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La LEC 1/2000 realizó una regulación nueva y compleja de la prueba pericial que, en la práctica de sus primeros quince años de vigencia, ha originado infinidad de problemas de todo tipo. Y ello es especialmente crítico por cuanto esta prueba es fundamental para la justa resolución del proceso en aquellos casos en los que el juez precisa de conocimientos científicos, técnicos o especializados. La LEC, en vez de configurar la pericia como un mecanismo de auxilio por parte del juez, la ha privatizado y dejado en manos de las partes, por lo que se reduce al máximo el protagonismo del juez. Todo ello justifica que los profesionales del derecho -preocupados por esta realidad normativa- así como los peritos -principales afectados por dicha regulación- estén pendientes de todas las obras referentes a la prueba pericial. Y aquí van a encontrar un excelente libro que no solo aborda críticamente los muchos problemas de la prueba pericial sino que formula soluciones eficaces para afrontarlos, con la participación de brillantes profesionales del derecho (magistrados, catedráticos y profesores titulares de universidad, y abogados de reconocido prestigio) y técnico-periciales (médicos, arquitectos, ingenieros, psicólogos, entre otros).

Peritaje y prueba pericial

La expansión transnacional del sistema de producción capitalista es el caldo de cultivo idóneo para albergar situaciones sociolaborales internacionales de carácter sustantivo y procesal. Las relaciones laborales internacionales de cariz sustantivo gozan de una regulación jurídica internacional, comunitaria y autónoma; sin embargo, las situaciones sociolaborales internacionales de naturaleza procesal (el proceso laboral internacional) presentan una regulación insuficiente donde aflora una laguna jurídica debido a la inexistencia de una normativa procesal expresa que integre el elemento sociológico (litigación laboral internacional) y axiológico (justicia social a nivel supranacional).Esta laguna jurídica perdurará hasta que el fenómeno de la litigación laboral internacional penetre en la conciencia social del pueblo y de los poderes públicos. Llegados a este punto, y hasta tanto no aparezca una regulación de ese calado, los operadores jurídicos seguirán aplicando supletoriamente normas del proceso civil internacional contrarias a la axiología y estructura del proceso laboral internacional.Este libro tiene por misión preparar el camino de una futura regulación vanguardista del proceso laboral internacional en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social y, asimismo, servir de herramienta provisional a los operadores jurídicos que en su devenir diario se enfrentan a esta laguna jurídica. En la actualidad, la litigación laboral internacional es una realidad jurídica menor, si bien, en el futuro inmediato, adquirirá rasgos de praxis iuslaboralista generalizada ante los órganos judiciales del orden social.

El proceso laboral internacional

El siglo XV, en las coronas de Castilla y Aragón, finaliza con la implantación de los tribunales de la inquisición, para dar cumplimiento al mandato del Papa. Estos años serán el punto de inflexión donde confluyan la edad media y la edad moderna. La Fe y la justicia pasarán a formar un conjunto simbiótico que va a ser normativizado mediante la creación de un derecho procesal nacional por parte de los sucesivos inquisidores. Derecho que pretende adaptarse a los principios nacientes a la luz de la nueva etapa histórica que está por desarrollarse en la monarquía hispánica y que se aleja de la legalidad canónica cuando ésta no prevé ciertas garantías que emanan de esos principios.Irene Sánchez Fonseca jurista nacida en Asturias el 28 de octubre de 1991. Estudió el grado de Derecho en la Universidad de Oviedo y realizó diferentes cursos de la misma institución entre los cuales destacan Asturias, los astures y la romanización, la criminalidad a través del cine y Poder político y religión en Egipto.Actualmente cursando el master interuniversitario de investigación en ciencia jurídica y derecho de la cultura impartido por la UNED y la UC3M de cara a la realización del Doctorado en Historia del Derecho.

Inquisición.

La venta judicial constituye el acto procesal de apremio más generalmente admitido para la conversión en dinero de los bienes del deudor y su entrega al ejecutante en pago de su crédito, cobrando especial protagonismo la realización de los bienes del deudor mediante su venta a través de los mecanismos procesales que autoriza el legislador por convenio entre las partes, enajenación o venta por persona especializada y venta mediante subasta pública, siendo estos dos últimos los más comúnmente admitidos para la venta judicial de inmuebles. Hipoteca y embargo son los derechos de realización de valor más comunes que recaen sobre los bienes inmuebles y que, al actuar como cargas, influyen en la determinación final del precio una vez practicada la operación procesal que conocemos como liquidación de cargas. El camino procesal elegido para la ejecución, incide directa o indirectamente en la venta judicial del bien inmueble y en el producto con ella obtenido respecto del acreedor ejecutante y de los titulares de créditos posteriores que lo gravan a la hora de contraponer las normas de la ejecución ordinaria con las especialidades propias de la ejecución hipotecaria. La prohibición de disponer como carga que grava el bien inmueble cobra especial interés en los actos de ejecución forzosa como lo es la venta judicial, sin dejar de lado el mecanismo judicial de venta del bien en subasta voluntaria en supuestos como la tan generalizada venta para división de la cosa común.Josep Maria Sabater Sabaté es Letrado de la Administración de Justicia y Doctor en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili en la que ejerce como profesor asociado de Derecho Procesal en su Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero. Es autor de diversos trabajos y publicaciones, entre los que destacan en el ámbito de la ejecución procesal civil, La liquidación de cargas en el proceso de ejecución civil (JMª. Bosch Editor, Barcelona 2013), El alcance cuantitativo de la anotación preventiva de embargo y el derecho del acreedor a la satisfacción íntegra de su crédito (?JUSTICIA. Revista de Derecho Procesal?, 2013, núm. 2, pp. 409 a 446) y el Comentario al art. 666 LEC (en ?Práctica Procesal Civil Brocá/Majada/Corbal?, directores Corbal Fernández, J., Izquierdo Blanco, P. y Picó Junoy, J., 23ª edición, Bosch, Barcelona 2014, tomo VIII, pp. 7478-7499).

La venta judicial de inmuebles

A decir verdad aunque la puesta en escena de cada uno de los principales protagonistas rezuma un profundo psicologismo que en el personaje central acapara lo errático y, patológico, lo que persigue el autor ?abogado y psicólogo- es plasmar el relato de un caso judicial real, convirtiéndolo en realismo mágico, consciente de que su novelación proporcionará otras claves y respuestas que la realidad oficial no pudo tomar en consideración cuando se celebró el juicio. Casualmente en el pasado año con ocasión de una entrevista a Ferdinand von Schirach, muy buen novelista de temas como el presente, contestó cuando se le preguntó por la verdad Solo queda verdad en el arte y en los tribunales, expresión esta última que cabría relacionar con el principio judicial res iudicata pro veritate habetur . Algo que encaja con otra locución del periodista Xavi Ayén: la verdad no está en la realidad, está en las novelas. Por esto el final de la obra viene a ser como un llamamiento al lector atento para que desentrañe lo que ni el autor ni el Presidente del Tribunal parecen ponerse de acuerdo.Luis Muñoz Sabaté natural de Barcelona donde reside y de cuya Universidad fue Profesor Titular de Derecho Procesal. Ejerciente como abogado es además Psicólogo Clínico por la Facultad de Medicina de dicha ciudad. Autor de numerosas obras de derecho que generalmente tratan sobre la prueba, cabe destacar Técnica Probatoria, un auténtico best seller sobre esta materia, actualmente reeditada, y la más reciente La prueba de indicios en el proceso judicial. En el plano psicológico su obra preferida es Enfermedad y Justicia. El papel del derecho en la psicoterapia individual y colectiva.

J. M. Bosch Editor

La doble pasión y muerte de helena guzmán

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas.En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la Constitución, cuya infracción no es consecuencia de cualquier denegación judicial de peticiones de actividad probatoria, sino que requiere un efecto material de indefensión efectiva: requiere que la actividad no practicada y solicitada en tiempo y forma sea potencialmente trascendente para la resolución del conflicto y que, sin embargo, no haya obtenido una respuesta judicial razonable acerca de su omisión.Por todo ello, esta obra recopila la doctrina jurisprudencial más actual de los tres grandes Tribunales en relación a la prueba en el proceso penal, la interpretación que éstos hacen de las normas y su aplicación, incluyendo los acuerdos plenarios no jurisdiccionales del Tribunal Supremo, resultando muy útil en el ejercicio del Derecho.Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. En la actualidad compatibiliza la práctica de la abogacía, el trabajo de investigación con varios artículos publicados en distintas revistas y la impartición como tutora externa de la asignatura de practicum a través de la Facultad de Derecho.

La prueba en el proceso penal

La presente monografía pretende ser un trabajo en el que se abordan una serie de cuestiones propias de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero desde una perspectiva teórico-práctica: el lector encontrará, por un lado, una profundización notable en determinados aspectos basales de este tipo de responsabilidad, pero, por otro lado, encontrará que ello proyecta consecuencias muy prácticas. Para desarrollar esta doble dimensión se utilizarán algunas resoluciones judiciales de los últimos años que han tenido un cierto impacto en la discusión académica y profesional. Así, en la introducción, nos centramos en un concepto que que resulta, en nuestra opinión, muy útil hoy en día para comprender determinadas cuestiones tanto prácticas como teóricas: el concepto de actor corporativo (Corporate Actor). A partir, la monografía se estructura en cuatro capítulos fundamentales. Primero, la acuñación del concepto de delito corporativo por parte del Tribunal Supremo y su proyección sobre determinadas resoluciones judiciales actuales. Segundo, la conformación de un concepto intrínseco - en nuestro planteamiento - tanto al actor corporativo como al delito corporativo: la cultura (o ausencia de la misma) corporativa de Compliance. En tercer lugar, abordamos, de la mano de una Sentencia reciente del Tribunal Supremo, cómo afecta la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al actor corporativo en el ámbito de la retroactividad de las normas penales. Finalmente, de nuevo gracias a una resolución del Alto Tribunal, abordamos la posición de garante que ostenta el actor corporativo sobre su ámbito de organización - con las consecuencias que de ello se derivan -.

Aranzadi - Monografías

Actor corporativo y delito corporativo

La litigación internacional y el Derecho que la regula, el Derecho procesal internacional, han crecido, de la mano de la globalización de la economía, de modo exponencial Quien haya tenido contacto con este sector del ordenamiento en los últimos años habrá sido testigo de una proliferación de normas, en especial de origen Comunitario, muchas veces difícil de manejar y de un progresivo aumento de los problemas que surgen en la práctica diaria de tribunales y abogados. Las demandas a empresas extranjeras, las notificaciones internacionales, la práctica de pruebas en el extranjero, o el reconocimiento de sentencias de otros Estados eran algo excepcional hace unos años. Hoy es el pan de cada día para muchos jueces y abogados. Ello ha animado a sus autores a llevar a cabo una profunda revisión de la primera edición de esta obra. Esta segunda edición no sólo recorre el Derecho vigente aplicable a los litigios con elementos internacionales, incluido el arbitraje comercial, sino que describe las dificultades que surgen en la actividad diaria de los tribunales y abogados, desgrana las distintas estrategias procesales y propone soluciones prácticas. Ello amplía el abanico de los destinatarios de esta obra a todos aquellos que ya sea por un interés teórico o por necesidad práctica se vean confrontados con este sector del ordenamiento jurídico. A lo largo de todo el trabajo, el rigor y la exhaustividad en el tratamiento de los temas sigue siendo el afán que mueve a sus autores.

Tratados y Manuales

Derecho procesal civil internacional - litigación internacional

Derecho procesal penal (papel + e-book)

Las incertidumbres y las inestables complejidades del tráfico jurídico de la sociedad líquida se reflejan, como no podía ser de otro modo, en los cauces que el ordenamiento prevé con el fin de resolver las controversias que en ella surgen. El proceso se enfrenta a retos insoslayables, que demasiadas veces no son afrontados de manera franca por quienes tienen los medios necesarios para darles respuesta eficaz, entre los que destaca la iniciativa legislativa, aunque no es ni mucho menos el único. Las concretas circunstancias políticas, entendidas en el peor sentido como condiciones de un juego político romo y miope, pesan con frecuencia más que la constatación de las necesidades generales del foro, cuya urgencia conocemos los estudiosos y los profesionales de la justicia; aunque, como es fácil observar, no siempre con una capacidad de convicción suficiente .Sin embargo, la ausencia de voluntad o la incapacidad de quienes han demostrado en repetidas ocasiones velar más por sus propios intereses que por la efectividad de los valores, principios y garantías de un Estado social y democrático de Derecho, no nos hace renunciar a expresar nuestras argumentaciones fundadas. El deber del intelectual jurídico es el de seguir ofreciendo su opinión leal con el fin de contribuir, antes o después, al perfeccionamiento del instrumento procesal y también de aquellas vías complementarias que pueden servir, cada una en su concreto ámbito, a la paz jurídica. En la obra que aquí se ofrece a la comunidad jurídica interesada, gracias a la inestimable labor de la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez, un numeroso conjunto de conspicuos juristas diagnostica los problemas actuales de la administración de la justicia y se aventura a proponer sus juiciosas sugerencias, con el objetivo de aportar su esfuerzo en las transformaciones adecuadas que el sistema procesal necesita para ajustarse a las exigencias de la confusa realidad. Quien ostente las consiguientes competencias hará muy bien en fijarse en lo que en estas páginas se recomienda.

Atelier

Processus Iudicii

Derecho procesal: Retos y transformaciones

La convivencia propia del ser humano genera numerosos conflictos y controversias que deben solucionarse mediante un amplio abanico de herramientas. Uno de los principales instrumentos destinados a tal fin es la vía judicial, donde un tercer sujeto, una vez analizadas todas las versiones de una misma historia, decide sobre el final, definitivo o no, de la disputa. Durante el transcurso de su argumentación, los abogados enlazan dos realidades sociales (la Lingüística y el Derecho) que suelen ser desconocidas por gran parte de la sociedad.Por este motivo, la presente obra parte de una serie de casos seguidos por los Juzgados Penales de Barcelona para ofrecer a todos aquellos estudiantes, profesionales del derecho o aquellas personas legas en esta materia una aproximación rigurosa y clara del acto judicial y de las estrategias utilizadas, sobre todo, por los abogados que ejercen la defensa en el ámbito penal.Se trata, en definitiva, de una obra interdisciplinaria, de reflexión, cuyo contenido puede extrapolarse a otros planos del Derecho.JOSÉ TORRES ÁLVAREZ es doctor en Lengua Española y sus literaturas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor del módulo de español para fines específicos International Business and Spanish ofertado por la Aston University (Birmingham). Participa en numerosos congresos nacionales e internacionales y publica en revistas indexadas de reconocido prestigio para difundir los resultados de sus principales líneas de investigación (discurso jurídico, discurso probatorio, semántica y pragmática del derecho y español coloquial). En la actualidad, participa en el proyecto de investigación Santander-UCM PR26/16-20258, dirigido por el doctor Luis Alberto Hernando Cuadrado, labor que compagina con la docencia de la asignatura Lengua Castellana y Literatura en el instituto Esteve Albert, centro perteneciente a la Generalitat de Catalunya.

Lingüística procesal: Estrategias discursivas en los juicios españoles.

La justicia de paz parece estar a punto de desaparecer, para siempre, de la organización judicial española. Tras más de siglo y medio de historia, en nuestro ordenamiento jurídico, el Plan de Justicia 2030 del Ejecutivo central gobernante y, en su implementación, el proyecto de ley Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, pretenden finiquitar los juzgados de paz y en su lugar crear las Oficinas de Justicia en los municipios. El prelegislador alude a una evolución de los juzgados de paz para crear la nueva estructura administrativa (no jurisdiccional), nutriéndose de las Secretarías de aquellos y dotándole de más competencias, si bien prescindiendo de los actuales titulares del órgano judicial unipersonal. La justificación empleada, al efecto, es la falta de eficacia de los juzgados de paz. En este contexto y coyuntura -que puede llegar a ser histórica-, pretendemos valorar lo acertado o erróneo del cambio (mejor, revolución) propuesto, realizando para ello un examen crítico de la materia que va más allá del mero estudio de la transformación del órgano judicial en otro administrativo. La falta de interés de la doctrina por la justicia municipal laica, durante muchos años, requiere un estudio exhaustivo que muestre sus debilidades y fortalezas, que se fije, especialmente, en las grandes críticas que se le han hecho (carácter no técnico de sus titulares, dependencia del Ayuntamiento, cada vez menos competencias), ahora abanderadas por su ineficacia. Solo así se podrá valorar la reforma propuesta y propugnar fórmulas de mejora. Para ello, siguiendo un eje cronológico, se propone la mirada al pasado, al presente y al futuro de la justicia de paz, incidiendo en sus elementos fundamentales.Ixusco Ordeñana Gezuraga. Profesor titular de Derecho procesal de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), compagina labores docentes y de investigación. Imparte clases, tanto a nivel de grado, como de máster, en España y en el extranjero, para alumnado de Derecho. Realizó su Tesis Doctoral sobre la solución extrajurisdiccional de conflictos, reconocida con el premio extraordinario de doctorado, en Boston (Harvard), Inglaterra (Oxford) y Australia (Melbourne). En la senda de su línea principal de investigación, ha escrito seis monografías, abundantes artículos y capítulos de libro, e impartido otras tantas conferencias. Ha reparado en la mediación laboral, familiar, escolar, hipotecaria, cooperativa, penal, concursal, comunitaria, También se ha ocupado del arbitraje, en general, y del laboral, en particular. La víctima, en general, y la de violencia de género, en particular, es otra de sus líneas de investigación, que ha alimentado con becas, estancias en el extranjero y proyectos de investigación de máximo nivel. En este marco cuenta con dos monografías y abundantes capítulos de libros. En el marco del proceso civil, ha trabajo la casación y las particularidades procesales autonómicas. Su resultado se ha plasmado en varios artículos y capítulos de libros. Además, ha coordinado y editado más de 10 obras colectivas. Juez de paz de Sestao (Bizkaia), desde hace 16 años, ha ahondando en el presente y futuro de la justicia de paz, vinculándola con su principal línea de investigación (la resolución extrajudicial de conflictos). Ha plasmado sus reflexiones, previamente, en dos monografías y abundantes artículos.

La justicia de paz: Nuevos tiempos, nuevas (infra)estructura

La existencia de una desigualdad socio-económica entre un trabajador autónomo económicamente dependiente (TAED) y su cliente principal, genera una conciencia social proyectada sobre los poderes públicos que persigue proteger al TAED a través de una norma, el Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), que salvaguarda a este colectivo desde el punto de vista sustantivo y procesal. En este sentido, la protección procesal tiene lugar con una remisión a las normas del proceso laboral (LJS), una solución no baladí, pues de todos es sabido que el proceso laboral nace de una desigualdad socio-económica entre el trabajador y el empresario. Mientras que la dimensión sustantiva ha sido abordada por la doctrina iuslaboralista, la dimensión procesal permanece aún en el baúl de los recuerdos, amparada en el hecho de que, a día de hoy, son residuales los litigios laborales con este centro de imputación objetiva. Sin embargo, en el futuro, todo parece apuntar, se incrementarán exponencialmente y los operadores jurídicos necesitarán contar con un instrumento para encauzar la problemática que plantea su tratamiento procesal interno e internacional y ello para evitar hacer oídos sordos ante la internacionalización socioeconómica, la expansión transnacional de las relaciones laborales y la expansión mundial del sistema de producción capitalista. Nuevos tiempos, nuevos derechos y nuevas pretensiones procesales.

La dimensión del proceso laboral en el trabajo autónomo económicamente dependiente

El libro "Cooperación Judicial Civil y Penal en la Unión Europea: Retos Pendientes y Nuevos Desafíos ante la Transformación Digital del Proceso" se destaca por su abordaje de la compleja dinámica de la cooperación judicial en el ámbito civil y penal dentro de la Unión Europea, en un contexto de vertiginosa transformación digital. La obra examina con agudeza los desafíos que acompañan a esta transformación digital del proceso, que se realiza a diferentes velocidades en los Estados miembros de la UE. Se abordan temas fundamentales, como la protección de datos y la privacidad, la ciberseguridad, la validez probatoria de medios digitales y la inclusión digital en el acceso a la justicia. La obra se enriquece con enfoques multidisciplinarios, presentando un análisis jurídico riguroso combinado con perspectivas tecnológicas. Los autores han logrado una síntesis accesible y profunda que será de gran valor tanto para profesionales del derecho como para investigadores interesados en el impacto de la tecnología en la justicia europea. En conclusión, "Cooperación Judicial Civil y Penal en la Unión Europea" se destaca como una referencia imprescindible en el campo, gracias a su enfoque amplio sobre los desafíos y oportunidades que la transformación digital plantea en el contexto judicial de la Unión Europea.

Cooperacion judicial civil y penal en la unión Europea.

En un mundo en constante evolución, es fundamental que el derecho se adapte a los nuevos desafíos y realidades sociales. El derecho es una disciplina en constante evolución ?en el ámbito jurídico, el cambio es inevitable-, que se nutre de las transformaciones de la sociedad y las demandas de justicia. En un mundo cada vez más interconectado y cambiante, surge la necesidad de repensar nuestras concepciones tradicionales. Es en este contexto que nace: EPÍTOME DISRUPTIVO EN EL DERECHO CONTEMPORANEO. Política Criminal, Teoría, Dogmática y Proceso. Una obra calificada como epítome disruptivo, pues combina de forma útil la teoría y la dogmática en tres materias relacionadas muy profundamente pero que muchas veces son estudiadas de forma independiente. Este libro colectivo es el resultado del esfuerzo conjunto de distinguidos profesores de Alemania, Italia, Israel, Estados Unidos ?EE.UU.? y diferentes países de Iberoamérica para explorar los debates en tres áreas fundamentales: el Derecho Penal, Constitucional y Procesal.?Epítome disruptivo en el derecho contemporáneo" es una invitación a cuestionar lo establecido y a desafiar los límites tradicionales del derecho. En este sentido,epítome disruptivo en el derecho contemporáneo no pretende ser un estudio definitivo, sino un punto de partida para el debate y la reflexión. Esperamos que este libro sea un punto de partida para debates apasionantes, para nuevas investigaciones y para el surgimiento de soluciones justas. ¡Que inspire a los académicos!José L. Cusi Alanoca

Epítome disruptivo en el derecho contemporáneo

La potestad jurisdiccional consiste en la actuación o realización del derecho, es decir, la aplicación del derecho al caso concreto. Los jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, a quienes nuestra Constitución atribuye en exclusiva dicha potestad, son, necesariamente conocedores de las normas jurídicas. El conocimiento del derecho por parte de jueces y magistrados es, posiblemente, tan incontestable como el desconocimiento, por parte de los mismos, de muchísimas materias, ciencias o técnicas que, con ocasión del ejercicio de la potestad jurisdiccional pueden resultar esenciales para discernir o determinar hechos que resultan relevantes o determinantes del contenido de sus resoluciones.El Diccionario de la Real Academia Española define al perito como ?experto o entendido en algo?, y el Diccionario Panhispánico del español jurídico lo hace en los siguientes términos: ?Experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos.?La función de los peritos consiste, así, en aportar sus conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos para que el juez o el tribunal puedan valorar o adquirir certeza sobre los hechos en relación a los cuales el perito emite su informe.Por supuesto que, de un perito, se espera que tenga un alto nivel de conocimiento de la materia sobre la que versará su informe, pues para ello se solicita su dictamen. Pero por si solo, dicho conocimiento no resultará suficiente si el perito no cultiva, a la vez, la capacidad de transmitir dicho conocimiento a personas que, precisamente, carecen de los conocimientos por los que ha sido llamado, y que tampoco, necesariamente, son conocedores del lenguaje especializado propio de su ámbito.La importantísima tarea del perito consiste pues, no sólo en aportar sus conocimientos específicos al proceso, sino, muy principalmente, en hacerlo de tal forma que los operadores jurídicos (y singularmente los jueces y magistrados) que se encuentren en las salas de vistas puedan comprenderlos adecuando sus respectivas actuaciones procesales a lo manifestado por los peritos.El perito, por tanto, es una pieza clave en el proceso, que resultará más determinante de su resolución cuanto más sea capaz de ejercer como traductor e incluso como glosador, es decir, cuanto más inteligible y comprensible sea su informe.Todo ello, por supuesto, sin que el perito pueda permitirse perder en ningún momento la objetividad que ha jurado o prometido mantener en el momento de emitir su dictamen.El presente manual, así como el curso al que sirve, ofrecen a los peritos los conocimientos necesarios para desarrollar sus funciones con un conocimiento cabal del ámbito legal y judicial en el que desempeñarán su función. Cumple, además, con la exigencia que se predica en las líneas anteriores: no sólo se exponen conocimientos teóricos utilizando lenguaje jurídico, sino que se explica, de manera perfectamente comprensible, en qué debe consistir la práctica pericial.Dra. CRISTINA SALA DONADOProfessora Associada de Dret Processal, UdG. Jutgessa substituta.

Manual de especializacion en pericia judicial

Este libro contiene ocho artículos de académicos, abogados o jueces que aportan ideas originales y arrojan luz sobre problemas muy diversos del razonamiento probatorio (relativos a jurisdicciones y países distintos). Por ello, lo que el lector encontrará en este libro son ocho estupendos ejemplos de cómo el estudio del razonamiento probatorio puede mejorar no solo nuestros procesos judiciales, sino también cómo ser conscientes de los problemas probatorios que provoca una regulación normativa permite mejorarla sustantivamente.

Proceso y Derecho

Del derecho al razonamiento probatorio

La libre circulación de personas, bienes y servicios entre los distintospaíses, ha determinado como contrapartida la globalización del crimen. Este complejo fenómeno incide profundamente en el modus operandi de la delincuencia, transformándolo y abriendo caminos inéditos. Son múltiples las perspectivas desde las que se puede analizar la criminalidad en el siglo XXI, pero son tres los elementos clave que queremos abordar en la presente obra, debido a que se han revelado como esenciales en la reforma del crimen organizado. Se trata del carácter transnacional de un fenómeno que va más allá del Estado, por la presencia de grupos, integrados cada vez más por un mayor número de personas, perfectamente estructuradas y con lógicas muy jerarquizadas, y la digitalización de los mismos gracias al uso generalizado de internet, de las aplicaciones de inteligencia artificial, y en general, de las nuevas tecnologías. Estos nuevos modelos de criminalidad y de criminales requieren la elaboración de una estrategia de lucha y de respuestas desde el derecho penal sustantivo y procesal, que permitan adaptar los sistemas de justicia a tales desafíos. Por todo ello, la presente obra, tiene la finalidad de contribuir al debate en torno a las principales cuestiones operativas y normativas y a las perspectivas de reformas, para adaptar los sistemas de justicia a la criminalidad organizada transfronteriza y digitalizada.Del análisis de estas aportaciones resultan que tres son los principales «frentes» abiertos, cuya regulación y/o reforma son determinantes para una política criminal más eficaz y efectiva. En primer lugar, la investigación en canales de comunicación y la protección de datos en la investigación criminal; en segundo lugar, la búsqueda, localización y privación de activos en la lucha contra el crimen organizado; y por último la corrupción y las redes criminales. Ahora bien, la adopción y el correcto funcionamiento de las medidas adoptadas en estos ámbitos dependen de la fuerza de los mecanismos de cooperación judicial en materia penal tanto entre los Estados de la UE como con los países terceros, y en general de los sistemas de justicia y de su capacidad de adaptación al nuevo contexto. Dichos instrumentos constituyen las bases, los elementos necesarios, para una progresiva consolidación de un espacio de justicia común. Dicho en otros términos, sin confianza mutua y, por lo tanto, sin el intercambio estructurado de datos, documentos, informaciones y sin relaciones o quizás mejor dicho «redes» (networks) entre los actores involucrados no puede haber una respuesta suficiente.

Dimensiones operativas y normativas en la lucha contra el crimen organizado

El delito de defraudación tributaria regulado en el art. 305 CP (y ahora también su modalidad agravada en el art. 305 bis CP), siempre ha provocado grandes debates interpretativos en su aplicación práctica. De hecho, este debate sigue a día de hoy vigente en la doctrina, en la jurisprudencia, y también en los propios medios de comunicación, los cuales se han hecho eco de los procedimientos penales que se siguen contra personalidades públicas, banqueros, abogados, futbolistas, etcétera, que suponen en definitiva que se produzca un debate social. A pesar de la antigüedad de este delito el debate sigue vivo. Este interés resulta mayor si cabe a la luz de la reforma del Código Penal operada por medio de LO 5/2010, de 22 de junio, que reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, más importante aún, la necesidad de que las sociedades vigilen a sus empleados para que éstos no cometan delitos. Esta obra pretende analizar la problemática que plantean estas dos cuestiones por separado, para luego poder ofrecer una solución acerca de cuál debería ser la estructura de un programa de tax compliance.

Delito fiscal y tax compliance

La conducta procesal de las partes ha sido un tema de importancia fundamental en los estudios del Derecho procesal. Establecer cuál conducta es la adecuada dentro de un debate no es tarea fácil y los ordenamientos jurídicos, la doctrina y la jurisprudencia se preocupan por descubrir la línea divisoria que existe entre la conducta permitida y aquella que no lo es.El libro que el lector tiene en sus manos desarrolla este complejo tema, con propuestas de solución. Un análisis histórico y comparado permitirá entender los problemas que las normas sobre buena fe procesal, lealtad y probidad, cooperación procesal y/o abuso procesal, comportan, avanzando ideas para un mejor entendimiento, aplicación y  por qué no  posibles reformas de normas procesales.El lector se dará cuenta que la expresión que se utiliza para desarrollar el tema es corrección procesal, con intenciones de redefinir el fenómeno de la conducta procesal de las partes. Según afirmamos: hacemos referencia a la expresión corrección procesal para describir el fenómeno de la conducta adecuada de los sujetos procesales, y que preferimos frente a otras expresiones como buena fe, moralidad procesal, cooperación procesal, lealtad y probidad, pues aquella que consideramos no tiene cargas emotivas ni transplanta valoraciones axiológicas nos parece una expresión neutra y adecuada para una redefinición, mientras que las últimas consideramos, generan perplejidades, tanto lingüísticas como pragmáticas.La identificación y aplicación de la moralidad/buena fe/abuso del derecho está condicionada por los contextos normativos de aplicación. En cuanto respecta al proceso - principio de corrección procesal  podemos encontrar pautas o variables necesarias para su empleo racional y coherente, en miras a la no afectación de derechos y garantías procesales de las partes, pero a su vez cuidando los recursos que insume el proceso, así como su eficacia y celeridad, o el respeto entre los sujetos procesales que debe prevalecer en este método que llamamos proceso, pero además no permitiendo que el instrumento que sirve para resolver conflictos intersubjetivos de intereses se emplee para causar daños injustos.Siguiendo el consejo de J. Mª MARTÍNEZ VAL vivamos el pleito como lo que es: una batalla por un derecho concreto, en que las fintas distraen, pero no resuelven; vivámoslo con vigilancia a la forma y la más profunda atención al fondo y al objetivo final, que es lo que importa.Jorge I. González Carvajal.Abogado y Especialista en Derecho Procesal, ambos por la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas-Venezuela), Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Procesal, ambos por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Ha sido Profesor de Teoría General de la Jurisdicción y Procedimiento Marítimo en la Universidad Central de Venezuela, Profesor de Derecho de los Contratos y Derecho de las Garantías en la Universidad Católica Andrés Bello, Profesor de Argumentación Jurídica en la Universidad Monteávila (Caracas-Venezuela).Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Venezolana de Arbitraje, Miembro fundador de Energy Related Arbitration Practitioners (ENERAP), Miembro de la Lagos Chamber of Commerce International Arbitration Center (LACIAC), Miembro del Grupo ICDR Young & International (Y&I) y del British Virgin Island Arbitration Group. Es árbitro independiente inscrito en diversas listas y registros de instituciones arbitrales y es autor y coautor de múltiples publicaciones jurídicas.

La conducta procesal de las partes

La presente monografía conmemora el cuarenta aniversario de JUSTICIA, la revista de derecho procesal más antigua que se edita en España, en la que se han publicado 1.033 estudios de 370 juristas.JUSTICIA ha visto crecer diversas generaciones de procesalistas españoles, por lo que ha sido testigo de la evolución del derecho procesal. En este libro se constata este proceso evolutivo tanto en las materias que son objeto de estudio como de los autores que publican sus investigaciones.En esta obra se publica un índice de autores y otro sistemático de materias publicadas en JUSTICIA durante sus cuarenta años de vida. Y, de igual modo, se reproducen 25 estudios representativos publicados hasta 2000 (por orden alfabético de autores). El objetivo de esta recopilación es facilitar el rápido acceso a estudios de JUSTICIA que no pueden conseguirse de manera digitalizada en las bases de datos, esto es, los anteriores al siglo XXI. Y de éstos, se han elegido estudios generales referentes a la eficacia de la justicia, los principios y garantías constitucionales del proceso y aquellos que constituyen punto de referencia ineludible en la materia.JOAN PICÓ I JUNOYCatedrático de Derecho Procesal de la Universitat Pompeu Fabra y Director de su Departamento de Derecho.Autor de 12 monografías y más de un centenar de estudios publicados en revistas especializadas.Director de las colecciones Derecho procesal de la editorial J.M. Bosch Editor, y Derecho Probatorio de la editorial Wolters Kluwer-La Ley.Codirector del Tratado Práctica Procesal Civil Broca-Majada-Corbal en 10 tomos, y de los Estudios prácticos sobre los medios de prueba en 6 tomos.Codirector de la revista JUSTICIA. Revista de Derecho Procesal.Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona con Premio Extraordinario de Doctorado.Premio Nacional San Raimundo de Peñafort y Doctor Couder de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.Premio Nacional Antonio Maura a estudios jurídicos en Conmemoración del IV Centenario de la Fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid."Premio Internacional Ramon Mullerat" del Ilustre Colegio de la Abogacía Barcelona.Secretario General del "Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal" y miembro de la "International Association of Procedural Law".Académico correspondiente de la Real Academia Española de Legislación y Jurisprudencia.

La evolución del derecho procesal a la luz de justicia

La prueba, como actividad en la que se pretende convencer al juez sobre la certeza de los hechos controvertidos, es siempre muy compleja. Por ello es fundamental dominar todos los aspectos del derecho probatorio, máxime cuando en ella radica el triunfo o fracaso de uno de los justiciables.Esta relevancia judicial de la actividad probatoria ha llevado al moderno constitucionalismo a prever en las Cartas Magnas un precepto dedicado al derecho a la prueba: ello sucede tanto en la Constitución española, con su art. 24.2, como con la más reciente de las constituciones latinoamericanas, la cubana, de 2019, con su art. 94.c). De esta forma, en ambos países, el derecho constitucional a la prueba exige una continua interpretación de la legalidad procesal acorde con el protagonismo que tiene este derecho.Esta obra de debate sobre el derecho probatorio es fruto del encuentro de diversos integrantes de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y de la mejor escuela procesalista cubana.Palabras clave: derecho probatorio; derecho a la prueba; derecho constitucional; designación de perito; legalidad procesal; poderes probatorios del juez; justicia electrónica; razonamiento probatorio; pruebas en el arbitraje.

Prueba a debate. Dialogos hispano-cubanos

La adaptación de los nuevos planes de estudios al Espacio Europeo de Educación Superior ya es una realidad en la universidad española. De esta forma, la enseñanza del Derecho Procesal debe ajustarse a las pautas metodológicas previstas en el nuevo modelo formativo europeo, esto es, permitir la adquisición por el alumno -además de conocimientos- de competencias y habilidades; potenciar la permanente interacción profesor-estudiante; y garantizar la evaluación continuada del alumno.La planificación de los estudios de grado de derecho en cuatro años comporta una notable reducción de créditos en la impartición de todas las asignaturas jurídicas. Por ello, los profesores no pueden seguir empeñados en querer explicarlo todo y con la misma intensidad de siempre. Simplemente han de pretender que los alumnos, además de aprender contenidos -que son modificables con un simple cambio normativo-, adquieran las competencias y habilidades necesarias para afrontar su futuro profesional. Así la docencia universitaria, al margen de transmitir conocimientos, debe fomentar la participación activa del alumno en su propia formación intelectual, para que con las competencias y habilidades adquiridas sea capaz de plantear correctamente cualquier problema y buscar la solución adecuada. Pero los alumnos también deben ser conscientes del cambio que suponen los nuevos planes de estudio, lo que comporta exigirles un esfuerzo y dedicación diaria superior al que, como regla general, hasta ahora estaban acostumbrados. Sin duda alguna, la buena formación preuniversitaria y la vocación por los estudios que han decido realizar les ayudarán a superar cualquier dificultad. Profesores y alumnos debemos estar comprometidos en la enseñanza universitaria de calidad.Buena muestra de la preocupación que los profesores universitarios tienen en la enseñanza del Derecho Procesal lo constituyó el éxito de las "I Jornadas Estatales de Innovación Docente en Derecho Procesal", celebradas en la Universidad Rovira i Virgili los días 16 y 17 de diciembre de 2010, dirigidas por el Profesor Joan Picó i Junoy . En ellas se reunieron 103 profesores de 32 universidades españolas, y se debatieron 11 ponencias generales y una treintena de ponencias libres que ahora ven la luz pública gracias a la presente obra.ÍNDICEPRESENTACIÓNPONENCIAS GENERALES: LA DOCENCIA DEL DERECHO PROCESALApuntes históricos sobre la docencia del Derecho Procesal en la universidad española (Manuel Jesús Cachón Cadenas)La docencia del Derecho Procesal en Europa (José Martín Pastor y Ricardo Juan Sánchez)Las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia del Derecho Procesal (Coral Arangüena Fanego)El aprendizaje del Derecho Procesal por módulos: resultados de sus primeras aplicaciones (Joan Picó i Junoy)Experiencias en la creación de guías docentes interactivas en Derecho Procesal (Pilar Peiteado Mariscal y Alicia Bernardo San José)La docencia del Derecho Procesal basado en problemas (Lluís Caballol Angelats)El aprendizaje del Derecho Procesal mediante presentaciones multimedia (Cristina Riba Trepat)El aprendizaje del Derecho Procesal mediante simulación de juicios (Belén Mora Capitán)La docencia del Derecho Procesal en el prácticum (Esther González Pillado)La docencia en el Master de Acceso a la Abogacía (Frederic Adan Doménech)Retos de futuro en la docencia del Derecho Procesal (Francisco Ramos Méndez)PONENCIAS LIBRESA. ¿QUÉ SE ENSEÑA?: CONTENIDO DEL DERECHO PROCESALLas prácticas externas en el prácticum de grado en Derecho (Manuel Richard González).Innovación para la enseñanza-aprendizaje de un nuevo ámbito del Derecho jurisdiccional: la resolución alternativa de conflictos (ADR) (Patxi Etxeberria Guridi e Ixusko Ordeñana Gezuraga).¿Cómo se estructura una lección de Derecho Procesal Civil siguiendo el sistema de aprendizaje por módulos? (Elisabet Cerrato Guri).Un ejemplo de la docencia del Derecho Procesal por módulos (Arantza Libano Beristain).El jurado virtual integrado por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Laguna (Tomás López-Fragoso Álvarez y Alicia González Navarro).La enseñanza de la ejecución penal desde un centro penitenciario (Carmen Navarro Villanueva).La docencia de Derecho Procesal en primero de Grado en Derecho: Experiencia en un grupo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (Gemma García-Rostán Calvín).B. ¿CÓMO SE ENSEÑA?: MÉTODOS O TÉCNICAS DE APRENDIZAJELa "nueva" enseñanza del Derecho procesal: (I) Aproximación a la organización para la docencia en el marco del proceso de Bolonia (Pedro M. Garciandía González y Juan Ramón Liébana Ortiz).La "nueva" enseñanza del Derecho Procesal (II): Aproximación a la metodología docente a través de varias propuestas prácticas (Pedro M. Garciandía González y Juan Ramón Liébana Ortiz).La utilización en el aula de técnicas de trabajo de grupo como estrategia metodológica para fomentar la implicación de los alumnos en el estudio del Derecho Procesal (Fernando Redondo García).Herramientas y técnicas para la docencia del Derecho Procesal (Juan Cámara Ruiz).Buenas prácticas para la enseñanza del Derecho Procesal (Julio Sigüenza López).Una experiencia práctica de evaluación continua del aprendizaje en derecho procesal (Félix Valbuena González).La práctica forense como instrumento docente en la enseñanza del Derecho Procesal (Regina Garcimartín Montero, Mª Rosa Gutiérrez Sanz y Carmen Martínez Carnicer).Experiencias desde el Aula Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Màlaga (Juan Antonio Robles Garzón y Yolanda de Lucchi López-Tapia).La metodología de simulación en una asignatura jurídica: guía de buenas prácticas (Elisabet Cerrato Guri, Ana Giménez Costa y Diana Marin Consarnau).La enseñanza y el aprendizaje del Derecho Procesal. Reflexiones acerca de las nuevas vías de enseñanza y un aporte crítico (Carmen Cuadrado Salinas).La utilización racional de las nuevas tecnologías y la adaptación del método del caso en la enseñanza aprendizaje del derecho procesal (Ana Mª Chocrón Giráldez y Ángel Tinoco Pastrana).Evolución en las metodologías docentes y sistemas evaluativos: de la ilusión al freno de mano (Maria Font i Mas).Uso de múltiples medidas para incentivar la motivación en el aprendizaje del Derecho Procesal Penal (Alberto Saiz Garitaonandia).Evaluación de competencias mediante herramientas electrónicas (Irene Lorenzo Rego).Los cuestionarios tipo test como herramienta de apoyo en la enseñanza del derecho procesal (Paloma García Lubén-Barthe y Carlos Martín Brañas).Modelos de evaluación y Plan Bolonia: la evaluación de la docencia a examen (Jordi Nieva Fenoll y Carolina Sanchís Crespo).Experiencia de autogestión del aprendizaje basada en la resolución y autocorrección de casos prácticos (Susana Oromí Vall-llovera, Cristina Sala Donado y Sílvia Pereira Puigvert).La utilización de los "clickers" como herramienta de apoyo a la docencia del Derecho procesal (Ibon Hualde López y Mª Victoria Sánchez Pos).Metodología participativa en la enseñanza/aprendizaje del Derecho Procesal (Mónica-Galdana Pérez Morales).Blended learning y Moodle en la docencia del derecho procesal: La experiencia en la UCLM (Juan Carlos Ortiz Pradillo).El empleo del foro de discusión virtual en la enseñanza del derecho procesal (Pilar Martín Ríos y Ángeles Pérez Marín).Los foros de discusión en la docencia del derecho procesal (Dolores Fernández Fustes).El uso de la herramienta "abode presenter" al servicio de la enseñanza del derecho procesal (María José Cabezudo Bajo).Juicios simulados entre Burgos y Segovia: docencia práctica de carácter interuniversitario (María Luisa Escalada López, Francisco José Horcajo Muro y Julio Pérez Gil).El esquema de procedimiento como instrumento de aprendizaje del Derecho Procesal (Juan F. Herrero Perezagua y Javier López Sánchez).Una propuesta para la docencia del Derecho Procesal basada en el uso de expedientes procesales (Mairen Aguilera Morales).El cine como instrumento metodológico en la docencia del Derecho Procesal (Xulio Ferreiro Baamonde y Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín).Utilización del cine como herramienta para la docencia del Derecho Procesal (Ignacio José Cubillo López, Clara Fernández Carron y Mercedes de Prada Rodríguez).La prensa escrita como recurso para el aprendizaje del Derecho Procesal Penal (Pablo Grande Seara y Diego Espino Hernández).Plurilingüismo en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior: su impacto en la docencia del Derecho procesal (Ágata Mª Sanz Hermida).

El aprendizaje del derecho procesal

La presente obra parte de la construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso, es decir, desde aquella sistematización de argumentos que giran en torno a las hipótesis fáctica, probatoria y jurídica. Sin embargo, nos alejamos de aquellas posiciones que analizan los interrogatorios como la técnica de sembrar la ?duda razonable?, cuya relación con la convicción moral o la íntima convicción es incompatible con el juicio de derecho; por el contrario, consideramos que el juicio es cognitivo, ético y justo ? en un sentido de equidad ?, no buscando las zancadillas a la verdad, sino el adecuado esclarecimiento de los hechos con la correcta imposición de las consecuencias jurídico-penales. Desde esta perspectiva, la obra explica la aplicación de la teoría del delito en la teoría del caso, por ejemplo a la hora de elaborar los alegatos de clausura; asimismo, se analiza, desde la teoría de los derechos fundamentales, de la prueba y del proceso, la dinámica de los interrogatorios, enfrentándonos a la sobrevalorada credibilidad, dotando de sentido nomológico a las técnicas de litigación.Hesbert Benavente Chorres. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Derecho penal (Perú). Especialista en Derecho procesal (Argentina). Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (Perú). Director General del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho. Coordinador de la Maestría virtual en juicios orales por la CECEL-UPAV. Ex Fiscal Adjunto Superior Adscrito a la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público del Perú.

Peritaje y prueba pericial (2017)

El proceso laboral internacional (2018)

Inquisición. (2018)

La venta judicial de inmuebles (2017)

La doble pasión y muerte de helena guzmán (2017)

La prueba en el proceso penal (2017)

Actor corporativo y delito corporativo (2020)

Derecho procesal civil internacional - litigación internacional (2007)

Derecho procesal penal (papel + e-book) (2019)

Derecho procesal: Retos y transformaciones (2021)

Lingüística procesal: Estrategias discursivas en los juicios españoles. (2017)

La justicia de paz: Nuevos tiempos, nuevas (infra)estructura (2023)

La dimensión del proceso laboral en el trabajo autónomo económicamente dependiente (2023)

Cooperacion judicial civil y penal en la unión Europea. (2023)

Epítome disruptivo en el derecho contemporáneo (2023)

Manual de especializacion en pericia judicial (2023)

Del derecho al razonamiento probatorio (2020)

Dimensiones operativas y normativas en la lucha contra el crimen organizado (2021)

Delito fiscal y tax compliance (2019)

La conducta procesal de las partes (2021)

La evolución del derecho procesal a la luz de justicia (2021)

Prueba a debate. Dialogos hispano-cubanos (2021)

El aprendizaje del derecho procesal (2011)

La construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso (2015)