El fenómeno terrorista se aborda desde una cuádruple perspectiva: Desde el denominado espacio global (internet) que ofrece nuevas oportunidades para la comisión de actos terroristas o el reclutamiento de simpatizantes y adeptos. Desde la perspectiva de las centrales de inteligencia, cada día más necesarias, sobre todo en tareas de prevención de ataques terroristas. Desde la perspectiva del papel de las fuerzas armadas y su coordinación con otros Estados a través de la confección de las estrategias como documentos de soft law. El terrorismo ya no es un acto aislado en sí mismo y afrontado como un acto de orden público interno, pues se ha convertido en un acto que afecta a múltiples administraciones y a distintos Estados, lo cual conlleva la necesidad de establecer protocolos de evaluación y de acción comunes y conocidos. Y desde la perspectiva de la coordinación entre los distintos actores que intervienen en la ôluchaö contra el terrorismo: la coordinación como piedra angular de un sistema que garantice su eficacia, su eficiencia y su economía.

Tapa blanda

Español

Aranzadi

Aranzadi - Estudios

La lucha contra el terrorismo en el marco del sistema de seguridad nacional

Aborda el tratamiento de la violencia de género ejercida por menores, a lo largo de sus capítulos, se examinan aspectos clave como las medidas cautelares, la prueba, las medidas sancionadoras-educativas y la aplicación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG). La obra remarca la importancia de programas educativos para prevenir la violencia y promover la igualdad, especialmente en las relaciones de pareja.

Editorial Aranzadi

Proceso penal menores por violencia sexual y de genero

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial. En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de "moneda", es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales.

Aranzadi - Monografías

Blanqueo de capitales y tic

Partiendo de la revisión del estado de la cuestión sobre los medios de comunicación digitales en relación con las víctimas de delitos graves, se presenta un estudio de la imagen proyectada en prensa digital y Twitter sobre las víctimas del terrorismo en España, Francia, Irlanda y Reino Unido. Para ello se aplican técnicas de text analytics sobre grandes colecciones de textos (big data). El análisis automático de grandes colecciones de textos (noticias y tuits) permite la extracción de patrones macroscópicos que facilitan la interpretación de la realidad. En este caso, nos interesa explorar la relación entre la imagen construida y reforzada de las víctimas del terrorismo por los medios digitales desde la teoría del posicionamiento. Ello permitirá señalar implicaciones relevantes respecto del marco jurídico existente. Se concluye advirtiendo una peligrosa polarización en un clima de entornos virtuales descontextualizadores, que refuerzan ese concepto de víctima ideal, según cada comunidad de referencia.

Reflejos de las víctimas en los medios digitales y las redes sociales: Su impacto en el discurso soc

Esta obra, basada en la tesis doctoral del autor, y que fue calificada sobresaliente cum laude, realiza un estudio jurisprudencial de los principales aspectos jurídicos controvertidos de los delitos urbanísticos recogidos en el artículo 319 CP. Como ha señalado el Tribunal Supremo, en el urbanismo se encierra el equilibro de las ciudades y de los núcleos de población, e incorpora el equilibrio físico y psíquico de las personas que viven en ellas. Se analiza el sujeto activo de estos delitos, centrando el estudio en la definición realizada por el Tribunal Supremo de promotor, constructor y técnico director. El objeto material, la consumación, y los demás elementos configuradores del delito se analizan siempre desde supuestos concretos y a la luz de la jurisprudencia reciente. Se abordan cuestiones de gran relevancia como el alcance del concepto no autorizable, y como afectan las modificaciones ulteriores de planeamiento al tipo penal. Además, se analizan otras cuestiones como el tercero de buena fe o la demolición de la obra ilegal.

Delitos urbanísticos

La presente obra supone una aproximación dogmática a la figura del consentimiento desde la óptica del Derecho penal. Mucho se ha escrito, en especial en los últimos años, sobre la incidencia de este instituto en la ciencia penal. Si bien, el interés de la doctrina, los operadores jurídicos y el público general se centra en la efectiva incidencia del consentimiento en las tipologías delictivas en concreto. No obstante, ¿cómo es posible conocer qué es el consentimiento si no se parte de una premisa general? A estos efectos, se propone un recorrido por la naturaleza jurídica del consentimiento penal y los debates dogmáticos sobre su consideración en las teorías diferenciadoras y unitarias, es decir, en su consideración bien como una causa de atipicidad, bien como un consentimiento bifásico, es decir, como una causa de atipicidad o una causa de justificación. Una vez sentada, la muy discutida cuestión de su naturaleza jurídica se procede a analizar los requisitos generales del consentimiento penal: capacidad (natural), recognoscibilidad, revocabilidad y libertad como ausencia de vicios de la voluntad, a la par que incide en la estrecha relación entre el esquivo concepto de bien jurídico protegido (disponible) y el consentimiento penal. Todo ello con la finalidad de sentar las bases dogmáticas de un instituto, largo tiempo denostado, que en la actualidad recobra su natural protagonismo como expresión de la libertad del individuo y su consecuente incidencia en el seno del Derecho penal contemporáneo.

Del consentimiento en el derecho penal

Es conocido que el Derecho Constitucional constituye la fuente primera a la que se tiene que sujetar el Derecho Penitenciario en orden a la determinación de restricciones de derechos fundamentales para situaciones de privación de libertad. En este contexto, también es conveniente disponer de una descripción actualizada de los límites de actuación del Estado y de la Administración penitenciaria pero referida, en particular, a la eficacia y protección del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y a no sufrir tortura y tratos inhumanos y degradantes del artículo 15 de la Constitución española de 1978. Luego, este análisis, aparte de su tratamiento en España, también debe incluir el estudio de la protección regional e internacional, dado que, por vía especialmente del artículo 10.2 de la Constitución, se posibilita al sujeto buscar la protección de dichos derechos, más allá de los medios nacionales ante la jurisdicción ordinaria y ante la jurisdicción constitucional, ante otras instancias y foros de protección transnacional. En forma aproximativa, este trabajo tiene ese objetivo: hacer un análisis de los medios de garantía del derecho a la integridad personal del detenido y el recluso en esos tres niveles. No se trata, por tanto, de un análisis de todos los derechos que se reconocen al recluso, sino solamente de derechos básicos del recluso especialmente relacionados con la noción de dignidad de la persona.

Protección constitucional de la integridad personal del detenido y recluso

Si hay una cuestión controvertida en el ámbito de la violencia de género es la que hace referencia a la dispensa del deber de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta el punto de que es la única cuestión sobre la que no se alcanzó consenso en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su trascendencia es tal que se han propuesto una pluralidad de soluciones en el intento de reducir el número de sentencias absolutorias que la aplicación de esta dispensa produce en los procesos penales seguidos en esta materia. El contenido de esta obra se dirige al estudio de todos los problemas planteados en las distintas fases del procedimiento, así como de las soluciones propuestas a los mismos, en un intento de llegar a una conclusión que permita zanjar el problema.

La dispensa del deber de declarar en violencia de género

El cohecho parlamentario (papel + e-book)

En los últimos años ha aparecido en la realidad jurídica de España una nueva figura derivada de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La adopción por parte de las empresas de planes de prevención de riesgos penales tiene como consecuencia la necesidad de designar a un órgano, colegiado o unipersonal, responsable de la supervisión del sistema de compliance penal. Así nace la figura del compliance officer en el ámbito penal, la cual ha adquirido gran importancia en la actualidad. En esta obra se analizan con profundidad las distintas alternativas en sus funciones, la asunción de un deber de garante y su posible responsabilidad penal por omisión. Para su desarrollo se plantean distintas hipótesis y en función de las opciones propuestas, se ofrecen respuestas a las preguntas que se van formulando, en las que tras su aparente simpleza, se esconde uno de los retos actuales más apasionantes del Derecho penal y de su posterior aplicación práctica en el ámbito jurisprudencial.

La responsabilidad penal del compliance officer (papel + e-book)

La presente obra aborda, con un enfoque eminentemente práctico, pero con firme sustento en la normativa vigente y en jurisprudencia de máxima actualidad, las principales cuestiones jurídicas relativas a la denuncia penal. En el primer capítulo, relativo a los aspectos básicos, se abordan cuestiones tales como la eficacia procesal, las diversas clases, las normas reguladoras y las ayudas públicas. En el segundo capítulo, relativo a la estrategia procesal, se abordan cuestiones tales como la técnica de redacción, la aportación de elementos de prueba, la solicitud de diligencias de investigación o medidas cautelares, la forma, lugar y tiempo de la presentación, las subsiguientes actuaciones -admisión o inadmisión a trámite- y las eventualidades procesales -retirada, ampliación o cruce-. La obra se completa con un extenso apéndice con modelos de las denuncias más frecuentes, en los que se incluyen otrosíes que canalizan variadas peticiones de diligencias de investigación y de medidas cautelares. Este completo abordaje conforma una obra de amplio alcance y extraordinaria utilidad que facilita una incursión exitosa en una materia tan relevante como es el inicio del proceso penal.

La denuncia penal: Aspectos básicos y estrategia procesal

Primer libro de buenas prácticas en español que aborda, desde un enfoque eminentemente práctico, el contenido de todas las directivas sobre garantías procesales de investigados y acusados adoptadas por la Unión Europea en los últimos años. Este trabajo es la respuesta de un grupo de especialistas a la demanda creciente de títulos capaces de combinar el enfoque académico y el práctico a la hora de interpretar y aplicar el derecho de la Unión Europea. La obra está dividida en cinco capítulos, cada uno de ellos dedicado al estudio individualizado de los derechos y garantías procesales regulados por cada uno de estos instrumentos europeos. Esta estructura ofrece al lector una visión panorámica, práctica y exhaustiva del contenido más relevante de tales directivas, exponiendo los principales problemas detectados, y ofreciendo las correspondientes soluciones desde la perspectiva del proceso penal español. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

Garantías procesales de investigados y acusados en procesos penales en la unión europea. Buenas prác

Prueba penal y derecho de defensa en la era digital: Nuevos paradigmas y nuevos retos

Esta obra recoge una serie de estudios sobre la conveniencia de establecer un equilibrio entre las razones de necesidad de pena y los derechos de las personas condenadas. En este sentido, se ha tenido en cuenta la repercusión que las reformas penales de 2015 han tenido sobre esta cuestión. El trabajo se divide en tres partes. En la primera, se realizan una serie de reflexiones de política criminal relacionadas con el objeto de la obra. En la segunda parte, se presentan algunas contribuciones sobre los problemas de necesidad de pena en relación con algunos delitos en particular. Y, en la tercera parte, se recogen diversos trabajos que profundizan en algunos aspectos relativos a la ejecución de las penas y su problemática. Las conclusiones alcanzadas invitan a reflexionar sobre la importancia de trabajar en el diseño de un modelo garantista que permita alcanzar una relación ponderada entre los intereses individuales de las personas condenadas y los intereses públicos en torno al castigo, incluidos en su caso los de las víctimas.

Thomson Reuters Aranzadi

Derechos del condenado y necesidad de pena

Primera edición que sintetiza y extracta las resoluciones judiciales y recientes sobre el juicio oral en el proceso penal. La obra incluye además una selección de doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia; Acuerdos de la Sala II del Tribunal Supremo; Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE; Crónicas de jurisprudencia; preguntas con respuesta; esquemas procesales y formularios. Es una obra práctica que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico o de estudio de la ejecución penal. Es una guía imprescindible para los profesionales del derecho penal.

El juicio oral en el proceso penal (papel + e-book)

El derecho a la vida es algo inherente al hombre y está protegido por los instrumentos jurídicos internacionales más importantes a los que se han adherido la inmensa mayoría de países. Pero para vivir una vida digna ha de existir una libertad que también pertenece al hombre desde el momento en el que nace y hasta que fenece. Vida y libertad, sin embargo, son derechos que pueden ser limitados de forma ilegal y/o legal por el propio hombre en una situación de clara contradicción, cuando no de perversa paradoja. Cuando el hombre comete supuestamente algún ataque grave contra bienes jurídicos dignos de ser protegidos por el Derecho penal, aparece de inmediato la necesidad de que se celebre un juicio con todas las garantías debidas, y con ello, el derecho-deber del Estado al ius puniendi que colisionará cuanto menos con los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías debidas. Pero para que se pueda materializar la justicia es preciso tener al investigado a disposición y sin riesgo de fuga, y por ende, existe la posibilidad de privar al hombre de la libertad de forma provisional hasta que se dicte una sentencia conforme a derecho en un tiempo que puede llegar hasta cuatro años, con una provisionalidad realmente insufrible. Estamos ante una realidad muy incómoda, cuando no peligrosa, pues pueden conculcarse derechos que jamás podrán ser compensados ni por la más generosa de las indemnizaciones en caso de error, y no es lo mismo que un investigado se presente ante la justicia con grilletes y procedente de unos calabozos, a hacerlo en libertad, aunque sea provisional. Ante una realidad tan compleja y necesaria como es la prisión provisional, se impone realizar un análisis sosegado sobre su aplicación y posibles alternativas cuando estamos ya en el siglo XXI en la llamada era digital. ¿Es tan precisa la prisión provisional?, ¿cómo podemos conjugar el derecho a hacer justicia con el derecho a la libertad?, ¿cómo podemos asegurar que un investigado esté libre de forma provisional sin ser un peligro potencial para la sociedad? ¿existen alternativas a la prisión provisional? Se plantean múltiples incógnitas que los juristas nos planteamos porque la sociedad también se lo plantea al albur de los últimos casos de prisión provisional acaecidos en la España de los últimos tiempos, y que han tenido finales muy dispares. La obra que el lector tiene en sus manos es un trabajo multidisciplinar que invita a la reflexión clara y directa sobre la institución siempre polémica de la prisión provisional analizada desde diversos prismas que pretende realizar un análisis, y también aportar luz ante la privación de un derecho que es tan básico para el hombre como lo es el de la libertad.

Presos sin condena

Este libro colectivo presenta los resultados de investigación enmarcados en el Proyecto de Investigación I+D+i de la Universidad de Salamanca ôEl impacto de las tecnologías disruptivas en el derecho procesalö (PIC-2020-03.USAL). Programa de financiación propio USAL de grupos de investigación, modalidad C2, en el que ejerzo la labor de Investigador Principal. En él, podréis encontrar estudios de diferentes personas vinculadas al área de derecho procesal de la Universidad de Salamanca y de colaboradores de la misma, acerca del impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Procesal. Los cambios legislativos deben ir mucho más allá que las leyes de Asimov para afrontar el impacto de las tecnologías disruptivas en el Derecho Procesal. Por ello, debemos reflexionar sobre la posible elaboración de normas jurídicas así como la introducción de cambios legislativos en nuestros diferentes textos normativos. Concebimos así el derecho procesal como sistema de cierre del ordenamiento y derecho de garantías de todo el sistema de justicia, recogiendo lo expuesto en los párrafos anteriores para canalizar los retos y trasladarlos al proceso en sí como resultado. Este planteamiento hace que el libro colectivo que presentamos tenga un enfoque garantista, reflexivo y que aporte un resultado de investigación que sirva para el avance de nuestra materia.

El impacto de las tecnologias disruptivas en el derecho proc

Unidos por el concepto de macrovictimización, en esta polifonía multidisciplinar se destaca el impacto temporal de la violencia en los crímenes internacionales, el terrorismo, los abusos de poder o la victimización sexual en contextos institucionales, así como la victimización secundaria del propio sistema penal.

Macrovictimización, abuso de poder y victimología: Impactos intergeneracionales

La prevaricación de funcionario público constituye uno de los delitos más arraigados en la historia de nuestra legislación penal y guarda una evidente relación con buena parte de los fenómenos de corrupción pública, en la medida en que el objetivo perseguido por quien soborna a la autoridad o funcionario público suele ser la emisión de una resolución arbitraria en un asunto administrativo, lo que provoca graves distorsiones en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, que dejan de ser imparciales para convertirse en el instrumento injustamente favorecedor de unos pocos. Pero los comportamientos prevaricadores pueden obedecer a una diversidad de motivos que no necesariamente son económicos, pues los lazos de amistad o enemistad, las simpatías o antipatías personales, las militancias políticas, las convicciones ideológicas, las creencias religiosas, o simplemente los prejuicios, también pueden hacer que el servidor público pierda, consciente o inconscientemente, su objetividad a la hora de decidir en un asunto de su competencia. Estos otros motivos suscitan especial interés en relación con la prevaricación judicial, ámbito cuya conexión directa con fenómenos de enriquecimiento ilícito resulta mucho menos evidente, al menos en los procesos penales seguidos por este delito que han culminado en sentencia condenatoria en nuestro país. El presente trabajo ofrece una imagen global de la regulación penal actual para hacer frente a esta clase de fenómenos: los delitos de prevaricación (especialmente los contenidos en los artículos 404 y 446 del Código Penal), cuya aplicación se ve condicionada no solo por las recientes reformas legales producidas en otros ámbitos (como el administrativo o el procesal), sino también y muy especialmente por la interpretación que de dichos preceptos está realizando la Jurisprudencia penal de los últimos años.

Los delitos de prevaricación

En los últimos cinco años, el delito de odio es el término jurídico más empleado en la arena pública y, al mismo tiempo, la categoría dogmática más atendida por la doctrina y la jurisprudencia. Cuando esta noción se aplica a los delitos de opinión, el interés se multiplica porque aparece una preocupación que podríamos resumir así: delitos de odio + delitos de expresión = ¿delito de opinión? Por todo ello, nos encontramos ante el momento oportuno para la presentación de este trabajo, máxime si se tiene en cuenta el reciente anuncio del legislador de afrontar una intensa reforma de estos delitos. La obra que tiene el lector en sus manos parte de una idea: el debate sobre los delitos de opinión debe plantearse inicialmente en un nivel previo a las propias figuras delictivas. Un estudio serio de estas cuestiones exige construir una Parte General y una Parte Especial de los delitos de opinión. Y aquí presentamos al lector la Parte General: los delitos de opinión, cuando están orientados a proteger a colectivos que sufren discriminación, responden a un pensamiento de filosofía política, a una tendencia político criminal internacional y europea, y a los marcos constitucionales establecidos por el supremo intérprete de la Constitución. La obra quiere ser un sincero homenaje a la libertad de expresión, pero sin desatender el otro elemento decisivo en este debate: los colectivos históricamente discriminados. Así surge el binomio que inspira a los/as investigadores/as que hemos trabajado en esta obra: la tutela y el reconocimiento de los ôcolectivos vulnerablesö desde el riguroso respeto de la ôlibertad de expresiónö.

Delitos de opinión y libertad de expresión: Un análisis interdisciplinar

El delito de defraudación tributaria regulado en el art. 305 CP (y ahora también su modalidad agravada en el art. 305 bis CP), siempre ha provocado grandes debates interpretativos en su aplicación práctica. De hecho, este debate sigue a día de hoy vigente en la doctrina, en la jurisprudencia, y también en los propios medios de comunicación, los cuales se han hecho eco de los procedimientos penales que se siguen contra personalidades públicas, banqueros, abogados, futbolistas, etcétera, que suponen en definitiva que se produzca un debate social. A pesar de la antigüedad de este delito el debate sigue vivo. Este interés resulta mayor si cabe a la luz de la reforma del Código Penal operada por medio de LO 5/2010, de 22 de junio, que reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, más importante aún, la necesidad de que las sociedades vigilen a sus empleados para que éstos no cometan delitos. Esta obra pretende analizar la problemática que plantean estas dos cuestiones por separado, para luego poder ofrecer una solución acerca de cuál debería ser la estructura de un programa de tax compliance.

Delito fiscal y tax compliance

Examina la responsabilidad penal de las personas jurídicas, explorando sus fundamento en el marco del modelo de imputación del Código Penal Profundiza en el papel de los administradores, los planes de prevención y las investigaciones internas . Incluye la jurisprudencia de referencia del Tribunal Supremo. Con un enfoque práctico y doctrinal, se destacan los efectos del dolo y la culpabilidad en la actividad empresarial, aportando soluciones a los problemas probatorios y de ejecución penal

Tapa dura

La imputación y la defensa de la persona jurídica

La corrupción pública es uno de los temas que más alarman a la sociedad, así los actos de corrupción pueden quebrantar la confianza de la ciudadanía en el correcto funcionamiento de la Administración pública y esa pérdida de la confianza en el sistema puede hacer que se quiebre todo el sistema de valores de un Estado conllevando un grave perjuicio al Estado que lo sufre y a los ciudadanos que requieren de una Administración pública legal. Realmente el fenómeno de la corrupción no es nuevo pero las últimas y novedosas macrocausas que ha sufrido nuestro país en los últimos tiempos han aumentado la preocupación o alarma social sobre un tema tan complejo como es la corrupción. Y por ello en la presente obra se analizan los delitos de cohecho antecedente regulados en los artículos 419 y 420 CP para la corrupción del funcionario y 424 CP para la del particular, que son aquellos casos en los que el funcionario recibe ventaja por la realización de un acto administrativo previamente pactado y para ello hemos partido de un concepto unívoco de corrupción para poder interpretar correctamente los tipos penales y aportar posibles soluciones para estos tipos penales, que son la figura estrella de los delitos de corrupción pública.

Los delitos de cohecho antecedente

Esta obra de naturaleza procesal se dirige, tanto a aquellos operadores jurídicos especializados en materia de violencia sobre la mujer, como a todo aquél que desee iniciarse en la misma desde una doble vertiente teórica y práctica. Contiene un estudio en profundidad de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como de otros órganos especializados en esta clase de violencia y analiza exhaustivamente las competencias penales y civiles de los JVM, con especial incidencia en las cuestiones más problemáticas que se plantean, destacando las soluciones adoptadas por los Tribunales en cada caso. Por otro lado, desarrolla los derechos procesales y extraprocesales de las mujeres víctimas de violencia en cada una de las fases del proceso, así como las vigentes medidas de protección y seguridad de las víctimas, potenciadas por el reciente Estatuto de la Víctima del Delito y examina la intervención del Letrado durante el procedimiento. Finalmente, plantea las cuestiones probatorias más relevantes en estos procesos, como son, entre otras, los problemas derivados de la dispensa prevista en el art. 416 LECr, el valor del testimonio de la víctima como única prueba de cargo, la testifical de referencia, o la prueba indiciaria en los procesos seguidos por violencia de género

La lucha contra el terrorismo en el marco del sistema de seguridad nacional (2021)

Proceso penal menores por violencia sexual y de genero (2025)

Blanqueo de capitales y tic (2019)

Reflejos de las víctimas en los medios digitales y las redes sociales: Su impacto en el discurso soc (2019)

Delitos urbanísticos (2019)

Del consentimiento en el derecho penal (2025)

Protección constitucional de la integridad personal del detenido y recluso (2019)

La dispensa del deber de declarar en violencia de género (2019)

El cohecho parlamentario (papel + e-book) (2019)

La responsabilidad penal del compliance officer (papel + e-book) (2019)

La denuncia penal: Aspectos básicos y estrategia procesal (2019)

Garantías procesales de investigados y acusados en procesos penales en la unión europea. Buenas prác (2020)

Prueba penal y derecho de defensa en la era digital: Nuevos paradigmas y nuevos retos (2024)

Derechos del condenado y necesidad de pena (2018)

El juicio oral en el proceso penal (papel + e-book) (2018)

Presos sin condena (2021)

El impacto de las tecnologias disruptivas en el derecho proc (2022)

Macrovictimización, abuso de poder y victimología: Impactos intergeneracionales (2021)

Los delitos de prevaricación (2019)

Delitos de opinión y libertad de expresión: Un análisis interdisciplinar (2021)

Delito fiscal y tax compliance (2019)

La imputación y la defensa de la persona jurídica (2025)

Los delitos de cohecho antecedente (2021)

Claves prácticas de los procesos por violencia de género (papel + e-book) (2016)