Han transcurrido ya más de tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Partiendo de este objetivo, el legislador instaura un mecanismo extrajudicial y judicial que sirva de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situación de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad.Sin embargo, si bien la voluntad del legislador es loable y ?cargada? de buenas intenciones, no es menos cierto que la regulación de esta institución, a día de hoy, peca de inconcreción y de lagunas legislativas que crean incerteza e inseguridad jurídica. Ante esta desilusionante realidad, en el presente trabajo, se pretende dar soluciones a las cuestiones de mayor problemática, que en la práctica presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.CARLOS PUIGCERVER ASORLicenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del Programa de Doctorado ?Nuevas tendencias en derecho procesal? en el año 2004. Ejerció la abogacía desde 1996 a 2010. Ha sido profesor de Derecho procesal en la Universidad de Valencia desde 2001 a 2010, así como en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz (Bolivia), en la Escuela de Práctica Jurídica del ICAVOR (Ilustre Colegio de Abogados del Vallés Oriental y, actualmente, en la Universitat Oberta de Cataluña. Desde 2011 pertenece a la carrera judicial como Magistrado, habiendo desempeñado su labor en el Juzgado de 1ª Instancia 3 de Granollers -en donde también fue Decano electo-, en diversas Secciones civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Barcelona con competencia exclusiva en materia de concursos de personas físicas no empresarias. En el año 2015 obtuvo el reconocimiento del Ilustre Colegio de Abogados del Vallès Oriental en agradecimiento a su compromiso con el Colegio de Abogados, en el año 2016 el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona le concedió el premio Ferrer Eguizábal 2016 al mejor proyecto de investigación sobre el Derecho a la segunda oportunidad de la persona física y en el año 2017 ha recibido el premio Felip Portabella otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en reconocimiento al ejercicio de la función jurisdiccional con una especial consideración hacia la abogacía, así como en agradecimiento a la generosa y estrecha colaboración con dicha institución, especialmente en los trabajos en materia de la segunda oportunidad. En los últimos cuatro años ha impartido más de medio centenar de ponencias, ha publicado varios artículos y ha participado en varios libros sobre segunda oportunidad de la persona física no empresaria. Desde noviembre de 2017 hasta septiembre de 2018 ha estado destinado como Magistrado asesor en el Ministerio de Justicia. Desde octubre de 2018 es Inspector Delegado en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.FEDERICO ADAN DOMENECHProfesor Agregado de Derecho Procesal, acreditado como Catedrático de la Universidad Rovira i Virgili. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Doctor en Derecho: El nuevo proceso cambiario, por la Universidad Rovira Virgili, el 29 de junio de 2001, con la calificación de Sobresaliente cum laude. Ha complementado su formación jurídica con seis estancias de investigación en la Università degli studi di Bologna -Italia-. En la actualidad, ostenta el cargo de Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Tarragona. Durante los años 2009 a 2012, ejerce como Director del Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad Rovira i Virgili conjuntamente con los Ilustres Colegios de Abogados de Tarragona, Reus y Tortosa. En cuanto a los cargos académicos ha sido Decano y Responsable de los Estudios de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira Virgili. Autor de 8 monografías: 5 de autoría individual y 3 en coautoría y de más de 70 artículos jurídicos publicados en revistas especializadas y capítulos de libros, así como Director y codirector de diferentes obras jurídicas. En el año 1998, obtuvo el Premio Feixo Carrera del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por el trabajo relativo al juicio cambiario, en el año 2016, fue galardonado con el Premio Ferrer Eguizábal, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por el proyecto de investigación sobre la segunda oportunidad de las personas físicas, y en los años 2017 y 2018, obtuvo, respectivamente, el Premio Melchor Almagro, concedido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y el Accésit del premio jurídico otorgado por el Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid, por el trabajo Deconstrucción del ordenamiento jurídico español.

Tapa blanda

Español

J.m. Bosch Editor

La aplicación práctica de la segunda oportunidad: Problemas y respuestas

España

La presente obra pretende ser un acercamiento al problema de la salud mental en los centros penitenciarios. Es esta una cuestión muy compleja, a la que debe prestarse la atención que merece. Muchas de las personas que ingresan en prisión sufren patologías de carácter psíquico o mental que, con frecuencia, no han sido detectadas o diagnosticadas antes de su ingreso. La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria decía en su memoria de 2018 que en torno a un tercio de los internos habían sido diagnosticados de uno o varios trastornos mentales, destacando los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos psicóticos. Durante ese año se produjeron 19.679 ingresos en las camas de enfermería de los centros penitenciarios, de los cuales 8.423 fueron motivados por patología psiquiátrica (42,8%). Como es obvio, los internos que presentan patologías de salud mental requieren de una atención especializada, aunque son muchas las dificultades para llevarla a cabo en las debidas condiciones en los centros penitenciarios.

Salud mental y privacion de libertad.

¿Qué ocurriría si el profesional a quien confías tus secretos más íntimos tiene obligación de colaborar con las autoridades encargadas de perseguir delitos? Las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico excluyen la obligación del abogado de denunciar la comisión de un hecho delictivo del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, es más, todo aquello que conozcan en el marco del ejercicio de su profesión está protegido por el secreto profesional, por la más estricta confidencialidad que envuelve la relación del ciudadano con su abogado. La creciente preocupación existente a nivel internacional por la legalización de las ganancias procedentes de una actividad delictiva ha supuesto que nuestro Estado se adapte a la normativa europea en la que se pretende impedir el lavado de dinero procedente de un hecho delictivo. Dentro de esa finalidad se enmarcó la aprobación de la primera Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que, tras sucesivas modificaciones posteriores y con el propósito de evitar que algunos profesionales, como es el abogado, con su asesoramiento, coadyuven a la legalización de aquellas ilícitas ganancias, se le incluyó como sujeto obligado de esa normativa. Nos encontramos ante una legislación que se sitúa en el ámbito de la prevención y no de la represión que, además, permite poner a disposición de los poderes públicos una radiografía financiera del ciudadano. La Ley, para el cumplimiento de su finalidad, cuenta con una serie de órganos que, por supuesto son capaces de sancionar en el caso desu incumplimiento, pero también, son capaces de elaborar Informes de Inteligencia Financiera, precursores del inicio de un procedimiento penal, por eventuales comisiones del delito de blanqueo de capitales.Por tanto, ¿qué ocurre si una normativa administrativa impone a concretos profesionales determinadas obligaciones de comunicación de indicios delictivos que detecten en el ejercicio de su función profesional? Y,¿si a todo lo anterior añadimos que, las consecuencias del incumplimiento de esta normativa administrativa, además de las correspondientes sanciones impuestas en esta vía,podría incluso suponer que el sujeto obligado fuera investigado por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente?Todo ello y otras muchas cuestiones relativas a la compatibilidad de esta Ley con nuestro ordenamiento jurídico son algunas de las dificultades que pretendemos evidenciar a través de esta obra, que finaliza con el estudio de las consecuencias derivadas de su incumplimiento desde el punto de vista administrativo y penal. Paola Úbeda Martinez-Valera cuenta con más de 15 años de experiencia como abogada en el ámbito del derecho penal económico. Obtuvo la licenciatura en derecho en el año 2003 por la Universidad de Navarra. Posteriormente, compaginándolo con el ejercicio de la abogacía, completó el Máster en Derechos Fundamentales impartido por la UNED. Después de su paso por otros despachos, hace 12 años comenzó a prestar sus servicios profesionales en el prestigioso despacho Sanchez-Junco Abogados, del que en la actualidad es Counsel. Durante todo este tiempo se ha dedicado al asesoramiento y defensa en el campo del Derecho penal de los negocios y de la empresa, así como a la asistencia letrada en esta concreta rama del Derecho penal, habiendo participado en los más importantes procedimientos que se han seguido en distintos tribunales de nuestro país. Es Profesora de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Máster de Derecho Penal Económico de la URJC (Cátedra de Grant Thornton) y en el Programa avanzado en Consejo de Administración, impartido por la UNIR. Es Doctora en Derecho por la UNED con la calificación de sobresaliente cum laude en la especialidad de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo

Este libro aborda el tratamiento policial y judicial del fenómeno de la criminalidad organizada, aunando el enfoque estrictamente jurídico con el criminológico para arrojar una visión práctica y clarificadora del panorama, que debido a las sucesivas reformas legales, la técnica legislativa empleada y la confluencia del ordenamiento español con el internacional, puede resultar confuso en muchos aspectos.Este estudio tiene en cuenta las disposiciones contenidas en las normas sustantivas y procesales españolas, así como la copiosa jurisprudencia que las desarrolla, pero también el contexto normativo de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, dando respuesta a cuestiones prácticas como la distinción entre los supuestos de mera codelincuencia y los de auténtica criminalidad organizada, distinguiendo dentro de ésta entre organizaciones y grupos criminales, estudiando las distintas agravaciones penológicas y fijando los criterios para la resolución de los problemas concursales que pueden surgir. Se estudian asimismo los puntos de confluencia y las diferencias entre criminalidad organizada y terrorismo, prestando especial atención al tratamiento procesal diferenciado que reciben estas figuras frente a la delincuencia ordinaria.La presente obra pretende por tanto ser interesante para el estudioso de estos fenómenos, pero también constituir un compendio útil para clarificar conceptos, pudiendo utilizarse a modo de guía práctica por los aplicadores de las normas jurídicas, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Jueces y Magistrados, Fiscales y, cómo no, Abogados penalistas. Manuel Cerrada Moreno (Madrid, 1983) es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid («Sobresaliente cum laude») y Experto Universitario en Crimen Organizado Transnacional y Seguridad por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED. Es también Doctorando en Seguridad Internacional por el mismo centro, y cuenta con diversas publicaciones y estudios de postgrado. Ha ejercido como Abogado y como Juez sustituto, sirviendo en órganos de los órdenes jurisdiccionales civil y penal.

Criminalidad organizada

La inquietud que existe en nuestra sociedad por el aumento de la delincuencia juvenil, así como la ineficacia del endurecimiento de las sanciones contemplado en las últimas reformas de la Ley del menor, exige profundizar en soluciones educativas que se alejen del modelo de gestión de los riesgos. En este marco, la presente investigación ha tenido por objeto el estudio de la medida de libertad vigilada, regulada en nuestro ordenamiento jurídico como una de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal del menor, cuya implementación permite realizar un seguimiento de este muy de cerca, a través del cual puede llevarse a cabo una intervención sociopedagógica individualizada y de supervisión de sus actividades. Las principales conclusiones han sido tanto la necesidad de delimitar la finalidad educativa de esta medida como la obligación de reforzar las garantías penales y procesales que corresponden al menor. Así, pretender abordar la totalidad o gran parte de las carencias y problemas de los menores a través de la imposición de reglas de conducta u obligaciones añadidas a las establecidas en sentencia, conduce a que muchos de ellos con una gran desestructuración personal incumplan tales normas. A su vez, no puede desconocerse que la flexibilización de las garantías admitida en Derecho penal juvenil en aras del superior interés del menor, no puede traducirse en una merma de las mismas.María Cruz Ruiz Reyes. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza.Doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza.Juez sustituta en Juzgados de Zaragoza, Huesca y Teruel.Profesora del MU en Derecho Penal económico de la UNIR.

Libertad vigilada y responsabilidad penal del menor

El reconocimiento de la salud como Derecho humano fundamental, tras la segunda guerra mundial del siglo XX, naturalizó, junto a otros efectos, que su protección alcanzase los niveles máximos que permite el ordenamiento jurídico a través de la intervención penal para las afectaciones más graves contra la misma.Esta posibilidad ha generado una doble corriente de interpretación de la salud como Derecho humano y como bien jurídico de interés penal que, dada la importancia que la misma ha recobrado durante la pandemia de la COVID 19, ha obligado al análisis conjunto, al encuentro, de ambos enfoques y de las implicaciones constitucionales y político criminales que conllevan.Este segundo volumen, fruto de la colaboración iniciada en 2022 entre las casas editoriales J.M. Bosch Editor, de España, y Editorial Jurídica Continental, de Costa Rica, aborda la protección penal de la salud conforme a las resoluciones del TEDH y de la corte IDH, siguiendo el modelo de trabajo de la publicación precedente: el estudio de las resoluciones de los dos altos tribunales en materias de interés común en ambas regiones, lo cual permite identificar los puntos de encuentro y las diferencias que los ordenamientos jurídicos de ambas regiones plantean ante la protección de un interés idéntico de carácter universal.Como en la primera colaboración entre las editoriales, Principios y garantías penales y procesales en la doctrina de la CIDH y el TEDH (2022), investigadores españoles y costarricenses afrontan el estudio de las crisis sanitarias, los problemas del consentimiento, las esterilizaciones no consentidas, la fecundación in vitro o los suicidios en prisión, incorporando en el lado del TEDH a nuevos investigadores de la Unión Europea, ampliando, de ese modo, las perspectivas que plantea un tema complejo del mayor interés, facilitando al investigador y al profesional del Derecho comprender mejor las reglas, principios y tendencias que, sobre el tratamiento de la salud de las personas, forma parte de la doctrina vigente de ambos tribunales de Derechos Humanos.

La proteccion penal de la salud conforme a las resoluciones

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuyos presupuestos se establecen en el art. 31 bis.1 del Código Penal, ha venido provocando numerosas controversias doctrinales sobre algunos aspectos, como los relacionados con su configuración legal, su naturaleza jurídica, incluso su propia razón de ser, las cuales dificultan una aplicación uniforme y más precisa del sistema que integra dicha responsabilidad penal, llegando a poner en peligro la aplicación a las personas jurídicas de los principios irrenunciables que informan el derecho penal, lo que ha supuesto que la práctica judicial, a día de hoy, todavía adolezca del especial rigor que requiere el tratamiento de cualquier cuestión que se desarrolle en este ámbito. En esta obra se analizan estas cuestiones, tratando de ofrecer respuestas a las mismas con propuestas de mejora al respecto. También se definen conceptos como la «eficacia» en la adopción y ejecución de los programas de compliance penal (fundamental para que la persona jurídica quede exenta de responsabilidad penal), o la figura, funciones y límites de la responsabilidad del oficial de cumplimiento o compliance officer, estudiando los programas de compliance de forma que nos permitan conseguir con alto grado de probabilidad, llegado el caso, la aplicación de la eximente, teniendo siempre en cuenta que una acertada gestión de los aspectos procesales en lo atinente a la persona jurídica son muy importantes para lograr dicho objetivo.La obra se divide en tres grandes bloques: un primer bloque en el que se analiza el actual sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde un punto de vista dogmático, con las principales discusiones doctrinales al respecto; un segundo bloque, en el que predomina una exposición más enfocada en la práctica, dedicado a la adopción y ejecución con eficacia de los programas de compliance y el cumplimiento de otros requisitos exigidos en el artículo 31 bis del Código Penal, así como al estudio de las principales cuestiones de índole procesal penal en relación con las personas jurídicas; y un tercer bloque en el que se muestra, mediante el análisis de algunas sentencias, la vigente doctrina del Tribunal Supremo y cómo está siendo llevada a cabo la práctica judicial en los procesos penales en los que intervienen las personas jurídicas.Carlos Manuel Cuevas Oltra es graduado en derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y doctor en derecho penal por la misma universidad, habiendo obtenido la calificación de sobresaliente con mención cum laude por unanimidad, con propuesta a premio extraordinario de doctorado, por su tesis dedicada a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance. Es abogado especializado en derecho penal, área en la que integra la elaboración y diseño de programas de compliance penal para las personas jurídicas, en el despacho multidisciplinar BM Abogados-Economistas. También es profesor-tutor de Derecho Financiero y Tributario en la UNED.

Personas juridicas delitos garantias y compliance

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 -incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876-. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976.  No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en las vigentes Constituciones de Italia de 22 de diciembre 1947, francesa de 4 de octubre de 1958 -ni siquiera después de la reforma constitucional introducida en 2003-, ni en la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949. Sin embargo, Alemania sí fue pionera en limitar la autonomía de la libertad contractual iniciando las restricciones a la libertad de mercado desde el siglo XIX -así, por ejemplo, la Ley de 1894 sobre plazos en materia de préstamos en los que se establecen requisitos y límites a las cláusulas abusivas en los contrato de créditos para compra de bienes muebles-, aunque no fue hasta la década de los sesenta cuando se inició la protección legal de los consumidores y usuarios.  La defensa de los consumidores ha tenido una gran evolución desde la entrada del Código Penal de 1995. El tipo de conflicto jurídico que suele ir aparejado a esta relación entre consumidor y ofertante de los servicios ha ido evolucionando desde su respuesta civil y la administrativa, en los casos en que la administración tiene que sancionar de terminadas conductas, a su entrada en el Código penal.  Un tema aparentemente sencillo sería determinar qué rama del ordenamiento jurídico debe de intervenir para proteger los intereses de los consumidores. En principio las relaciones contractuales relativas al consumo no tendrían que tener mayor problema que las derivadas del Derecho contractual civil. Sin embargo, las nuevas formas de producción y de contratación en masa hacen inviable dicha posibilidad y es por ello que el Derecho administrativo y el Derecho penal entran de lleno en la protección del consumidor como sujeto pasivo abstracto que representa a una colectividad. Por tanto, los resultados que afecten directamente al patrimonio de un sujeto individual se protegerán con los delitos patrimoniales y, dado que afecta directamente al patrimonio, el Derecho administrativo no va a actuarà

Editorial Dykinson, S.l.

Dykinson

Derecho y consumo

Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión pública y una clara desafección de las personas hacia aquellos que tienen como responsabilidad su representación en el seno de la soberanía nacional.Esta situación se ha vuelto especialmente grave, cuando los casos de corrupción y de financiación ilegal se han producido en plenas crisis económicas como las de 2008, o incluso durante las crisis sanitarias, como la reciente pandemia del Covid-19, cuyos casos aún no han salido a la luz de la opinión pública. Esto acontece por la propia contradicción que esta situación supone, ya que los organismos políticos afirmaban que eran necesarios más recortes, cuando ellos mismos financiaban sus campañas de forma ilícita, generando un desequilibrio entre las fuerzas que se presentaban.Han sido diversas las reformas que se han producido tanto en la normativa aplicable a los partidos políticos como en nuestro Código Penal, siendo este el objeto de estudio de esta investigación. El objetivo general de esta monografía es llevar a cabo un análisis sobre la financiación ilegal de los partidos políticos en el marco del Derecho español y las medidas normativas que se han adoptado al respecto, para valorar la efectividad de las mismas. Por ende, se realiza un repaso por la evolución normativa y social en nuestro país de las distintas medidas que se han ido adoptando en torno a este tema, y también de lo dispuesto en el marco internacional. JOSÉ ANTONIO BOADA GUTIÉRREZ.-Doctor en Derecho Penal Económico. Línea de investigación ?El Tratamiento de la Financiación Ilícita de los Partidos Políticos Respuesta General desde el Derecho Penal.-University Internacional de la Rioja Unir Facultad de Derecho. Escuela de Doctorado.-Abogado. Miembro del Iltre Col.legi de l'advocacia de Barcelona ICAB.-Miembro del Iltre Col.legi de l'advocacia Penal Internacional CAPI Barcelona.-Máster Universitario en Derecho Penal Económico. University Internacional de la Rioja Unir Facultad de Derecho.-Máster Universitario en Derecho Penal Internacional y Transnacional University Internacional de la Rioja Unir Facultad de Derecho.-Coordinador de Relaciones institucionales de la Asociación Defenda Asociación para la Defensa de la Abogacía Española.-Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort.-Miembro de la Asociación Española de Canonistas.-Miembro de la Asociación Internacional de Abogados Laboralistas IELA.-Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros.-Miembro de la Asociación Española de Mediación.

J.m.bosch

La financiacion ilicita de los partidos politicos

El modelo actual de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha relegado a un segundo plano el sistema de determinación de sus penas. Hay aspectos que no están regulados, al tiempo que la normativa específica es imprecisa y requiere, en ocasiones, una interpretación (condicionada por el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que se defienda). No queda claro, además, si se puede acudir de manera subsidiaria a la regulación general prevista para las personas físicas para subsanar estas cuestiones.Este trabajo ha perseguido perfilar, desde un modelo autónomo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, un sistema de determinación de la pena de las personas jurídicas coherente y pleno que resolviera, además, algunas incertidumbres heredadas del sistema general de determinación de la pena. Con este objetivo el libro ha quedado organizado en siete capítulos: introducción; descripción del modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas; elementos del sistema específico de consecuencias jurídicas del delito para las personas jurídicas; finalidad de las penas para las personas jurídicas; reglas de determinación de las penas para las personas jurídicas; acumulación de penas y concursos de delitos; las consecuencias accesorias del art. 129 CP.Juan Luis FUENTES OSORIO se licencia en Derecho en1996 en la Universidad de Granada. Continúa su formación como becario pre-doctoral en la Ludwig-Maximiliams Universität München (programa ?DAAD?-?La Caixa?) y en la Universidad de Jaén. En 2003 obtiene el título de doctor en Derecho por la Universidad de Jaén (con el trabajo La anticipación de la tutela penal y los actos preparatorios del delito) y en 2006 el de Experto Universitario en Criminología por la UNED. Es profesor Titular en la Universidad de Jaén desde noviembre de 2017. Ha realizado numerosas estancias de investigación en instituciones de reconocido prestigio (universidades de Bolonia, Múnich, Humboldt-Berlín y Oxford entre otras) y tiene una amplia producción investigadora con varias monografías y más de 40 publicaciones sobre temas de la parte general y especial del Derecho penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las consecuencias jurídicas del delito y el derecho penitenciario.

Sistema de determinación de las penas impuestas a las personas jurídicas

Existe Derecho en la literatura y literatura en el Derecho. Las dos disciplinas se ven mutuamente enriquecidas por una recíproca interacción funcional. La presente obra profundiza en esa interrelación de la mano de tres destacados autores de la Historia de la Literatura: Cervantes y el sabroso pasaje de los galeotes, Oscar Wilde y su patético y conmovedor relato de sus experiencias penitenciarias y Azorín, autor de un desconocido texto criminológico. Los autores de este libro, los Doctores Raúl Carrancá y Rivas (Catedrático de la UNAM, abogado penalista, escritor y destacado pensador latinoamericano) y Miguel Polaino-Orts (Profesor de Derecho penal en la Universidad de Sevilla), han compaginado sus investigaciones jurídicas con otras obras estrictamente literarias. En el presente ensayo, los Profesores Carrancá y Rivas y Polaino-Orts, juristas amantes de las buenas letras, unen profesión y devoción y nos ofrecen cinco estudios atractivos y sugerentes no sólo para el jurista sino para todo cultivador de la literatura y el humanismo. Un peculiar paseo por la literatura que deleitará al lector desde la primera a la última página.  Raúl Carrancá y Rivas, abogado y escritor, nació en la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1930. Hijo de madre catalana y padre mexicano. A los 21 años comenzó a impartir clases de lengua y literatura españolas y de oratoria en la Escuela Nacional Preparatoria. Desde 1959 imparte la cátedra de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde fue Director del Seminario de Derecho Penal y ahora, desde 2016, Profesor Emérito. Es número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Fue Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal y director de la Revista Mexicana de Derecho Penal y de la revista Criminalia. Sus dos primeras obras fueron literarias: El mundo al revés (1953) y Homenaje a Mazatlán (1956). Entre su obra como penalista destacan: La participación delictuosa (1957); Don Juan a la luz del Derecho Penal (1969); La Universidad Mexicana (1969); La readaptación social de los sentenciados (1971); Derecho Penitenciario. Cárcel y penas en México (3ª. edic., 1981); El drama penal (2ª. edic. 1982); El arte del Derecho. Magister Iuris (2ª. edic., 1987); El Derecho y la palabra (Ius Semper Loquitur) (1998); Derecho y libertad (2003); Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada Anotada (2005); Filosofía del Derecho Penal (2009); Teoría de la culpabilidad (2013); El Derecho, la vida y el hombre (2015); El hombre y la cárcel (el drama de Óscar Wilde), (2016). Muy difundidos son Derecho Penal Mexicano. Parte General y Código Penal Anotado, en coautoría con Raúl Carrancá y Trujillo, con muchas ediciones hasta el presente. Es autor de la novela Las palabras del amor en la máquina del tiempo (Deus ex machina) (2016).  Miguel Polaino-Orts es Profesor de Derecho penal en la Universidad de Sevilla. Doctor en Derecho con Premio Extraordinario. Premio del Ayuntamiento de Sevilla a la mejor tesis doctoral. Discípulo del profesor Günther Jakobs en la Universidad de Bonn. Conferenciante y profesor invitado en Europa, Asia e Hispanoamérica. Ha recibido diversos galardones y reconocimientos honoríficos, y forma parte de varias comisiones de reforma de legislaciones latinoamericanas. Entre su obra destacan: Cometer delitos con palabras (2004; 3ª. edic., 2017); Derecho penal del enemigo (2009; con cuatro ediciones posteriores); Terrorismo y Estado de Derecho (2009) y Delitos de organización: un desafío al Estado (2009), junto al prof. Jakobs; Derecho penal como sistema de autodeterminación personal (2010); La imputación penal a debate (2010; 2ª. edic., 2014, con el prof. Miró Llinares); Funcionalismo penal y autodeterminación personal (2013); Funcionalismo penal constitucional (2017), entre otras. Entre su obra ensayística y literaria se hallan Presencia de Ramón Xirau (2018), Sergio Ramírez entrevisto (2018), sendas introducciones a las obras de Rubén Darío España Contemporánea (2016) y Semblanzas de Emilio Castelar (2018) así como la edición de Primavera en Eaton Hastings, de Pedro Garfias (2018). Es traductor de obras del alemán y del italiano al español, miembro del consejo de redacción de la revista Entorno Literario (Granada) y redactor de la revista Matices (México), en las que publica artículos literarios.

Cervantes, wilde, azorín. Cinco estudios de derecho penal y literatura

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el derecho penal de nuestro tiempo, tanto en España como en los países de nuestro entorno, es el de sostener una protección eficaz del Patrimonio Histórico y los bienes culturales, conforme a una lectura con

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La defensa penal del patrimonio arqueológico

La materia que afronta este libro se denomina Técnicas de Investigación Criminológicas, que no debemos confundir con el otro libro publicado con el título de Técnicas de Investigación Criminal, y quiero pensar que los conocimientos están lo suficientemen

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Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica

La obra que se presenta constituye un estudio completo del delito de publicidad engañosa. Desde tal dimensión, la autora realiza un exhaustivo análisis de las cuestiones nucleares que atañen el artículo 282 del Texto punitivo; fijando la investigación en

El delito de publicidad engañosa

El crimen contra la humanidad, al ser una figura penal que aglutina delitos comunes en un contexto determinado, ha sido, y sigue siendo, interpretado de maneras diversas en función de los hechos atroces que se pretenden castigar. Esta maleabilidad del crimen ha provocado que existan muchas y diversas formas de tipificarlo, y que por ende, exista una gran confusión en su interpretación y aplicación. La presente monografía persigue aclarar los elementos definitorios del crimen contra la humanidad para evitar la ambigüedad en su aplicación, y para ello realiza un estudio de la figura criminal, remontándose a sus orígenes y acompañándola durante todo su periodo evolutivo &#150;Tribunales Militares de Núremberg y Tokio, Ley de Control Aliado nº.10 y jurisprudencia de los tribunales post Núremberg, distintas tipificaciones en los proyectos de Códigos de crímenes contra la paz y seguridad de la humanidad de la Comisión de Derecho Internacional&#150; hasta la concreción de sus características actuales en la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales ad-hoc de la Ex Yugoslavia y Ruanda y su consagración en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Durante este viaje se analizan los elementos generales o contextuales del crimen, su aplicación jurisprudencial y su interpretación doctrinal. En la última parte de la obra se analiza la transmutación de la figura del crimen contra la humanidad al delito de lesa humanidad en el Código Penal español, y el estudio del mismo así como de los distintos tipos específicos en función del delito subyacente que se haya cometido.

El crimen contra la humanidad

El fenomeno delictivo de la corrupcion ha alcanzado en los ultimos años una expansion creciente que requiere ser analizada desde una optica multidisciplinar sin concentrarse unicamente en el estudio de las diversas infracciones presentes en el Codigo Pen

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Miedo, control social y política criminal. Una visión multidisciplinar de la seguridad, derechos y libertades

El lector, con la presente obra, encontrará un estudio detallado sobre Preterintencion - Imputación Objetiva, comenzando por el concepto de cada una de estas conductas, sus características, doctrinas antiguas y modernas que la sustentan en cuanto a lo polémico de la preterintención, haciendo un estudio sobre su evolución doctrinal y jurisprudencial. El fundamento de la obra, se encuentra en el pensamiento de la doctrina clásica italiana, española, la influencia de la doctrina Alemana en nuestro derecho, para terminar en los grandes pensadores colombianos y chilenos.En esta obra se encontrarán diversas teorías, que tratan de explicar la naturaleza de la Preterintencion - Imputación Objetiva.  En cuanto a la preterintencionalidad, señalamos las similitudes que esta institución tiene entre la mistura de un delito culposos y uno doloso, marcamos nuestra toma de posición, la cual es similar a la doctrina española, que se recomienda la derogatoria de esta vetusta institución.  En un capítulo de cierre, se hace un estudio sobre la imputabilidad objetiva de resultado, y las conductas dolosas, culposas y preterintencionales.Finalmente y no menos importante el lector tendrá con la presente obra, abundantes citas de jurisprudencias colombina, española, así como citas legislativas de ambos países, con el fin de que se tenga un conocimiento amplio sobre el tema. Gianni Egidio Piva Torres. Abogado.Estudió en la Universidad Santamaría y en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez. Especialista en Derecho Civil, Procesal Civil, Penal y Procesal Penal.Especialista en materia de Drogas. Asistente a la Vice Presidencia del Colegio de Abogados, Estado de Carabobo. Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá Colombia.  Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez, Carabobo, Venezuela.  Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave.Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz.  Condecoración por el Colegio de Abogados, Estado Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos. Es conferenciante habitual y las citas a sus obras aparecen en múltiples decisiones de los Tribunales.Contabiliza más de 60 publicaciones. Ha editado en Colombia, Venezuela, Bolivia y España.Alfonzo GranadiiloAbogado. Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay, Estado Aragua).  Master en Derecho Penal. Experto en criminalística. Profesor en la Universidad de Carabobo. Ex vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado de Carabobo (Venezuela)Es autor de diferentes obras de Derecho penal, publicadas en Venezuela, Colombia y España.

Preterintencion. Imputacion objetiva

Entre jueces y reos. Las postrimerías del derecho penal absolutista

En este libro, de forma novedosa, se trata de forma conjunta la prescripción y la imprescriptibilidad de los delitos, estudiando la evolución histórica de cada una de estas figuras desde sus orígenes hasta su actual regulación en el Código Penal español tras su modificación por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, con mención especial a la importante reforma operada en la materia por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Asimismo, se estudian los fundamentos jurídicos y filosóficos de estos conceptos, prestando especial atención a la noción de imprescriptibilidad surgida tras la Segunda Guerra Mundial y los Juicios de Núremberg con el fin de evitar la impunidad de los crímenes considerados más graves. Se realizan cumplidas referencias a los tratados internacionales sobre la materia, hoy culminados por el vigente Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional, y se abordan cuestiones tales como la relativa a la asignación de una determinada naturaleza jurídica a la prescripción y los problemas de orden práctico que ello suscita, como es la posibilidad o no de aplicación retroactiva de las normas que modifiquen el régimen legal de prescripción de un delito o declaren su imprescriptibilidad. Manuel Cerrada Moreno (Madrid, 1983) es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con calificación de ?Sobresaliente cum laude?. Ha ejercido como Abogado, cuenta con diversas publicaciones y ha impartido cursos y conferencias sobre distintas materias jurídicas.  Actualmente, trabaja como Juez sustituto, desempeñando sus funciones en los órdenes jurisdiccionales civil y penal.

Prescripción e imprescriptibilidad de los delitos

En este nuevo libro que publican sus autores se ofrece un análisis sobre las consecuencias jurídicas del delito, tanto en relación a las personas físicas como a las jurídicas, examinándose las penas privativas de libertad, el beneficio de la inejecución

Penas, medidas y otras consecuencias jurídicas del delito

Nuestro punto de partida fundamental es que la firmeza frente al delito no puede explicarse al margen de los grandes cambios que experimentan nuestras sociedades contemporáneas, entendidas por ejemplo siguiendo a Beck . Los mismos por un lado remueven fo

La aplicación práctica de la segunda oportunidad: Problemas y respuestas (2019)

Salud mental y privacion de libertad. (2021)

Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo (2024)

Criminalidad organizada (2020)

Libertad vigilada y responsabilidad penal del menor (2023)

La proteccion penal de la salud conforme a las resoluciones (2023)

Personas juridicas delitos garantias y compliance (2023)

Derecho y consumo

La financiacion ilicita de los partidos politicos (2025)

Sistema de determinación de las penas impuestas a las personas jurídicas (2023)

Cervantes, wilde, azorín. Cinco estudios de derecho penal y literatura (2018)

La defensa penal del patrimonio arqueológico (2016)

Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación criminológica (2017)

El delito de publicidad engañosa (2017)

El crimen contra la humanidad (2016)

Prevención y tratamiento punitivo de la corrupción en la contratación pública y (2016)

Tutela penal de las administraciones públicas (2015)

La protección penal del medio ambiente y su relación con la seguridad pública y (2016)

Miedo, control social y política criminal. Una visión multidisciplinar de la seguridad, derechos y libertades (2017)

Preterintencion. Imputacion objetiva (2024)

Entre jueces y reos. Las postrimerías del derecho penal absolutista (2015)

Prescripción e imprescriptibilidad de los delitos (2018)

Penas, medidas y otras consecuencias jurídicas del delito (2017)

Firmeza frente al delito y comunidad en la modernidad reflexiva (2017)