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Aranzadi

Editorial Club Universitario

La reforma operada por la L.O 7/2015, de 21 de julio, en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en particular, en su recurso de casación, supone una verdadera revolución procesal, en la que la admisión pasará a ser una decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo basada en la existencia del denominado «interés casacional objetivo», imponiéndole al recurrente la carga procesal de justificar que en su caso concurre alguna de las causas que lo generaría, sin que la correcta invocación formal de cualquiera de ellas determine la admisión del recurso, pues será en última instancia el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que objetivamente deban dar lugar a una interpretación uniforme. Consecuentemente, ello va a exigir del juzgador una aproximación al recurso en la que ya no se busque únicamente la concurrencia de infracciones normativas, sino la existencia de relevancia casacional lo que, en puridad, supone un cambio de mentalidad de enorme trascendencia, no en vano, se pasa de proteger y reparar, como primera prioridad, los derechos subjetivos de los litigantes a salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico a través de la formación de Jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo, sin menoscabo de la tutela judicial efectiva del recurrente.

Ediciones Civitas S.a / Aranzadi

El nuevo recurso de casación en el orden contencioso-administrativo (papel + e-b

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc de atribución competencial excluyente y exclusiva han podido paliar la cuestión. El objeto de estas páginas es someter a reflexión si en nuestro ordenamiento jurídico-constitucional tiene cabida la universalidad jurisdiccional para el Tribunal Supremo tal y como es concebida para órganos similares en el Derecho Comparado, como instrumento homogenizador de la doctrina casacional y, si fuese así, qué ventajas y qué obstáculos removería tal opción legislativa. Si las costuras de nuestro temo constitucional resisten la universalización material de los órdenes jurisdiccionales en el Tribunal Supremo, debe darse un paso más y sostenerse que cualquier instrumento, mecanismo o sistema jurídico que tenga por objeto la mejora, en su más amplio sentido, de la más alta instancia jurisdiccional de nuestro ordenamiento debe aplicarse desde la exigencia de un presupuesto previo de inexcusable contemplación: depurar rigurosamente el papel constitucional y jurisdiccional del Tribunal Supremo y decidir, con todas sus consecuencias, si se quiere continuar disponiendo de una institución que soporte una litigiosidad inasumible dada su naturaleza de facto de tercera instancia, o bien, se opte por redefinir al Alto Tribunal como un verdadero y genuino tribunal casacional, encargado de la función esencial que el constituyente en el artículo 123 del Texto de 1978 previo para él, que no era otra que unificar la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación de la Leyes como intérprete del ordenamiento jurídico y acrisolador de las posturas doctrinales que lo socavan, eludiendo el mayor peligro al que se enfrenta una Corte Suprema, en general, y el Tribunal Supremo de España, en particular, que no es otro que la expansión incontrolada del mecanismo de la casación.

El nuevo recurso de casación en el orden contencioso-administrativo (papel + e-b (2016)

La heterogeneidad doctrinal en el tribunal supremo (2011)