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La justicia penal. Principios y cuestiones nucleares

España

En esta obra se reflexiona sobre los acuciantes problemas en la Academia criminológica española a nivel epistemológico y metodológico. Se llega a la conclusión de que podría resultar beneficioso llevar a cabo un giro reflexivo en algunos preceptos y adaptarnos a nuevas alternativas más funcionales, integradoras y preocupadas en la relevancia social de la Criminología. Estableciendo como base para ello el Ultra-Realismo y los Mixed Methods. En definitiva, este escrito busca inspirar, alentar, cuestionar y hacer crecer a la disciplina.

Eolas

Criminología de frontera

Desde que en el año 2012 se publicó la primera edición de este libro, se han producido algunas reformas que pudieran afectar a la resolución de alguno de sus casos, como, por ejemplo, la profunda modificación del art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) (especialmente, aunque no solo, en lo que afecta al principio de justicia universal en la aplicación de la ley penal española por los jueces y tribunales españoles). No obstante, hasta el presente habíamos decidido no modificar el texto del libro, pues, aunque algunas soluciones a los casos pudieran verse afectadas, no eran las que se desarrollan expresamente como soluciones al caso por nosotros, de manera que no resultaba necesaria la revisión. Sin embargo, las reformas del Código Penal (CP) ocurridas en 2015 y, en lo que afecta a este volumen, muy especialmente, aunque no solo, las operadas por la Ley Orgánica (LO) 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio del presente año, hacían imprescindible ya la modificación de diferentes casos del libro, partiendo básicamente y hasta donde ha sido posible, eso sí, de los casos de la primera edición, actualizados y puestos al día con la calificación jurídico-penal que corresponde a los hechos conforme a las reformas aprobadas por las LO 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo. Esto significa que, en aquellos casos reales que han sido extraídos de la jurisprudencia, si bien se ha mantenido la referencia jurisprudencial (para que el alumno u otro lector pueda consultar la resolución dada al caso por el correspondiente tribunal), se han hecho las adaptaciones que, en su caso, han sido necesarias (a veces la adaptación ha sido simplemente una modificación de las fechas de realización de los hechos, para evitar problemas adicionales de ámbito temporal en los casos planteados para resolver). En una metodología "conservadora" del material de la primera edición, hemos propuesto a veces una doble solución o una doble pregunta, según el enjuiciamiento se produjera antes o después de la entrada en vigor de las citadas reformas.

Casos prácticos de derecho penal 1. Introducción y consecuencias jurídicas del delito

Ciberdelincuencia

La presente monografía examinar qué indica la norma UNE 19.601 - sistemas de gestión de Compliance penal - sobre los requisitos que el Código penal establece para los modelos de organización y gestión de delitos, puesto que ello permitirá valorar a dichos operadores - con las consecuencias que en su caso pueda tener - si la entidad cumple con un estándar en relación con dichos requisitos. Por lo tanto, se realiza una exposición de esos elementos mínimos del Código penal y abordaremos su desarrollo en la UNE 19.601 para así facilitar una comprensión más detallada del significado de cada uno de ellos en el ámbito del Compliance penal. Se trata de proporcionar una guía a los operadores jurídicos de cuál es el contenido que otorga dicho estándar nacional a dichos elementos mínimos para coadyuvar a una interpretación judicial coherente con el estado de evolución, en un momento determinado, de la disciplina de Compliance De igual manera, de la mano de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional (2020) se explican las consecuencias para organizaciones empresariales carentes de personalidad jurídica pero aún así sometidas al Código penal español. Finalmente, se abordan los beneficios de estándar español para poder gozar de los derechos reconocidos en la Directiva europea de contratación pública cuando una empresa española pretenda ôrehabilitarseö a efectos de contratación pese a haber sido condenada penalmente.

Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Dykinson S.l.

Dykinson

Entre jueces y reos. Las postrimerías del derecho penal absolutista

Debido a las nuevas tecnologías, en concreto, las redes sociales y el incremento en el uso de las redes sociales como medio de comunicación y las múltiples posibilidades que las mismas ofrecen, suponen a veces un reto jurídico normativo a la hora de determinar si se ha producido un quebrantamiento de la prohibición de comunicación con la víctima de VIOGEN.

Aranzadi - Monografías

La prohibición de comunicación con la víctima de violencia de género

El constitucionalismo rígido, al conferir carácter normativo a los derechos fundamentales, ha introducido todo un sistema de límites y vínculos para la legislación. A juicio de Ferrajoli, éste es el fundamento del modelo garantista, caracterizado por un cambio estructural de doble vertiente, en el derecho y en la democracia, que se deriva de la inserción en ambos de una nueva «dimensión sustancial». La presencia de ésta hace del Estado constitucional de derecho la culminación de un laborioso proceso de erosión del viejo concepto de soberanía en el ámbito interno de los Estados, que se traduce en el imperativo jurídico de sujeción de toda forma de poder al derecho, ya no sólo en el plano de los procedimientos sino también en el del contenido de las decisiones.

Derechos y garantías

La presente obra versa sobre el progresivo acercamiento de las normas penales de los Estados miembros de la Unión Europea, surgido e impulsado por los retos que plantea la creciente integración económica, política y jurídica del entorno comunitario, en el que han proliferado multitud de fenómenos asociados a la criminalidad transfronteriza. El punto de partida es el propio escenario en el que la armonización se fragua, la Unión Europea, atendiendo a las particularidades de sus instituciones, procedimientos legislativos y competencias para legislar en materia penal, todo ello bajo el prisma de las numerosas y profundas reformas introducidas por el Tratado de Lisboa en el panorama jurídico comunitario. Seguidamente, se analiza la evolución del proceso armonizador del Derecho penal, tanto procesal sustantivo, con especial detenimiento en las tipologías delictivas sobre las que ha tenido una incidencia más marcada: los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, contra el medio ambiente, los cometidos a través de la TIC¿s, el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, la criminalidad organizada, el blanqueo de capitales, la falsificación de moneda y medios de pago, el cohecho y la corrupción en el sector privado.  Para concluir, se valora el impacto de la recepción de las directrices del legislador comunitario en el ordenamiento jurídico interno, en particular la posible erosión de dos de los principios limitadores fundamentales del Derecho penal, los de legalidad y proporcionalidad.   Beatriz Fernández Ogallar ejerce como abogada, especializada en Derecho penal patrimonial y económico. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que también obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho penal, y asimismo es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco.

El derecho penal armonizado de la unión Europea

Giovanni Fiandaca es uno de los principales autores del actual panorama científico italiano y su obra Il Diritto penale tra legge e giudice, que ahora se ofrece al lector español, merece la mayor difusión en la comunidad académica, aunque los temas que trata trascienden el interés propio de los juristas, como es el caso de la labor interpretativa en la aplicación judicial de las leyes.  No cabe duda que hoy, al contrario de lo que acontecía en tiempos de la Constitución de Cádiz de 1812, cuyo bicentenario se conmemora este año, el juez no es un simple vocero de la ley, "la bouche qui prononce les paroles de la loi", como lo había defendido Montesquieu en su obra clásica De lÆEsprit des Lois (1748), sino que debe interpretar, aunque su decisión debe provenir siempre de la aplicación de criterios racionales que establecen los distintos métodos de interpretación. En este contexto resulta muy interesante la presente obra de Fiandaca, en particular el capítulo sobre "Hermenéutica y aplicación judicial del Derecho penal". Hermenéutica, dogmática y buena técnica de argumentación jurídica, que constituyen los elementos necesarios para la elaboración de una buena jurisprudencia por parte del órgano constitucional que tenga asignada la tarea, como último intérprete, de determinar el contenido de la ley.

El derecho penal entre la ley y el juez

Publicada en 1865, Cartas a los delincuentes es una obra fundamental de Concepción Arenal, en la que la autora rompe con las concepciones tradicionales sobre el crimen y el castigo. Arenal, reconocida por su incansable labor humanitaria y social, plasma en sus cartas una perspectiva innovadora, proponiendo que los delincuentes sean tratados con dignidad y respeto, más allá de sus faltas y errores. En un tono firme pero cargado de empatía, la autora se dirige directamente a los reclusos, instaurando un diálogo que desafía las normas establecidas y avanza hacia un sistema penitenciario más humano.A través de sus palabras, Arenal aboga por la transformación del castigo en una herramienta de rehabilitación, ofreciendo a los delincuentes una oportunidad para redimirse y reintegrarse en la sociedad. La obra es un manifiesto contra la intolerancia y la venganza, en donde cada carta se erige como una llamada a la reflexión y a la conciencia social. Cartas a los delincuentes sigue siendo una lectura esencial para entender el impacto de las reformas sociales del siglo XIX y para inspirar a futuras generaciones en la b

Oj Books Pa

Cartas a los delincuentes

El cohecho parlamentario (papel + e-book)

¿En qué consiste la ilicitud material del delito de receptación? ¿Qué daño causa esta clase de conducta? ¿Por qué es legítima su criminalización? Estos interrogantes son los que plantea y responde Alejandra Verde en la presente obra, antes de abordar, de la mano de esas respuestas, complejas cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de este tipo penal en la praxis argentina, española y alemana. El libro se integra, así, en una nueva generación de estudios de la parte especial del Derecho penal, preocupada por el análisis de la estructura profunda de los tipos penales en particular. Para ello se vale de conocimientos provenientes tanto de la parte general del Derecho penal como de la filosofía moral contemporánea, aplicados al tema investigado con rigurosidad analítica y criterio práctico.Esto permite a la autora proponer soluciones teóricamente muy fundamentadas a difíciles problemas puntuales que plantean las denominadas conductas posdelictuales en general, esto es, no solo la receptación, sino también las distintas formas de encubrimiento y el lavado de activos. Dificultades de lege lata, como las relativas al bien jurídico protegido y al impacto, en este contexto, de la idea de delito posterior copenado, son abordadas con especial profundidad. Y se encuentran, a la vez, importantes aportes de lege ferenda, relacionados no solo con la regulación concreta de la receptación, sino también con la necesidad de criminalizar conductas hoy no punibles, como las vinculadas a la venta o entrega de cosas provenientes de delitos.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Y Sociales, S.a.

Marcial Pons

Derecho Penal y Criminología

La receptación como delito contra el mercado formal

Según la ONG norteamericana Innocence Project, la causa que contribuye en mayor medida al error judicial es la identificación errónea de un inocente. Eso no significa que la responsable del error sea la víctima. Los trabajos de psicología del testimonio han mostrado que los errores pueden deberse a las influencias sugestivas que hayan tenido lugar desde el examen de fotografías en la comisaría hasta la presentación de una rueda judicial. Pero la sugestión no limita su influencia al reconocimiento de personas. Las preguntas sugestivas (involuntarias), que formulan policías, abogados, jueces y fiscales, pueden llevar a «recordar» detalles de la escena del delito o del accidente que nunca sucedieron y que encaminan la investigación en una dirección incorrecta. Y no es solo que contaminen una declaración, sino que testigos, víctimas y sospechosos pueden llegar a creer que han experimentado algo que realmente nunca ocurrió. Las distorsiones de memoria y la creación de falsos recuerdos son el tema central de este conjunto de textos, que exploran los elementos sugestivos que pueden influir en el reconocimiento de caras y en las declaraciones sobre sucesos que realizan testigos y víctimas, y que después se presentan como pruebas judiciales. En todos los casos se examina los factores que potencian el valor distorsionador de la sugestión, así como las dificultades que entraña la discriminación entre recuerdos verdaderos y recuerdos falsos, incluso en aquellos casos en los que el error en esa discriminación puede llevar a una confesión falsa.

Editorial Trotta

Estructuras y Procesos - Derecho

Testigos, sospechosos y recuerdos falsos

La intervención del Derecho penal en la profesión de abogado, sistematizada por primera vez en este libro, se traduce, de una parte, en la existencia de una serie de delitos que protegen, en general, el estatuto jurídico de la abogacía (delitos de violac

La responsabilidad penal de los abogados

Este trabajo constituye una aproximación filosófica novedosa al problema de la ponderación judicial en el proceso penal. El autor encadena argumentos conceptuales y normativos para desarrollar una teoría original, que reivindica la decisión conforme a reglas y la convierte en uno de los componentes esenciales del juicio justo.En el plano conceptual, el libro reconstruye la noción de fair trial tal como figura en el Derecho procesal penal contemporáneo. El análisis pone de manifiesto un uso anodino por parte de la literatura y la jurisprudencia, y lo contrasta con la interpretación que la idea de fairness ostenta en la fundamentación de otras prácticas sociales (la comunidad política, el castigo y el deporte). La comparación propicia luego una caracterización ambiciosa del proceso penal, que identifica rigurosamente sus elementos cooperativos, agonales y epistémicos.En el aspecto normativo, Alberto Nanzer presenta al proceso como una empresa moderadamente instrumental, que conjuga normas tendentes a posibilitar el esclarecimiento de los hechos con otras que resultan a todas luces inconducentes para lograr ese fin. Sobre esa base, el autor ofrece una crítica sólida del modelo particularista (basado en estándares o reglas en sentido débil) y ensaya una justificación moral del modelo alternativo, en el que las reglas del proceso toman distancia de las razones constitucionales que justificaron su creación. Su tesis principal es que, pese a sus deficiencias, la regularidad asegura una protección específica de la libertad política de los imputados, que los pone a salvo de la dominación arbitraria de los jueces.

La regularidad como derecho individual

Los mercados financieros han adquirido una importancia de primer nivel en nuestra vida cotidiana. ¿Qué papel juegan realmente en ella? ¿Cómo son los gestores de inversión? Georg von Wallwitz es uno de ellos: conoce a la perfección el mundo del que habla. Pero es también un matemático y un filósofo, y es desde esta posición que presenta al lector común un retrato caracterológico de los agentes que en él actúan, centrado en dos modelos, el de Ulises, un superviviente, y el de la comadreja, depredadora. Esta última copa los mercados, por eso este libro, un ensayo brillantísimo, jocoso y clarificador, la toma como base.

El Acantilado

Acantilado Bolsillo

Ulises y la comadreja

Video vigilancia, controles, masiva presencia policial, expansion del Derecho Penal, sistemas de seguridad ferreos e intrusivos, blindan nuestros hogares pero tambien el espacio donde vivimos. El diseño de viviendas y lugares públicos como parques y jard

Miedo, control social y política criminal. Una visión multidisciplinar de la seguridad, derechos y libertades

En este nuevo libro que publican sus autores se ofrece un análisis sobre las consecuencias jurídicas del delito, tanto en relación a las personas físicas como a las jurídicas, examinándose las penas privativas de libertad, el beneficio de la inejecución

Penas, medidas y otras consecuencias jurídicas del delito

La política criminal contemporánea se conforma de una base dogmática que en gran parte se consolida con el pensamiento clásico y que, pese a todo, conserva su vigencia en los sistemas de represión penal. Pero también envuelve paradojas y contradicciones, porque no es poco común que muestre ciertas anomalías que entran en pugna con los esquemas garantistas y que sobre todo se emplean para hacer frente a sectores delictivos especialmente graves. Seguramente es cierto que el hecho de que estos rasgos de extralimitación se detecten con nitidez tiene que ver con nuestra evolución en materia de derechos y de libertades fundamentales. En efecto, el Derecho penal, antes que un elemento de vindicación, debe ser concebido como un muro impenetrable de la política criminal. Este camino sin retorno hacia la mínima intervención, como ha ocurrido en el contexto latinoamericano, ya fue iniciado por los mexicanos desde hace algún tiempo.

Monografías Jurídicas

Tendencias de la política criminal contemporánea

El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del blanqueo de capitales y de los instrumentos jurídicos orientados a la prevención y castigo del mismo desde la perspectiva metodológica del Análisis Económico del Derecho, incluyendo la reciente Reforma del Código Penal que tuvo lugar por medio de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Para ello, el autor toma en consideración tanto las normas internacionales como las nacionales, poniendo atención en la regulación administrativa y en la jurídico-penal, con especial interés por las normas relativas al decomiso de los beneficios del delito y por el tipo penal de blanqueo de capitales del Código Penal español.  Asimismo, no puede soslayarse la importancia que se le asigna en el libro al Criminal Compliance, lo que conlleva el estudio de los deberes de control atribuidos a los sujetos obligados y su papel en la imputación de responsabilidad penal a personas físicas y jurídicas por este delito. Así, el trabajo tiene una doble finalidad: por un lado, justificar la prohibición del blanqueo de capitales con fundamento en el daño social que origina dicha actividad y, por otro, subordinar la justificación del sistema de prevención y castigo a que la evaluación del mismo evidencie que resulta eficiente en la reducción de dichos daños sociales.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Sociales S.a.

Prevención y castigo del blanqueo de capitales

Desde una perspectiva jurídica el Derecho Penal se define como el conjunto de normas estatales que se refieren al delito y a sus consecuencias jurídicas. Es en torno a esa definición que se organizan los contenidos de esta obra incluyendo, después de unos temas introductorios que enmarcan el Derecho Penal como rama del ordenamiento jurídico y como ciencia, la Teoría de la Ley Penal, la Teoría Jurídica del Delito y las Consecuencias Jurídicas que derivan del mismo, para concluir analizando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, se aborda de manera completa lo que suele conocerse como Parte General del Derecho Penal, aquello que es común a todos los delitos, y cuya regulación se contiene esencialmente en el Libro I del Código Penal. Todos los contenidos normativos del libro están actualizados a junio de 2022, y también se recoge la doctrina jurisprudencial más relevante y reciente.

Biblioteca Universitaria - Tecnos

Derecho penal

La preponderancia del Derecho procesal penal como objeto del conocimiento procesal penal se va incorporando a la forma de ver en qué consiste el Derecho procesal penal, excluyendo del campo de percepción otras formas de resolver conflictos penales. La idea de que el proceso penal sirve para resolver jurídicamente un conflicto, ofreciendo una decisión dirigida a resolver dicho conflicto, llega a ser vista en ciertos círculos como una herejía. El proceso penal y el poder de imperio del Estado, personificado en la sentencia penal, se fusionan de tal manera que la jurisdicción se identifica únicamente con el poder de imponer castigos, distanciándose de los problemas concretos de los grupos sociales. Cuando nuestra perspectiva se abre para captar las innumerables situaciones en las que las autoridades actúan para gestionar conflictos, queda claro que una definición del derecho procesal penal basada únicamente en la ley es insatisfactoria. El primer paso consiste en deshacerse de las «ataduras conceptuales» que excluyen del objeto de este conocimiento los diversos métodos que las distintas sociedades utilizan para estipular qué comportamientos merecen atención ?hasta el punto de considerar la imposición de castigos u otro tipo de injerencias institucionales?, en qué consisten esos métodos de adjudicación de responsabilidades y cómo pueden considerarse legítimos, teniendo en cuenta los acuerdos políticos cada vez más complejos.

Derecho procesal penal

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 -incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876-. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976.  No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en las vigentes Constituciones de Italia de 22 de diciembre 1947, francesa de 4 de octubre de 1958 -ni siquiera después de la reforma constitucional introducida en 2003-, ni en la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949. Sin embargo, Alemania sí fue pionera en limitar la autonomía de la libertad contractual iniciando las restricciones a la libertad de mercado desde el siglo XIX -así, por ejemplo, la Ley de 1894 sobre plazos en materia de préstamos en los que se establecen requisitos y límites a las cláusulas abusivas en los contrato de créditos para compra de bienes muebles-, aunque no fue hasta la década de los sesenta cuando se inició la protección legal de los consumidores y usuarios.  La defensa de los consumidores ha tenido una gran evolución desde la entrada del Código Penal de 1995. El tipo de conflicto jurídico que suele ir aparejado a esta relación entre consumidor y ofertante de los servicios ha ido evolucionando desde su respuesta civil y la administrativa, en los casos en que la administración tiene que sancionar de terminadas conductas, a su entrada en el Código penal.  Un tema aparentemente sencillo sería determinar qué rama del ordenamiento jurídico debe de intervenir para proteger los intereses de los consumidores. En principio las relaciones contractuales relativas al consumo no tendrían que tener mayor problema que las derivadas del Derecho contractual civil. Sin embargo, las nuevas formas de producción y de contratación en masa hacen inviable dicha posibilidad y es por ello que el Derecho administrativo y el Derecho penal entran de lleno en la protección del consumidor como sujeto pasivo abstracto que representa a una colectividad. Por tanto, los resultados que afecten directamente al patrimonio de un sujeto individual se protegerán con los delitos patrimoniales y, dado que afecta directamente al patrimonio, el Derecho administrativo no va a actuarà

Derecho y consumo

La justicia penal. Principios y cuestiones nucleares (2025)

Criminología de frontera (2020)

Casos prácticos de derecho penal 1. Introducción y consecuencias jurídicas del delito

Ciberdelincuencia (2023)

Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas (2020)

Entre jueces y reos. Las postrimerías del derecho penal absolutista (2015)

La prohibición de comunicación con la víctima de violencia de género (2023)

Derechos y garantías (2016)

El derecho penal armonizado de la unión Europea (2014)

El derecho penal entre la ley y el juez (2013)

Cartas a los delincuentes (2025)

El cohecho parlamentario (papel + e-book) (2019)

La receptación como delito contra el mercado formal (2019)

Testigos, sospechosos y recuerdos falsos (2016)

La responsabilidad penal de los abogados (2017)

La regularidad como derecho individual (2021)

Ulises y la comadreja (2013)

Miedo, control social y política criminal. Una visión multidisciplinar de la seguridad, derechos y libertades (2017)

Penas, medidas y otras consecuencias jurídicas del delito (2017)

Tendencias de la política criminal contemporánea (2018)

Prevención y castigo del blanqueo de capitales

Derecho penal (2022)

Derecho procesal penal (2025)

Derecho y consumo