España

En los últimos años se han producido cambios fundamentales en la movilidad de nuestras ciudades que están transformando el paradigma de los desplazamientos cortos dentro de ellas. El vehículo a motor entendido en su sentido tradicional ya no es el protagonista y ha dado paso a un uso compartido de la vía, donde motocicletas, bicicletas, bicicletas con pedaleo asistido, vehículos de movilidad personal (VMP) y peatones cobran cada día más importancia. No hay duda de que los VMP se han convertido en una opción legítima para mucha gente. Pero, para su encaje definitivo, habrá que validar la seguridad que ofrecen y reordenar las ciudades si se pretende, realmente, conseguir resultados en términos de seguridad vial y sostenibilidad. En este contexto, un número importante de ciudades españolas y del mundo, se encuentran con una regulación de estos nuevos vehículos que muchas veces está por detrás de su expansión y desarrollo, y se enfrentan a otras dificultades como su estacionamiento, compitiendo por la utilización del dominio público con otros usuarios, su aptitud como vehículos para circular o, incluso, cuando se trata de empresas explotadoras de su uso, su incorporación pacífica en la red de transporte discrecional previamente existente en la que un actor fundamental es el taxi. Asimismo, debemos destacar que los Ayuntamientos incurren en gastos por la gestión de la circulación por los espacios públicos, por garantizar la seguridad vial y el fomento de una movilidad sostenible. Por lo que requieren de ingresos suficientes que les permitan satisfacer dichos gastos. Dentro de estos ingresos, las entidades locales, pueden establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. En efecto, se establecen distintas figuras tributarias pertenecientes a los municipios que gravan a otros vehículos, principalmente, vehículos de tracción mecánica. Sin embargo, no existe ninguna disposición que se refiera específicamente a la fiscalidad de los VMP y se aprecian lagunas o espacios dentro del ordenamiento jurídico que requieren, para colmarlos, la utilización de normas similares y la aplicación de técnicas de integración jurídica. También a nivel tributario la controversia que se genera pivota entre fomentar este tipo de movilidad sostenible y escasamente contaminante con el hecho de que se ocupe y use la vía y espacios públicos. A tal dicotomía hemos de añadir una tercera variable y que resulta de la explotación económica de los vehículos de movilidad personal. Este nuevo punto de vista permite dimensionar en toda su complejidad un fenómeno creciente en nuestras ciudades que no se ciñe a la promoción del uso de tales vehículos.Este estudio examina, precisamente, la idoneidad de los instrumentos jurídico-tributarios del ámbito local para obtener ingresos con los que cubrir los costes que implica la ordenación de la circulación urbana afectada por la inclusión de estas nuevas formas de transporte. El libro incorpora los principales resultados alcanzados con el desarrollo del proyecto ?Tributación en el ayuntamiento de Barcelona sobre empresas explotadoras de vehículos de movilidad personal?, financiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que obtuvo el premio Ferrer Eguizábal a mejor proyecto en Derecho Financiero y Tributario 2020. Aunque el proyecto que da origen a esta obra, estuvo pensado, inicialmente, para ser de aplicación en el Ayuntamiento de Barcelona, las líneas de regulación y las propuestas de lege ferenda que aparecen recogidas en ella giran en torno a la tributación de nuevas formas de movilidad caracterizada por los VMP en todo el ámbito local.Dra. Zuley Fernández Caballero es profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Autònoma de Barcelona. Desarrolla su labor docente e investigativa en el ámbito de la tributación, la digitalización, los nómadas digitales y el fomento fiscal de la innovación. Tiene varios artículos y libros publicados sobre dichas materias. Puede consultarse su perfil investigador en https://cvn.fecyt.es/0000-0002-3689-0506.Dr. Miguel Ángel Sánchez Huete es profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Autónoma de Barcelona. Es autor de numerosos artículos y libros sobre la materia. Además de su formación académica y su experiencia profesional como abogado, también es investigador en temas como la economía colaborativa y la discriminación de género en el sistema fiscal.Dr. José Antonio Fernández Amor es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Autònoma de Barcelona. Combina su tarea docente con la investigación en varios temas como la tributación y las nuevas tecnologías, la efectividad de los principios fundamentales del Derecho tributario o la distribución territorial del poder financiero, lo que ha dado lugar a publicar diversos trabajos. Su perfil investigador puede consultarse en https://portalrecerca.uab.cat /en/persons/jose-antonio-fernandez-amor-

Tapa blanda

Español

J.m. Bosch Editor

Ayuntamientos, fiscalidad y transporte:

La Hacienda Pública goza de un derecho de crédito frente al obligado tributario, que se realiza con el ejercicio de la función recaudatoria. Cuando se producen actuaciones evasivas del deudor, no obstante, la Administración tributaria puede recurrir no sólo a la ejecución forzosa de la deuda, sino también a otros mecanismos que incrementan las posibilidades de hacer efectivo el cobro de la misma. Dentro de las medidas que el ordenamiento jurídico configura para asegurar el crédito tributario se encuentran las denominadas garantías tributarias. En este trabajo se examina el régimen jurídico de las garantías del crédito tributario en sentido estricto, esto es, los derechos o facultades concedidos por el ordenamiento tributario a la Hacienda Pública acreedora en virtud de los cuales, en fase recaudatoria, este sujeto activo puede actuar sobre un bien concreto o sobre un patrimonio para aumentar las posibilidades de cobro.  Las garantías tributarias en sentido estricto pueden tener una naturaleza real o personal, siguiendo una clasificación tradicional del derecho tributario. De entre todas las garantías existentes en el ordenamiento jurídico se profundiza en esta monografía en aquéllas cuyo régimen jurídico se localiza en el ordenamiento tributario. En el seno de las garantías reales tributarias, se aborda específicamente el estudio de la hipoteca legal tàcita, el derecho de afección y la hipoteca legal expresa. La normativa tributaria vigente mantiene otras prerrogativas destinadas a asegurar igualmente el cobro del crédito pero que no son garantías reales en sentido estricto: el derecho de prelación general, el derecho de retención, y las medidas cautelares, que también son objeto de atención. Las garantías personales que contempla el ordenamiento tributario y que se analizan en esta monografía, finalmente, son la responsabilidad tributaria (solidaria y subsidiaria), objeto de especial atención dada la importancia de esta institución y la complejidad de su régimen material y formal, y la denominada solidaridad tributaria pasiva (solidaridad de dos o más titulares en la realización del hecho imponible y solidaridad entre los responsables del tributo).

Ayuntamientos, fiscalidad y transporte: (2024)

Las garantías del crédito tributario (2014)