La acción surge necesariamente como consecuencia de la preexistencia de una relación jurídico-material. La relación jurídico-material, de la que participan dos o más sujetos, está compuesta, por un número indeterminado de acciones, desde una compraventa hasta de su relación? El derecho de acción es el derecho a la Justicia, que se instrumenta, sin por ello agotarse en su seno, a través de derecho al proceso, en tanto, éste último, que derecho subjetivo de naturaleza procesal que aspira a la obtención de sentencias justas, a ser posible de fondo y, en todo caso, motivadas, congruentes y estables. El objeto del proceso viene integrado por la pretensión. La pretensión no es un derecho sino una mera ?petición?, efectuada ante el órgano judicial, ya sea desde el lado activo (pretensiones declarativas, constitutivas y de condena), ya desde el pasivo (pretensión de absolución) con vistas a que ésta responda, por el ?cauce? o ?vía? del proceso, de manera motivada congruente y estable?

Tapa blanda

Español

Editorial Dykinson, S.l.

Dykinson

El binomio procesal. Derecho de acción. Derecho de defensa.

Aborda diversas cuestiones de naturaleza civil, registral, administrativa y mercantil, entre las que cabe destacar, el tratamiento del objeto mediato de la pretensión de impugnación de los acuerdos sociales, el análisis restrictivo de las causas de nulidad, la necesaria revisión legislativa del carácter colegiado de los órganos de administración de nuestras sociedades anónimas y cooperativas, como condición previa de impugnación, la integración del standard "orden público", el estudio del conflicto de intereses, la teoría de los propios actos en materia de nulidad de acuerdos, el fraude de Ley y ejercicio abusivo del Derecho. Las cuestiones de naturaleza procesal, abarcan toda una casuística de múltiples materias problemáticas, a las que ha procurado, desde la experiencia del estudio del derecho comparado, ofrecer adecuada solución.

Editorial Universitaria Ramon Areces

Ramón Areces

El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades anónimas y corporativas

En este trabajo monográfico, se destina un primer capítulo al estudio de la Jurisdicción - única-, con detenido análisis de su concepto, naturaleza, fundamento, extensión y límites, así como del referido, de modo transversal, a todos y cada uno de sus afluentes o modalidades, para concluir con un breve análisis de la competencia. La segunda parte - y acaso, la más relevante, se destina a la disquisición actual entre las dos ramificaciones esenciales de una misma modalidad jurisdiccional - la Jurisdicción civil - con sus variables "voluntaria" y "contenciosa". La tercera parte de este estudio corresponde a la Jurisdicción penal, si bien su enfoque ha quedado muy condicionado por la pandemia, pues la conflictividad derivada de esta modalidad jurisdiccional, pese a no ser la más cuantitativa durante el confinamiento - con la excepción de los ciber-delitos y la violencia de género-, ha sido, sin embargo, en la que más apremiantemente se ha detectado la brecha digital y la urgente necesidad de la reforma, no sólo con una redistribución organizativa y de optimización de recursos, sino - fundamentalmente- con una modificación estructural, global y vertebradora, precisada de inminente reforma. En esta Jurisdicción es, pues, precisamente, dónde se espera, una vez superada la pandemia COVID-19, la gran transformación - y revolución- de nuestros procesos penales. De ahí que dediquemos un breve capítulo a analizar las más relevantes medidas propuestas - entendiendo por tales, fundamentalmente, las que llegan para quedarse - tanto en el plano organizativo y de gestión procesal, como en el plano procedimental. En este capítulo, además, se acometerá un breve análisis de esas zonas de confluencia de modalidades jurisdiccionales, cuya asunción y gestión, lejos de agilizar, simplificar y abaratar nuestra Justicia, contribuyen a ralentizarla, obstaculizarla, dilatarla e, incluso, encarnizarla, como consecuencia de las duplicidades, ocasionalmente triplicidades procedimentales establecidas en nuestra vigente legislación procesal. En la materia de la Jurisdicción contencioso-administrativa más afectada por la crisis sanitaria, recrudecida con otra económica, que es - no cabe duda- la tributaria, y de cuya eficaz persecución, saneamiento y pacificación, ahí dónde hubiere un incumplimiento o un conflicto, depende la reconstrucción de nuestro país, contamos con una legislación excesivamente amplia, cambiante y poco depurada, así como con un procedimiento dual - ante la propia Administración y, tan solo, posteriormente, ante la Jurisdicción - carente de la más elemental dualidad de partes. De ahí que se dedique un capítulo específico, el último, al estudio, en primer término, de esta Jurisdicción, la contencioso-tributaria, con una inicial disertación a propósito de si esta especialidad tributaria debiera o no escindirse de su tronco común, el contencioso-administrativo, para, inmediatamente después acometer un estudio - con propuestas concretas de urgente modificación - sobre el procedimiento contencioso-tributario, desde la primera instancia hasta la novedosa casación por unificación de doctrina. Y a las diversas propuestas estructurales estudiadas en estos dos bloques temáticos, se adiciona un tercer bloque, destinado específicamente a la desjudicialización de algunos conflictos tributarios, merced a su posible derivación a mecanismos intra o extrajudiciales tan diversos como el fomento y potenciación la conformidad, la conciliación, la mediación e, incluso, el arbitraje.

El binomio procesal. Derecho de acción. Derecho de defensa. (2011)

El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades anónimas y corporativas (2003)

Confluencia de la jurisdicción y desjudicialización (2020)