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La presente obra favorece la sistematización de los problemas propios de la teoría del delito a partir de los momentos del «sistema de competencias» y las «reglas de imputación», en la medida en que se entienda por momento una instancia conceptual provisoria de otra definitiva; en este caso, la del injusto criminal (Kriminalunrecht). De este modo, se promueve la superación de la distinción entre injusto y culpabilidad, en general, y del concepto de injusto personal, en particular, recurriendo a la tradición de la filosofía práctica hegeliana. El resultado es la ordenación expositiva a partir de la idea de libertad de todos los intervinientes en el delito ?autores, partícipes y víctimas?, que se enriquece y complejiza a medida que avanza la exposición, intentando presentar y dar solución a los principales problemas de la teoría del delito qua teoría de la imputación.Ahora bien, en el recorrido hacia la sistematización de la teoría de la imputación en derredor de la idea de libertad, la obra desarrolla una compleja fundamentación del castigo legítimo, en la que presenta los principales problemas y desafíos que esa aspiración de legitimidad supone, a la vez que recurre y profundiza en el análisis del vínculo político entre los ciudadanos implicados y el Estado.

Marcial Pons

Derecho Penal y Criminología

Competencia e imputación

El tratamiento de la problemática que gira en torno a la participación por omisión es uno de los temas más complejos de la teoría jurídica del delito. En concreto el objeto de esta investigación se centra en esclarecer si son penalmente relevantes determinadas omisiones que pueden verse involucradas en la comisión de un hecho doloso llevado a cabo por un autor que ostenta el dominio del hecho. Ello exige indagar en el problema de la determinación del criterio en virtud del cual afirmamos que una omisión adquiere el significado de formar parte del hecho delictivo y existe, por lo tanto, una referencia de sentido delictivo común, de modo que la conducta del partícipe se manifiesta como una contribución al hecho al favorecer la comisión de un hecho doloso realizado por un tercero, subsumible en el artículo 28, segundo párrafo, del Código penal que establece que también serán considerados autores los que cooperan a la ejecución de un hecho «con un acto sin el cual no se habría efectuado», o en el artículo 29 del mismo texto legal según el cual «son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos». Por el contrario, si dicha omisión no adquiere el significado de formar parte del hecho delictivo merecerá, en su caso, su valoración como un delito de omisión pura contemplado en los artículos 195 (omisión del deber de socorro) o 450 (omisión del deber de impedir determinados delitos) del Código penal en grado de autoría.

Atelier

¿Participación por omisión?

España

INTRODUCCIÓNDELITOS LEVES Y SUS PENASCOMPETENCIAEL LETRADO ANTES DEL JUICIOSOBRE DELITOS LEVESPROCESO POR ACEPTACIÓN DE DECRETOJUICIO ORAL SOBRE DELITOS LEVESJUICIO INMEDIATO SOBRE DELITOS LEVESRECURSOSEJECUCIÓNDURACIÓN DE LA INSTRUCCIÓNDERECHO TRANSITORIOGUIÓN DEL PROCEDIMIENTOTEXTOS JURÍDICOS

Eolas Ediciones

Juicio sobre delitos leves

El delito de autoadoctrinamiento pasivo ha recibido multitud de críticas desde su inclusión a través de la Ley Orgánica 2/2015 debido a su proyección como instrumento del adelantamiento de las barreras punitivas y como vulnerador de la libertad ideológica. Recogiendo el guante de dichas críticas, en este estudio se realiza un análisis del tipo del art. 575.2 CP para después confrontarlo con la libertad ideológica y el principio de lesividad. Tras este análisis y debido a su apariencia inconstitucional, se realiza un estudio de casos con el objetivo de encontrar una posible inter¬pretación acorde con la Carta Magna. Sin embargo, esta no resulta posible y se concluye, por tanto, que el delito de autoadoctrinamiento pasivo del art. 575.2 CP debe ser derogado.

El autoadoctrinamiento pasivo y su relación con la libertad ideológica y el principio de lesividad

Reus

De la certidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en materia penal

En un tiempo marcado por los efectos derivados de la gran crisis económica del 2008-2013, y después de la importante reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, la corrupción se convirtió en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En este contexto surgió el interés por la investigación del delito de malversación, cuyo objetivo esencial ha sido analizar si nuestro Legislador protege de forma suficiente y eficaz el patrimonio público que, en definitiva, es el patrimonio de todos. Así, la presente obra abarca hasta la última modificación del Código penal, mediante la Ley Orgánica 14/2022 de 22 de diciembre, aquí denominada la «contrarreforma» de la malversación, donde se realiza un análisis dogmático y jurisprudencial del delito, así como un estudio de su evolución histórica y de los trabajos legislativos de las diversas redacciones del ilícito. En suma, se pretende ofrecer una visión actualizada y crítica del delito de malversación que contribuya a un mejor conocimiento de este ilícito y sirva como herramienta para luchar contra la corrupción pública.

Reus - Derecho Penal

Cuestiones esenciales del delito de malversación

Pese al tiempo transcurrido desde su publicación original en Alemania (1993), el libro Derecho penal y riesgo. Investigaciones sobre la crisis del Derecho penal y la política criminal en la sociedad del riesgo no ha perdido actualidad, sino todo lo contrario. Se ha convertido en un verdadero clásico y una obra indispensable para conocer qué se entiende por riesgo, las distintas disciplinas científicas que trabajan con él y su vinculación con la dogmática penal, la criminología y la política criminal. La razón principal de esta juventud de la obra es que trata temas que aún son actuales y que lo serán por mucho tiempo más: el desarrollo tecnológico, con sus interrogantes y dificultades, nos acompaña a diario, y las respuestas distan de ser definitivas.Ha sido considerada por Claus Roxin como la primera obra que trató monográficamente la relación entre el Derecho penal y la sociedad del riesgo. Desde su publicación constituyó una referencia obligada en la discusión sobre el lugar que el Derecho penal debe ocupar frente a nuevos ámbitos: los daños al medio ambiente, la responsabilidad por el producto, el uso de la energía nuclear, la tecnología genética.

Derecho penal y riesgo

El modelo actual de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha relegado a un segundo plano el sistema de determinación de sus penas. Hay aspectos que no están regulados, al tiempo que la normativa específica es imprecisa y requiere, en ocasiones, una interpretación (condicionada por el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se defienda). No queda claro, además, si se puede acudir de manera subsidiaria a la regulación general prevista para las personas físicas para subsanar estas cuestiones. Este trabajo ha perseguido perfilar, desde un modelo autónomo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, un sistema de determinación de la pena de las personas jurídicas coherente y pleno que resolviera, además, algunas incertidumbres heredadas del sistema general de determinación de la pena. Con este objetivo el libro ha quedado organizado en siete capítulos: introducción; descripción del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas; elementos del sistema específico de consecuencias jurídicas del delito para las personas jurídicas; finalidad de las penas para las personas jurídicas; reglas de determinación de las penas para las personas jurídicas; acumulación de penas y concursos de delitos; las consecuencias accesorias del art. 129 CP.Juan Luis FUENTES OSORIO se licencia en Derecho en1996 en la Universidad de Granada. Continúa su formación como becario pre-doctoral en la Ludwig-Maximiliams Universität München (programa DAAD-La Caixa) y en la Universidad de Jaén. En 2003 obtiene el título de doctor en Derecho por la Universidad de Jaén (con el trabajo La anticipación de la tutela penal y los actos preparatorios del delito) y en 2006 el de Experto Universitario en Criminología por la UNED. Es profesor Titular en la Universidad de Jaén desde noviembre de 2017. Ha realizado numerosas estancias de investigación en instituciones de reconocido prestigio (universidades de Bolonia, Múnich, Humboldt-Berlín y Oxford entre otras) y tiene una amplia producción investigadora con varias monografías y más de 40 publicaciones sobre temas de la parte general y especial del Derecho penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las consecuencias jurídicas del delito y el derecho penitenciario.

Sistema de determinación de las penas impuestas a las personas jurídicas

Este compendio ofrece una visión general de cuatro temas legales clave en España: la demanda de ejecución civil, la suspensión de la pena de prisión según el artículo 80.2 del Código Penal, la extradición activa y la protección del Tribunal Constitucional sobre los derechos fundamentales. A través de una presentación clara y concisa, este libro ofrece una comprensión sencilla de los mecanismos legales y judiciales que rigen estos temas y su importancia en el sistema jurídico español. Es una herramienta útil tanto para estudiantes de derecho como para profesionales que desean profundizar en estos temas.

Aspectos prácticos actuales en materia penal, procesal penal y civil ,constitucional y cooperación internacional en el derecho español

Reinserción y prisión nace en el marco del Proyecto de Investigación La reforma penitenciaria: necesidades del sistema y modelo de ejecución penal (PGC2018-096093-B-100), cuyo investigador principal es el Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid el Dr. D. Ricardo M. Mata y Martín.La obra busca ofrecer un acercamiento a la pretendida reeducación y reinserción social a la que están orientadas las penas privativas de libertad, según predica nuestro texto constitucional, cuestión muy compleja y llena de interrogantes. La idea resocializadora de la cárcel ha venido siendo cuestionada desde las últimas décadas del siglo pasado. Serias dudas existen sobre sus presupuestos y metas, así como sobre los resultados perseguidos, sugiriendo una identificación entre delincuente e inadaptado social que no siempre es así, además de lo incongruente que puede resultar la pretensión resocializadora de personas que nunca han estado integradas en la sociedad, o las dificultades que ofrece la prisión para rehabilitar.A lo largo de los diferentes capítulos se profundiza en el análisis de la reinserción social de los sistemas penitenciarios, abordando algunos de los principales temas de actualidad, al tiempo que aportar, desde una visión crítica y multidimensional, perspectivas de futuro.

Reinsercion y prision

En el presente trabajo se aborda el estudio de la responsabilidad penal de los altos cargos públicos por delitos contra la Administración pública vinculados a la corrupción. En la primera parte se expone los componentes fundamentales de una modalidad de corrupción pública superlativa, esto es, la gran corrupción, donde el más importante poder público o político junto al poder económico empresarial ejecutan una organizada actividad delictiva entre los ductos normativos de la Administración. Luego, en la segunda parte del libro, el análisis se centra en el estudio de la llamada teoría general de los delitos contra la Administración pública. Con especial énfasis en la discusión sobre la tipicidad, su relación con el concepto de corrupción pública y el sistema de participación criminal; junto a ciertas propuestas de lege ferenda basadas en el desvalor jurídico de la corrupción. Por último, sobre la base de la descripción de los hechos y de la valoración dogmática, en la tercera parte de la obra se postula la aplicación de tres criterios de imputación a los superiores jerárquicos de las administraciones públicas: autoría mediata, comisión por omisión y delegación de funciones. De interés para juristas (jueces, fiscales, procuradores y abogados litigantes) e investigadores en ciencias penales. . Erick Guimaray es licenciado por la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (2011), Máster (2013) y Doctor Internacional por la Universidad de Cádiz (2020). Becario de la Universidad de Cádiz - Erasmus. Ex Procurador Adjunto Anticorrupción Nacional del Perú. Miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Criminología de la PUCP. Profesor Ordinario Auxiliar del Departamento de Derecho de la PUCP. Autor de diversos artículos en revistas científicas y obras colectivas, en Perú y el extranjero, entre los que se encuentran Sobre la captura del regulador y el injusto penal de colusión, Revista Themis 68, Sobre la omisión impropia, el injusto de corrupción y el título de intervención, Revista de Derecho Penal de Uruguay 26, Sobre le bien jurídico en el delito de tráfico de influencias peruano (Unijuris, Cuba, 2015) o Autoría mediata en delitos de corrupción pública (Bdf, Argentina, 2019).

Colección De Derecho Penal

Delitos contra la administración pública y corrupción

En la presente monografía se contrastan hipótesis sobre la evolución del encarcelamiento en España para el período 1971-2020. Desde un punto de vista metodológico, las tasas de encarcelamiento deben tratarse como una serie temporal, esto es como la realización de un proceso estocástico. Por este motivo aquí se emplean, de modo pionero en nuestra Criminología, modelos econométricos con rezagos ARD, ARIMAX y VAR. Nuestros resultados descartan que el Código penal de 1995 aumentara la punitividad o firmeza frente al delito ya que el crecimiento de las tasas de encarcelamiento se redujo en un 8,39 por ciento tras su entrada en vigor. Ello contradice una hipótesis estrella de la Criminología española.También se ha encontrado un efecto positivo del PIB, así como que un mayor volumen de extranjeros residentes en España y gobiernos conservadores se relacionan con aumentos en la firmeza. Esta segunda constelación de variables tiene un contenido económico consistente con la teoría del don de Mauss, en la que los ritos ?justamente lo que es el castigo en la tradición del Durkheim tardío? tienden a agotar todos los recursos disponibles si no encuentran ningún freno. Se contrastan otras conjeturas, si bien no reciben sustento empírico. Esta investigación incluye pronósticos sobre la evolución de las tasas de encarcelamiento en los próximos años en España, otra de las funciones de los análisis de series temporales.Alfonso Serrano Maíllo es doctor en Derecho por la UCM; doctor en Sociología por la UNED; y doctor honoris causa por la Universidades José Carlos Mariátegui y Néstor Cáceres Velásquez. Es Profesor Titular del Departamento de Derecho penal y Criminología de la UNED. Ha sido colaborador científico del Instituto Max-Planck de Friburgo de Brisgovia (noviembre 1996 y abril-mayo 1997), Profesor Visitante en el Departamento de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Maryland (octubre 2000-agosto 2001) y en la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad de Northeastern (octubre 2006-mayo 2007), así como Visiting Fellow del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge (agosto 2015-julio 2016). Ha sido distinguido como Profesor Honorario por las Universidades Latinoamericanas Católica Santa María, Nacional San Agustín de Arequipa, Andina del Cusco, José Carlos Mariátegui, Inca Garcilaso de la Vega de Lima y JFK de Buenos Aires. Ha publicado 15 monografías, 10 libros colectivos como editor o coeditor y más de 90 artículos en revistas científicas y capítulos de libros. Es un científico social independiente; en las palabras de Nigel Walker, «un hombre sin lealtades».

La evolución del encarcelamiento en España (1971-2020)

Este trabajo trata sobre el uso de la tecnología como parte integrante de la política criminal. El título ya lo destaca, conteniendo precisamente el doble sentido que puede darse en esta integración. Estamos presos con la tecnología, al igual que seguimos atrapados en la idea de la prisión como una forma de control. La tecnología no nos hace soltar este viejo mecanismo, añadiendo a su funcionalidad un ropaje que lo actualiza y es capaz de dotarlo de una apariencia de objetividad, de cientificidad.La evaluación de riesgos que se realiza en el sistema penitenciario de Cataluña no es una novedad en términos teóricos, es la psicología cognitivo conductual combinada con el cálculo actuarial. Quizás la novedad es esta combinación, que en el auge del Positivismo correccionalista no fue posible implementar a gran escala. Sin embargo, hablar de riesgo, de cálculo de riesgo en el sistema penal es recuperar de alguna manera la peligrosidad, y entonces el problema aparece en la forma como es definida, quién define - con qué influencias y con qué consecuencias - el origen de este peligro, o cómo se dice: donde habita.Al estudiar el proceso de privatización del control social formal durante más de una década, con énfasis en las alianzas público-privadas en el sistema penitenciario, y la introducción de las tobilleras electrónicas como componente de este proceso, el caso catalán sorprende por varias razones: su organización, su estructura, los profesionales que la integran y, mejor aún, su progresiva reducción. En este libro se analiza cómo estos elementos van acompañados de la tecnología, buscando abordar los diferentes puntos de vista sobre esta combinación: el de administradores, directores, equipos técnicos, jueces, promotores, representantes de empresas tecnológicas y personas controladas.En el sistema penitenciario catalán, el algoritmo RisCanvi se utiliza para medir el riesgo de quienes ingresan al sistema, y también apoya las decisiones sobre el régimen del artículo 86.4, que es el que permite salidas monitoreadas con tobilleras electrónicas. El estudio de los criterios para el uso de tobilleras, sin embargo, permite ver mucho más que la tecnología, ya que revela y confirma aspectos importantes de las disputas en el campo del control, a partir de las cuales los operadores del Derecho están perdiendo espacio. Alguien dirá que esto es propio del caso catalán, pero a partir de él podemos entrenar nuestra mirada a procesos similares en otras realidades sociales.Cristina Zackseski es graduada en Derecho por la Universidad Federal de Santa María (1993), maestra en derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina (1997), doctorada en Ciencias Sociales - Estudios Comparados de las Américas - de la Universidad de Brasilia (2006) y postdoctorada en Derecho por la Universidad de Barcelona (2020). Actualmente es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, editora de la Revista Latinoamericana de Criminología (RELAC) y coordinadora del Núcleo de Estudios sobre Violencia y Seguridad (NEVIS/CEAM). Tiene experiencia en el área del Derecho, con énfasis en Derecho Penal, actuando principalmente en los siguientes temas: política penal, derecho penal, criminología, seguridad pública y derechos humanos.

La tecnología es la nueva prisión

LAS CIENCIAS PENALES EN LA DIGNIDAD HUMANA, es una obra que desarrolla, estudia y crea conceptos desde la perspectiva dogmática jurídico penal, contrastándola con la realidad, la teoría, la norma y la jurisprudencia, para luego aterrizar en la práctica forense penal, la misma que es primordial para que el profesional del derecho pueda aplicar, conceptualizar y entender este bagaje de conocimientos de las Ciencias Penales que se desarrollan en el transcurrir de la vida diaria de toda sociedad, partiendo del epígrafe principal de los derechos fundamentales que es la dignidad humana. En la presente obra se estudian diversas Ciencias Penales como son: Filosofía Penal, Dogmática Penal, Criminología, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Política Criminal y la Práctica Forense Penal. El estudio y la profundidad que le da el autor desde un léxico jurídico especializado para cada uno de sus enfoques penales, permite que el profesional del derecho luego de haber estudiado la obra tenga una apreciación mucho más cercana y real del fenómeno político criminal en la sociedad. Todos estos estudios son realizados por el Dr. Marlon Ernesto Chiriboga Aguirre, desde una perspectiva de responsabilidad y estudio profundo del fenómeno delictivo, sus causas, efectos y posibles soluciones, tomando en consideración el avance de las Ciencias Penales y su correcta aplicación por cada Estado. Sin lugar a dudas una fascinante aventura de aprendizaje y satisfacción para quien trata de abrirse camino o fortalecer su conocimiento en el campo jurídico penal.MARLON ERNESTO CHIRIBOGA AGUIRRE. Doctor en jurisprudencia, Abogado, Licenciado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, Magister en Ciencias Penales por la Universidad Nacional de Loja (Ecuador) Doctor en Derecho Penal (c) por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Escritor, articulista y conferencista en materias penales a nivel internacional, sus obras y artículos tanto individuales como colectivas han sido publicadas en diferentes países dentro y fuera del continente, teniendo una amplia experiencia tanto en el campo del derecho público como privado. En la actualidad se desempaña como abogado en el libre ejercicio profesional, impartiendo además conferencias en las ramas que estudia y desarrolla.

Las ciencias penales en la dignidad humana

La Criminología Aplicada se ha extendido a numerosos campos relacionados con la violencia, apareciendo como un área de especialización con identidad propia.El lector descubrirá en los primeros capítulos una de las especialidades de la Criminología Aplicada, la que se orienta a la investigación criminal, sin ser esta su única meta, y destacándose la intervención en terrorismo y la Perfilación Criminal. Esta última se muestra desde perspectivas más clásicas como la Psicología Investigativa y la Perfilación Geográfica, pero teniendo también en cuenta nuevas formas de perfilado más actuales, como el que se está llevando a cabo en México a día de hoy.Un análisis crítico de la justicia penal se hace necesario para que puedan funcionar todos los engranajes que activan la respuesta ante el delito. Cuestiones como la percepción del usuario, las opciones que ofrece la justicia alternativa antes delitos graves y, por último, la problemática entorno a la exigibilidad de la denuncia en la violencia de género, son abordadas en este libro. Igualmente, una especial atención merece el examen criminológico del crimen organizado.Las formas de delincuencia y victimización que van unidas a las nuevas tecnologías y a los cambios sociales obligan a llevar a cabo estudios rigurosos que faciliten el desarrollo de teorías y herramientas suficientemente contrastadas. Se hace necesario profundizar, por ejemplo, en el estudio de la violencia como fenómeno, y en el análisis de las variables relacionadas con la psicopatía como constructo. Del mismo modo, emergen formas de victimización ocultas hasta este momento, como la victimización de las personas de edad avanzada.Sin duda, hacerse preguntas en relación con el crimen como fenómeno es la base para avanzar en la investigación. Comprender las razones que facilitan que una persona devenga en víctima o en delincuente es el único modo de prevenir el crimen. Por esta razón, aportaciones como la Teoría del Potencial Antisocial Cognitivo Integrado (ICAP), presentada por el profesor Farrington en el prólogo de esta obra, están en la base de los avances en prevención e intervención en el delito.Beatriz Romero Flores es Doctora en Derecho con mención europea y Diploma en Estudios Superiores en Criminología por la Universidad de Murcia. Ha realizado estancias de investigación en Italia, Alemania y Portugal. En la actualidad es coordinadora académica y profesora del Grado en Criminología de la Universidad Internacional de la Rioja. Pertenece al grupo de investigación PENALCRIM de la Universidad Internacional de la Rioja. Ha escrito una monografía sobre los partidos políticos y su responsabilidad penal y ha publicado sobre diferentes temáticas relacionadas con el Derecho Penal y la Criminología: la imputación objetiva en delitos imprudentes, las neurociencias y la función de la pena, el tráfico de órganos, el delito de blanqueo de capitales, el registro de delincuentes sexuales y la cooperación transnacional contra el delito.Ana L. Cuervo García es Doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil, Psicóloga, Terapeuta de Conducta y Experta en Perfilación Criminal. Ha desarrollado tareas de investigación en violencia filio-parental y sobre los factores discriminatorios de la mujer en la universidad. Actualmente es profesora del grado en Criminología en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).Agustina Mª Vinagre González es Doctora en Estudios de Género, Máster en Victimología y Máster en Comunicación no Verbal. Sus principales líneas de investigación se centran en la relación entre Criminología y Género y en las consecuencias de las diferentes formas de victimización en las mujeres. Ha ejercido como psicóloga en atención a víctimas en la red de Oficinas Judiciales de la Comunidad de Madrid y actualmente compagina su profesión como psicóloga sanitaria y atención a víctimas con su labor docente en los grados de Psicología y Criminología en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Criminología aplicada

El principio de justicia universal se erige como un título válido que promueve la persecución y sanción de delitos especialmente odiosos y atentatorios contra la comunidad internacional. Éste no sólo atribuye o concede competencia para conocer y juzgar un ilícito grave, sino que además el Estado que lo ejercita no necesita acreditar la existencia de vínculo alguno con los hechos enjuiciados desde el punto de vista del lugar de su comisión, así como respecto de la nacionalidad de los autores y/o de las víctimas e, incluso, respecto de los intereses o bienes jurídicos lesionados. En otras palabras, el principio de justicia universal legitima la investigación judicial de infracciones penales serias, independientemente de donde se hayan cometido y de la nacionalidad de las personas implicadas. Ello, como no puede ser de otro modo, genera un fuerte rechazo por parte de aquellos países que se encuentran en el punto de mira del referido principio al entender que su aplicación constituye un ataque frontal a su soberanía.En cualquier caso, conviene apuntar que algunos Estados sí se han involucrado en la investigación de delitos graves a través de la implementación de este singular principio jurisdiccional. Ese sería el caso de España, Reino Unido, Argentina y Canadá; países que, en algún momento, han decidido comprometerse en la defensa y protección de los derechos más esenciales del individuo, abogando por su aplicación a pesar de los contratiempos suscitados. Todo lo anterior mostrará al lector el abrupto camino que el principio de justicia universal ha tenido que recorrer; un camino plagado de avances y retrocesos que, como es lógico, ha influido en la postura que actualmente mantiene la comunidad internacional en torno a él.Jacqueline Hellman Moreno es Doctora cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha obtenido la evaluación positiva de la ANECA y cuenta, además, con un sexenio de investigación. Ha publicado numerosos artículos científicos en revista de impacto. Asimismo, ha participado en numerosas obras colectivas auspiciadas por prestigiosas editoriales jurídicas. En muchas de sus contribuciones se ha referido a los crímenes internacionales, al debate existente en torno a la evolución del concepto relativo a la subjetividad jurídica internacional, a los desafíos normativos que -en el ámbito supranacional- se suscitan con motivo de los movimientos migratorios actuales y, por supuesto, al principio de justicia universal, tema principal de la presente obra. Ha obtenido varias becas que le han permitido cursar, en Universidades extranjeras, programas de extensa duración en materias vinculadas con los derechos humanos y el Derecho Internacional Penal. Actualmente dirige un Postgrado de Derechos Humanos e imparte clases -en diversas Universidades españolas- en el Grado de Derecho y Relaciones Internacionales.

El principio de justicia universal en la persecucion e inves

Esta obra, la han concebido los autores como un estudio variado de temas filosóficos y actuales del derecho penal en los países de habla hispana. Se recopilan en temas del derecho penal general y especial. Se realza la importancia del derecho penal general, para entender el especial.El lector tendrá una cómoda lectura, de los temas filosóficos del derecho penal, ya que lo hemos concebido sin el lastre de ese pensamiento difícil y duro de asimilar, para que el lector se compenetre con una lectura suave y de fácil interpretación, sin restar importancia a la profundidad del pensamiento jurídico clásico.En cuanto a los capítulos del derecho penal general, se cuenta con los siguientes:- Pensamiento penal iluminista.- Escuelas clásicas y positivistas del derecho penal.- Control social y derecho penal.- Sistema finalista.- Principios y normas rectoras.- Los modelos teológicos-valorativos.- Norma penal.- Constitucionalización del derecho penal.- Derechos humanos e instrumentos internacionales.Esta parte general, es el sustento para adentrarnos con un conocimiento solido a la parte especial del derecho penal, por eso la gran importancia de esta parte del derecho como vital.En cuanto a los temas del derecho penal especial, tiene una serie de estudios, que están en el tapete del día a día, del litigante como son el estudio a los delitos:- Introducción a la parte especial del derecho penal.- De la falsificación de moneda.- De la falsedad en documentos.- Conservación y financiación de plantaciones. (delito de drogas).- Del lavado de activos.- Delitos contra la libertad individual y otras garantías. Desaparición forzosa.- Estafa.- Inaplicabilidad del principio de insignificancia en el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- Feminicidio.- La trata de personas como una forma de esclavitud.- Definición y características de delito de estupro.- El delito de estupro en el código orgánico integral penal ecuatoriano.- Genocidio.- Tratado de Palermo.Como podrá ver el lector, el presente trabajo se estructura de una serie de temas penales de gran actualidad, los cuales están imbuidos en la dotrina española, alemana, italiana, ecuatoriana entre tantas, así como en la jurisprudencia de habla hispana.

Estudios de derecho penal general y especial en el derecho hispano

Las formulaciones de los tipos penales responden a concepciones político-criminales que reflejan el modelo social y moral que en ese momento está vigente. Este libro se centra en la relevancia jurídica del consentimiento en los delitos sexuales. Realiza un análisis inicial de la evolución de la regulación de los delitos sexuales en Gran Bretaña, los fundamentos iusfilosóficos de los distintos modelos legislativos, para compararlo con el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual presentado a comienzos del año 2020 por el gobierno (PSOE-UP). En palabras de su prologuista, la profesora Elena Íñigo Corroza, este libro no es solo un libro sobre el consentimiento en los delitos sexuales, que también, sino un viaje sobre los modelos de pensamiento que se dan en un contexto histórico, social, político y cultural determinado y que se plasman en legislaciones concretas. Es la puesta en evidencia de que los cambios jurídico-penales no son pura técnica legislativa, sino el reflejo de decisiones de política criminal que nunca son neutrales, sino que reflejan una realidad existente, o un deseo de instaurar un determinado modo de hacer. Todo esto desde la perspectiva de alguien que conoce bien y en profundidad el sistema jurídico-penal anglosajón.

Colección De Ciencias Penales

Buscando un consenso sobre el consentimiento en los delitos sexuales

¿Qué ocurriría si el profesional a quien confías tus secretos más íntimos tiene obligación de colaborar con las autoridades encargadas de perseguir delitos? Las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico excluyen la obligación del abogado de denunciar la comisión de un hecho delictivo del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, es más, todo aquello que conozcan en el marco del ejercicio de su profesión está protegido por el secreto profesional, por la más estricta confidencialidad que envuelve la relación del ciudadano con su abogado. La creciente preocupación existente a nivel internacional por la legalización de las ganancias procedentes de una actividad delictiva ha supuesto que nuestro Estado se adapte a la normativa europea en la que se pretende impedir el lavado de dinero procedente de un hecho delictivo. Dentro de esa finalidad se enmarcó la aprobación de la primera Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que, tras sucesivas modificaciones posteriores y con el propósito de evitar que algunos profesionales, como es el abogado, con su asesoramiento, coadyuven a la legalización de aquellas ilícitas ganancias, se le incluyó como sujeto obligado de esa normativa. Nos encontramos ante una legislación que se sitúa en el ámbito de la prevención y no de la represión que, además, permite poner a disposición de los poderes públicos una radiografía financiera del ciudadano. La Ley, para el cumplimiento de su finalidad, cuenta con una serie de órganos que, por supuesto son capaces de sancionar en el caso desu incumplimiento, pero también, son capaces de elaborar Informes de Inteligencia Financiera, precursores del inicio de un procedimiento penal, por eventuales comisiones del delito de blanqueo de capitales.Por tanto, ¿qué ocurre si una normativa administrativa impone a concretos profesionales determinadas obligaciones de comunicación de indicios delictivos que detecten en el ejercicio de su función profesional? Y,¿si a todo lo anterior añadimos que, las consecuencias del incumplimiento de esta normativa administrativa, además de las correspondientes sanciones impuestas en esta vía,podría incluso suponer que el sujeto obligado fuera investigado por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente?Todo ello y otras muchas cuestiones relativas a la compatibilidad de esta Ley con nuestro ordenamiento jurídico son algunas de las dificultades que pretendemos evidenciar a través de esta obra, que finaliza con el estudio de las consecuencias derivadas de su incumplimiento desde el punto de vista administrativo y penal. Paola Úbeda Martinez-Valera cuenta con más de 15 años de experiencia como abogada en el ámbito del derecho penal económico. Obtuvo la licenciatura en derecho en el año 2003 por la Universidad de Navarra. Posteriormente, compaginándolo con el ejercicio de la abogacía, completó el Máster en Derechos Fundamentales impartido por la UNED. Después de su paso por otros despachos, hace 12 años comenzó a prestar sus servicios profesionales en el prestigioso despacho Sanchez-Junco Abogados, del que en la actualidad es Counsel. Durante todo este tiempo se ha dedicado al asesoramiento y defensa en el campo del Derecho penal de los negocios y de la empresa, así como a la asistencia letrada en esta concreta rama del Derecho penal, habiendo participado en los más importantes procedimientos que se han seguido en distintos tribunales de nuestro país. Es Profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Máster de Derecho Penal Económico de la URJC (Cátedra de Grant Thornton) y en el Programa avanzado en Consejo de Administración, impartido por la UNIR. Es Doctora en Derecho por la UNED con la calificación de sobresaliente cum laude en la especialidad de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo

El derecho penal del estado de derecho entre el espíritu de nuestro tiempo y la constitución

El derecho penal en el estado democrático de derecho

¿Pueden el Derecho penal y la dogmática ignorar el conocimiento empírico que interesa al fenómeno del crimen? ¿Puede el legislador obviar la realidad que pretende moldear? ¿Puede afirmarse que una decisión legislativa o una propuesta dogmática es correcta sin valorar los efectos (empíricos) de las sanciones penales y de la interpretación planteada?La política legislativa penal de las últimas décadas, calificada por la doctrina como expansiva y punitivista, se basa usualmente en un supuesto conocimiento de la realidad acerca de las tendencias delincuenciales, de las demandas sociales de intervención, de la capacidad disuasoria de la ley penal que, sin embargo, no se apoya en evidencias científicas y, en ocasiones, culmina incluso en decisiones político-criminales en la dirección contraria. No es que el legislador no parta de la realidad, sino que desconoce la realidad de la que parte (o, al menos, su conocimiento no se puede calificar como científico). Olvida, así, la relevancia que tiene un adecuado acceso a los elementos fácticos de referencia a la hora de definir tanto la racionalidad ética de las leyes como la racionalidad pragmática o de correspondencia entre los fines y los medios usados. Frente a esta situación, la presente obra colectiva aborda cinco de las principales cuestiones que afectan al Derecho penal y a la Política Criminal en la actualidad desde la premisa de que es necesario establecer puentes entre lo normativo y lo empírico, esto es, contrastar los presupuestos fácticos de la realidad que interesa al Derecho penal y, al mismo tiempo, no sobrepasar en su regulación los límites deontológicos establecidos en nuestro Estado social y democrático de Derecho.

El derecho penal ante lo “empírico”

El nuevo escenario que componen las reformas realizadas o proyectadas en el ámbito de la justicia penal, aconseja abrir un periodo de reflexión sobre el balance resultante, las dudas y las cuestiones todavía pendientes. Los años transcurridos han modificado alguna norma concreta e incluso modulado algunas de las tesis defendidas, sin arrumbar, empero, los criterios básicos que a mi juicio preservan el «debido proceso», las garantías y la tutela de los ciudadanos ante la justicia. Se reúnen en un solo volumen dieciséis trabajos agrupados en siete apartados de otras tantas grandes áreas temáticas, entre las más discutidas a lo largo de los últimos veinte años. Desde los procesos y principios que informan el proceso acusatorio y los derechos y garantías requeridos, hasta las nuevas tendencias que la emergencia de la decisión individual y la negociación abren como marco de una decidida apuesta por una justicia más eficaz, entendida prioritariamente con parámetros de gestión. Pasando por la fase investigadora y su discutida dirección, la posición de la víctima en el proceso o los múltiples aspectos comprendidos en la prueba ilícita, la regla de exclusión o la limitación de los derechos fundamentales. Y acabando con algunos de los mecanismos aceleradores del proceso, la segunda instancia o la indudable influencia de los Tribunales Supranacionales, como intérpretes de Declaraciones y Convenciones Internacionales que delimitan los derechos procesales de los ciudadanos más allá de las fronteras nacionales.

Comentarios y Estudios Jurídicos

Estudios de justicia penal

El desgobierno de la política educativa y de tantas otras políticas públicas sería seguramente menor si los cambios legales se hubieran producido tras haber constatado lo que ha funcionado o lo que no. Lo mismo podría decirse en la política criminal, donde el capricho del mandatario de turno hace y deshace delitos o introduce, sin ningún tipo de evidencia empírica que respalde su eficacia, alteraciones fundamentales en el sistema de penas o sanciones que contienen limitaciones brutales de la libertad de los ciudadanos como la libertad vigilada y, especialmente, la prisión permanente revisable.  Con la finalidad de introducir en el debate penal la necesidad de evaluar las políticas penales, el Grupo Español de Política Legislativa Penal se embarcó en una investigación conjunta. El resultado es este libro que pretende abordar al menos un aspecto de cada uno de los ejes de la evaluación: desde análisis teórico-prácticos acerca de cómo se debe evaluar, pasando por experiencias singulares en algunos países, hasta llegar al control constitucional de las leyes penales. Todo ello sin olvidar la importancia de las estadísticas para poder realizar evaluaciones de calidad y el que quizá sea uno de los temas más novedosos: la utilización de análisis de costes, coste-eficacia y coste-beneficios en la evaluación de las políticas criminales, así como la contribución de los estudios económicos en la configuración de principios como el de lesividad. Pese al intento de acercarse a los diversos perfiles y consecuencias que la evaluación implica para la política criminal, esta publicación constituye únicamente un punto de partida que habrá alcanzado en buena medida sus objetivos si consigue poner en la agenda pública la evaluación de las normas penales.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Sociales S.a.

Hacia una evaluación racional de las leyes penales

Competencia e imputación (2024)

¿Participación por omisión?

Juicio sobre delitos leves (2015)

El autoadoctrinamiento pasivo y su relación con la libertad ideológica y el principio de lesividad (2020)

De la certidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en materia penal (101)

Cuestiones esenciales del delito de malversación (2024)

Derecho penal y riesgo (2022)

Sistema de determinación de las penas impuestas a las personas jurídicas (2023)

Aspectos prácticos actuales en materia penal, procesal penal y civil ,constitucional y cooperación internacional en el derecho español (2023)

Reinsercion y prision (2021)

Delitos contra la administración pública y corrupción (2021)

La evolución del encarcelamiento en España (1971-2020) (2021)

La tecnología es la nueva prisión (2021)

Las ciencias penales en la dignidad humana (2024)

Criminología aplicada (2021)

El principio de justicia universal en la persecucion e inves (2022)

Estudios de derecho penal general y especial en el derecho hispano (2022)

Buscando un consenso sobre el consentimiento en los delitos sexuales (2021)

Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo (2024)

El derecho penal del estado de derecho entre el espíritu de nuestro tiempo y la constitución (2020)

El derecho penal en el estado democrático de derecho (2019)

El derecho penal ante lo “empírico” (2022)

Estudios de justicia penal

Hacia una evaluación racional de las leyes penales