España

En materia de teoría general de derechos fundamentales en la Constitución Española, a diferencia de lo que sucede en la doctrina constitucional alemana, la categoría de los derechos de defensa (Abwehrrechte) no ha tenido un excesivo éxito ni una utilización generalizada en nuestra doctrina y jurisprudencia. Nuestra doctrina e incluso la jurisprudencia ha preferido mantener la distinción de carácter material entre derechos de libertad y derechos sociales, antes de optar por descripciones de carácter prescriptivo como la planteada entre derechos de defensa y derechos de prescripción. Los derechos de defensa se estructuran en torno a un contenido prescriptivo y una dependencia normativa interrelacionados con unos conceptos jurídicos clave como son la libertad, el individuo, el fenómeno asociativo, las cualidades personales o la posición jurídica. Cada derecho fundamental es susceptible de ser caracterizado de forma independiente, autónoma y separada, pero las categorías jurídicas que los interrelaciona con los derechos de defensa son precisamente el contenido prescriptivo y su diferente dependencia normativa.Juan Carlos Gavara de Cara. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Director de Centre d'Estudis de Drets Humans ? UAB (https://cedh.uab.cat).

Tapa blanda

Español

J.m. Bosch Editor

Derechos fundamentales como derechos de defensa reconstrucc

En este trabajo se han analizado las razones que abundan a que el Estado debe ser neutral políticamente y que son numerosas, ya que se estructura una sociedad política pluralista, cuyo reconocimiento como principio y valor constitucional tiene como consecuencia la garantía de la igualdad en el ejercicio de los derechos de libertad, incluidos los de carácter político, que deben posibilitar que no se perjudique la competencia política, proteger los derechos de los participantes en la misma, garantizar la libertad en el proceso de formación de la voluntad política y de la opinión pública, asegurar la protección de los intereses generales e impedir la utilización de los recursos públicos por la autoridad pública para fines partidistas.Juan Carlos Gavara de Cara. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.Josu de Miguel Bárcena. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria

La neutralidad en el estado constitucional

En esta obra se ha partido de una idea esencial, que es posible deducir la existencia y el reconocimiento de un principio de neutralidad en la actividad pública en general en la Constitución Española a pesar de que expresamente no se reconoce. Frente a esta problemática se ha tratado de averiguar el alcance de su uso implícito, deducido de otros preceptos constitucionales, y la utilización realizada del principio de neutralidad por el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. La exigencia de no beneficiar, ni perjudicar a ninguna opción política en la actividad pública, entroncaría directamente con la garantía del pluralismo político, que exigiría una separación de la actividad institucional y pública y de la acción partidista, de forma que la actividad de los poderes públicos debe ser tolerante con todas las opciones políticas o ideológicas, debiéndose evitar que la acción partidista inunde la actividad institucional que debe permanecer en el ámbito de la neutralidad política entendido como un deber de lealtad constitucional.Juan Carlos Gavara de Cara. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El principio de neutralidad en la constitucion española

El presente trabajo se ha centrado en el análisis del control judicial y los parámetros utilizados por la jurisprudencia para resolver las colisiones entre derechos en materia de medios de comunicación, tanto desde una perspectiva comparada como del propio ordenamiento jurídico interno. Los actuales sistemas de control de los medios de comunicación tienden a confluir, con interconexiones entre los diferentes mecanismos de ejercicio del control, que se pueden caracterizar como actividades de autorregulación, corregulación y de regulación. La actividad de ponderación judicial tiende a objetivizar los comportamientos, de forma que se puede decir que configuran parámetros que funcionan como normas y que recaen sobre la responsabilidad de los medios para determinar la importancia del objeto o contenido de la información o el cumplimiento de un código ético de carácter profesional. La importancia creciente de los medios de comunicación audiovisual implicará que se extienda los parámetros combinados de control a los otros medios de comunicación como la prensa escrita, que deberá adoptar criterios de autorregulación, corregulación y de regulación similares a los utilizados en la Ley General de Comunicación Audiovisual y compatibles entre sí.

J. M. Bosch Editor

El control judicial de los medios de comunicación

La realidad del sistema universitario español es compleja, con todo la discusión pública se centra en el tema del Gobierno de la Universidad como principal eje en el que van a converger los problemas y las soluciones. No obstante, tras las numerosas reformas y cambios normativos se puede fácilmente comprobar que no se han alcanzado los resultados pretendidos, las prácticas no han sido adecuadas y los problemas permanecen sin que se prevea una solución a corto plazo. Este trabajo trata de fijar las cuestiones relativas al Gobierno de la Universidad, tanto las actuales como las futuras, tratadas en nuestro contexto, analizando las propuestas de reforma, así como la situación en los principales Estados a nivel comparado para tratar de determinar unas conclusiones aplicables en nuestro sistema. Los recorridos y reglas que se siguen en todos los sistemas suelen ser similares, ya que el Gobierno de la Universidad puede ser más profesionalizador o externo a la Comunidad Universitaria, o más participativo e interno a dicha Comunidad si se opta por adoptar una perspectiva más académica. Entre los dos extremos se sitúan muchas vías intermedias, pero la complejidad que encierran las actuales Universidades, sus sistemas de gobierno, la rendición de cuentas no perfectamente estructurada, posibilitan que no hayan soluciones globales estructuradoras y funcionales para los Estados de nuestro contexto y para todos los sistemas universitarios. En este sentido, las reformas del Gobierno de las Universidades no deben adoptar perspectivas coyunturales, sino materiales, de fondo y pensadas para desarrollar su funcionalidad a largo plazo.

El gobierno de la universidad.

La autonomía universitaria es académica, científica, organizativa, financiera, contable para articular unas Universidades dotadas de personalidad jurídica con su propio ordenamiento constituido por los Estatutos y sus reglamentos y protocolos de actuación. El Estatuto de la Universidad constituye la manifestación más importante de la autonomía universitaria, ya que se regula la propia organización y actividad y son objeto de deliberación por el claustro universitario formado por componentes de los diversos grupos que constituyen la comunidad universitaria, convirtiéndose en la fuente primaria de la autonomía normativa de cada Universidad. En el presente trabajo se ha analizado el recorrido jurisprudencial y comparado de este instituto para determinar las posibilidades actuales de su interpretación. En nuestro caso, la autonomía universitaria seguramente se ha convertido en un mito, una adoración que ha permitido su concreción como un derecho fundamental, con un amplio contenido hipotético, pero con pocas concreciones, limitando su titularidad a un sujeto colectivo, la comunidad universitaria, sin recorrido para los integrantes de dicha comunidad, pero que sufren los posibles excesos teóricos de un reconocimiento constitucional sin un contenido preciso y específico.

La autonomia universitaria. Un reconocimiento constitucional entre la aplicacion practica y la configuracion

En este trabajo colectivo se analiza la necesidad y el alcance de un principio de neutralidad en el constitucionalismo, es decir, los ámbitos en los que se impide adoptar decisiones o realizar actividad que favorezca determinadas y concretas posiciones ideológicas u opciones políticas, es decir, actividad de tendencia en ámbitos regidos por la idea de interés general o público. La mayoría de las Constituciones se limitan a reconocer el principio de neutralidad como un principio de carácter implícito, por lo que se hace necesario determinar cuáles son las ideas o los principios constitucionales que permiten derivar e integrar su contenido prescriptivo.La crisis de la democracia y el uso partidista de las instituciones implica que sean necesarios límites a movimientos y fuerzas políticas que proyectan una visión ideológica hegemónica en la sociedad. Las respuestas constitucionales y desde la Unión Europea y la defensa de sus valores no constituyen tan solo un parámetro que hay que respetar para formar parte de los Tratados y permanecer en la Unión, sino que son también la esencia misma del principio de neutralidad.

Derechos fundamentales como derechos de defensa reconstrucc (2022)

La neutralidad en el estado constitucional (2023)

El principio de neutralidad en la constitucion española (2023)

El control judicial de los medios de comunicación (2015)

El gobierno de la universidad. (2018)

La autonomia universitaria. Un reconocimiento constitucional entre la aplicacion practica y la configuracion (2018)

Poder constitucion y neutralidad (2023)

Protección de la autonomía universitaria y defensa de las co (2024)