A principios del siglo xix, dominaba el paradigma político-jurídico de la Escuela iusnaturalista: el Estado sirve nada más que para proteger a individuos libres e iguales a través del Derecho objetivo; impone límites a la libertad para preservar la libertad de los demás, de modo que la obligación de uno es siempre el derecho de otro. El Derecho administrativo empezó a desarrollarse durante la segunda mitad del siglo xix, justo cuando las ideas de sociedad y autoridad estaban desplazando las de individuo y libertad como fundamento del Estado, del Derecho objetivo y del derecho subjetivo. Dio lugar a un nuevo concepto, el «interés legítimo», entendido como trasunto del interés general que rivaliza con el multisecular derecho subjetivo: frente al incumplimiento lesivo de la obligación impuesta a la potestad, el ciudadano no disponía de un derecho correlativo ni, por tanto, de protección judicial plena; tenía un simple «interés» que no merecía protección judicial (Alemania) o que, todo lo más, activaba una justicia administrativa y asimétrica destinada a proteger el Derecho objetivo (Francia) o una nueva posición subjetiva de segunda categoría (Italia).  Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa está asistiendo a la revalorización del derecho subjetivo con la consiguiente protección judicial plena frente al incumplimiento lesivo de cualquier norma jurídico-administrativa. La ficción está siendo decisiva en esta evolución: los juristas se apoyan en ella para hacer realidad la cultura de los derechos dentro del marco conceptual autoritario heredado del pasado. Ello ha dado lugar a que sistemas jurídicos que proporcionan ya grados equiparables de protección judicial dispongan todavía hoy de teorías aparentemente muy diversas sobre las situaciones activas del administrado. La investigación trata de demostrar esta hipótesis, adoptándola como punto de partida de un intento de renovación de la teoría de los derechos del Derecho administrativo español.

Tapa blanda

Español

Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales, S.a.

Marcial Pons

Administración Pública y Derecho

Libertad y autoridad en el derecho administrativo

Con frecuencia el juzgador que tiene entre manos una reclamación de responsabilidad civil o patrimonial no sabe si hubo verdaderamente conexión causal entre el daño producido y el hecho enjuiciado. La regla de la responsabilidad proporcional distribuye en estos casos el peso de la incertidumbre entre las dos partes implicadas: la víctima obtiene una indemnización parcial acomodada a la probabilidad de que hubiera dejado de padecer el daño de no haber mediado el hecho ilícito o, lo que es lo mismo, el agente responde en proporción a la probabilidad causal. Esta regla viene desarrollándose bajo diferentes etiquetas (responsabilidad por causa "sospechada", cuota de mercado o pérdida de oportunidad). El fundamento normativo de la responsabilidad proporcional es, sencillamente, las previsiones legales que la han tipificado como solución a la incertidumbre casual. Su aplicación a otros casos se justifica en última instancia en la competencia tradicionalmente asignada a los órganos judiciales para crear reglas que atienden a la identidad de valor de las partes mediante técnicas tales como la analogía, la interpretación extensiva o el precedente judicial. La responsabilidad proporcional, en tanto fundada en la igualdad, es virtualmente utilizable para afrontar el problema de la incertidumbre causal en sentido propio en todo el ámbito de la responsabilidad civil o patrimonial, salvo en los casos gobernados por reglas probatorias especiales destinadas a sobreproteger unos intereses en detrimento de otros (p. ej., la responsabilidad medio-ambiental, donde rige el sistema binario del todo o nada fundado en un umbral de certidumbre que permite afirmar la conexión causal de daños ecológicos con facilidad).

Civitas

Monografías

La responsabilidad proporcional como solución a la incertidumbre causal

Desde el siglo xvi, la tendencia a ampliar el ámbito de lo gubernativo fue, en sustancia, la tendencia a reducir los límites jurídicos y procedimentales propios del Estado jurisdiccional medieval o, lo que es lo mismo, a encumbrar un poder monárquico amplio, libre, absoluto. Hasta el final del Antiguo Régimen sobrevivió, sin embargo, la matriz jurisdiccionalista como marco de justificación de (y fuente de límites para) los poderes coercitivos del rey y sus agentes. Habrá que esperar a las revoluciones liberales y a la consecuente desaparición de la sociedad corporativa y de la monarquía tradicional para asistir a la transmutación efectiva de las funciones políticas o gubernativas en la administración pública contemporánea, una autoridad gubernativa que ocupa el vacío resultante de la liquidación de los cuerpos intermedios y que ejerce amplios poderes coercitivos al margen de la tradicional iurisdictio.El siglo xix sublimará lo gubernativo, es decir, ampliará enormemente el espacio reservado al Estado para intervenir libremente en pos del interés general. El llamado Estado liberal era, en realidad, un Estado administrativo diametralmente opuesto al Estado jurisdiccional medieval, que llevaba muy lejos los anuncios del Estado (solo tendencialmente) absoluto del Antiguo Régimen. El Derecho administrativo fue el principal instrumento: una disciplina sin límites de Derecho natural o constitucional que asegura esencialmente, no los derechos del individuo, sino la superioridad de la administración. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, tras la recuperación matizada de los postulados básicos del iusnaturalismo (directamente o a través de una nueva teoría constitucional), el Derecho administrativo se orientará abiertamente hacia las garantías tanto en España como en el conjunto de los ordenamientos europeos.El presente libro desarrolla la historia del Derecho administrativo comprimida en los párrafos anteriores, desmontando o matizando convenciones historiográficas asentadas. Se refiere específicamente al Derecho administrativo español, enmarcándolo dentro del contexto europeo, sin la pretensión de historiar los de otros países. Se trata de una presentación ordenada, que enlaza la evolución histórica de algunas piezas básicas del Derecho administrativo entre sí y con las doctrinas políticas y el contexto social, haciéndose cargo de que es imposible aprehender los orígenes y trasformaciones de esta disciplina jurídica sin historiar al propio tiempo las ideas políticas, la administración y las ciencias administrativas. La obra contribuye así a colmar un importante vacío historiográfico, generado por la ausencia, hasta ahora, de una Historia del Derecho administrativo español, sin perjuicio de una relevante serie de estudios de alcance más acotado o específico elaborados por historiadores, administrativistas y economistas.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Y Sociales, S.a.

Comentarios y Estudios Jurídicos

Historia del derecho administrativo español

Libertad y autoridad en el derecho administrativo

La responsabilidad proporcional como solución a la incertidumbre causal (2018)

Historia del derecho administrativo español (2022)