)