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De nada serviría el reconocimiento al consumidor de un sinfín de derechos sustantivos si carece de medios eficaces para hacerlos valer. Y de ahí que la Unión Europea también haya dedicado gran parte de sus esfuerzos a elaborar una serie de normas y documentos mejorando el acceso de los consumidores a la justicia, ya sea favoreciendo su protección judicial o articulando nuevos procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos (las conocidas como ADR: Alternative Dispute Resolution) más efectivos y eficaces, tales como la mediación o el arbitraje.

Estudios Sobre Arbitraje

El convenio arbitral de consumo y su control

Tirant Lo Blanch

La prueba de adn como prueba científica

La presente obra es el resultado de los estudios realizados en el marco del proyecto de investigación PID2020-113349GB-I00 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. El trabajo realizado es necesario y de absoluta actualidad teniendo en cuenta la reciente aprobación del RD 713/2024 de 23 de julio que aprueba el nuevo Reglamento arbitral de Consumo. Al mismo tiempo existen proyectos de reforma del sistema a nivel europeo. Ciertamente, el nuevo Reglamento es continuista, pero posteriores cambios son inevitables con el horizonte de crear un sistema arbitral de consumo adaptado, precisamente, a nuestra sociedad de consumo. Ese es el punto de partida de los estudios que se contienen en esta obra que tratan al arbitraje de consumo como un adecuado mecanismo de resolución de conflictos. Precisamente para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos en tanto que consumidores. A ese fin, en los trabajos de la obra se atienden a diversas cuestiones relacionadas con la materia, atendiendo a la necesaria desjudicialización de las controversias civiles en materia de consumo. También se atiende a cuestiones de presente como la prueba en el arbitraje de consumo o la posibilidad de aplicar Inteligencia artificial a la resolución de esta clase de controversias.

Mecanismos adecuados de resolución de conflictos y efectividad de derechos

La acción surge necesariamente como consecuencia de la preexistencia de una relación jurídico-material. La relación jurídico-material, de la que participan dos o más sujetos, está compuesta, por un número indeterminado de acciones, desde una compraventa hasta de su relación? El derecho de acción es el derecho a la Justicia, que se instrumenta, sin por ello agotarse en su seno, a través de derecho al proceso, en tanto, éste último, que derecho subjetivo de naturaleza procesal que aspira a la obtención de sentencias justas, a ser posible de fondo y, en todo caso, motivadas, congruentes y estables. El objeto del proceso viene integrado por la pretensión. La pretensión no es un derecho sino una mera ?petición?, efectuada ante el órgano judicial, ya sea desde el lado activo (pretensiones declarativas, constitutivas y de condena), ya desde el pasivo (pretensión de absolución) con vistas a que ésta responda, por el ?cauce? o ?vía? del proceso, de manera motivada congruente y estable?

Dykinson

El binomio procesal. Derecho de acción. Derecho de defensa.

En la actualidad nos encontramos ante un nuevo escenario estratégico, criminológico y político-criminal, en el que se aprecia no sólo un salto cuantitativo sino cualitativo, pues los escenarios son muy variados, con diferentes niveles de riesgo y de muy diversa escala de impacto potencial, lo que complica extraordinariamente su prevención y la respuesta estatal. Y es que actualmente las sociedades modernas son sociedades en riesgo, y no obstante los incuestionables beneficios que han generado las dimensiones del desarrollo de la tecnología y las redes de transmisión de datos, existen riesgos indudables que corresponde salvaguardar, los cuales entrañan peligros potenciales que deben de ser neutralizados y erradicados por el ordenamiento jurídico.

Aranzadi - Monografías

El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad (papel + e-book)

La investigación criminal es el conjunto de tareas dirigidas a investigar el delito, asegurar los objetos de prueba y, procurar su correcta llevanza al proceso penal con las debidas garantías. En esta tarea, la Policía Judicial como indiscutible protagonista en este momento procesal, cobra singular importancia ya que, en la mayoría de los supuestos, será la única que se persone e investigue esa escena del crimen. Esta investigación, con todo el proceso que conlleva (identificación de indicios, recogida, cadena de custodia, adopción medidas cautelares, medidas limitativas de derechos, etc.), se materializa en el atestado policial y, en todas y cada una de las ocasiones, de la realización de un buen atestado dependerá en gran medida el éxito de ese proceso penal. La mejor investigación criminal sirve de bien poco si no se plasma adecuadamente en un atestado observando todas las garantías. Por otra parte, no hay que dejar de mirar nunca a la víctima del delito. La realización de un buen atestado con un cúmulo de indicios suficientes, llevados al proceso con las garantías generales y específicas para cada uno de ellos, será el presupuesto primero para que esa víctima encuentre en el proceso la reparación que persigue. Este libro aglutina las claves precisas para la redacción de ese atestado, para que el llamado a escribirlo encuentre en estas páginas las soluciones a los problemas que se le pueden presentar en su difícil y responsable tarea. La presente edición -actualizada y ampliada-, analiza con más detalle diligencias como la intervención de las comunicaciones, empleo de determinados dispositivos en la investigación, víctimas del delito, sistema de derechos del detenido y asistencia letrada, etc. Otras obras de N. Marchal (coordinador-autor), editadas por Thomson-Reuters Aranzadi: - EL ATESTADO. SEGURIDAD VIAL - CÓDIGO DE POLICÍA JUDICIAL - CÓDIGO DE SEGURIDAD PRIVADA - MANUAL DE DERECHO DISCIPLINARIO GUARDIA CIVIL - MANUAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO - MANUAL DE LUCHA CONTRA LA DROGA - POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA

El atestado

Este libro compila trabajos acerca de los fundamentos morales y políticos del derecho penal y del proceso penal. El volumen cuenta con ocho trabajos originales, escritos por autores hispanohablantes, y dos traducciones de trabajos previamente publicados en inglés. A través de sus distintos capítulos, el libro aborda diferentes problemas relativos al ámbito jurídico-penal, tales como la validez política del derecho penal y el castigo, la autoridad del Estado para castigar ciudadanos y no ciudadanos, el problema de la impunidad, los problemas políticos del derecho penal preventivo, los fundamentos del principio de inocencia y de los estándares de prueba, la aplicación de esos estándares de prueba a los delitos cometidos contra las mujeres, y el rol de las víctimas y los fiscales en el proceso penal. Se trata de una de las primeras obras colectivas de habla hispana en la que se exploran problemas del derecho penal y procesal penal desde una perspectiva filosófica que incluye tanto la dimensión moral como la política. Al involucrar estas dos dimensiones, el libro se propone enriquecer los debates sobre el derecho penal y el proceso penal al ofrecer nuevas perspectivas para pensar sobre nuestras prácticas e instituciones penales. Esto se consiguió gracias a la participación de académicos que trabajan en distintas áreas del derecho, pero que entienden que la aproximación filosófica a sus respectivas disciplinas les permite comprender mejor los problemas que intentan resolver.

Derecho Penal y Criminología

Castigo, proceso y teoría política

Palestra Ediciones

Palestra

Proceso, Derecho y Sociedad

Cognición del juez en la ejecución civil

Desde que la LEC vio la luz, se han sucedido una treintena de reformas del proceso civil. La oficina judicial, la mediación, las tasas judiciales, la tutela colectiva, los recursos, el monitorio, el desahucio, la ejecución son materias que han sido sometidas a cambios y estos han incidido en la configuración del proceso. El análisis de todas ellas permitirá valorar el grado de oportunidad y acierto de las reformas, el efecto que han producido y, sobre todo, la coherencia con el modelo y el modo de regular el proceso como instrumento acabado de la tutela judicial. En definitiva, al abordar las respuestas del legislador con ocasión de las distintas modificaciones hemos de indagar si obedecen a un propósito común y se encaminan a la consecución de una justicia mejor. Porque de la confianza que en ella depositen los ciudadanos depende, en buena medida, la salud del sistema de derechos.

Coherencias e incoherencias de las reformas del proceso civil

Esta obra forma parte del Derecho Procesal Civil Europeo, que bajo la dirección del profesor De la Oliva comprende el análisis riguroso y pormenorizado de todos los Reglamentos comunitarios y Directivas sobre el proceso civil y sus implicaciones en el sistema procesal español.  Bajo la coordinación del Profesor Gascón, este Volumen I aborda el estudio de tres Reglamentos comunitarios: el Reglamento 44/2001 (Bruselas I), con las reglas generales sobre competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en materia civil y mercantil; el Reglamento 2201/2003 (Bruselas II-bis), que se ocupa de las reglas especiales en materia de separación, divorcio, nulidad y responsabilidad parental; y el Reglamento 4/2009 (Bruselas III), centrado en la materia de los alimentos. Se incluyen también oportunas referencias jurisprudenciales, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de los tribunales españoles en su condición de jueces comunitarios. Dirigida a estudiosos del Derecho procesal comunitario y a los operadores jurídicos en general (jueces, fiscales, abogados, procuradores), el estilo de la obra es directo y claro, sin renuncia al rigor científico ni ocultación de los problemas que conlleva la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones.  Para facilitar el estudio y comprensión de los Reglamentos, la obra aparece redactada en doble texto: uno principal, centrado en el contenido reglamentario, y otro secundario, que contrasta la aplicación en España de las normas comunitarias y la interpretación de las normas procesales internas a luz de las exigencias comunitarias.  El carácter integral del Derecho Procesal Civil Europeo y su rigor científico erigen esta obra en referente obligado de los estudios de Derecho procesal y de Derecho comunitario. No en vano, la obra cuenta con el aval de la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad) y de reconocidas instituciones internas.

Aranzadi - Estudios

Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la unión Europea

La presente monografía examinar qué indica la norma UNE 19.601 - sistemas de gestión de Compliance penal - sobre los requisitos que el Código penal establece para los modelos de organización y gestión de delitos, puesto que ello permitirá valorar a dichos operadores - con las consecuencias que en su caso pueda tener - si la entidad cumple con un estándar en relación con dichos requisitos. Por lo tanto, se realiza una exposición de esos elementos mínimos del Código penal y abordaremos su desarrollo en la UNE 19.601 para así facilitar una comprensión más detallada del significado de cada uno de ellos en el ámbito del Compliance penal. Se trata de proporcionar una guía a los operadores jurídicos de cuál es el contenido que otorga dicho estándar nacional a dichos elementos mínimos para coadyuvar a una interpretación judicial coherente con el estado de evolución, en un momento determinado, de la disciplina de Compliance De igual manera, de la mano de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional (2020) se explican las consecuencias para organizaciones empresariales carentes de personalidad jurídica pero aún así sometidas al Código penal español. Finalmente, se abordan los beneficios de estándar español para poder gozar de los derechos reconocidos en la Directiva europea de contratación pública cuando una empresa española pretenda ôrehabilitarseö a efectos de contratación pese a haber sido condenada penalmente.

Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Esta obra forma parte del Derecho Procesal Civil Europeo. La misma ha sido realizada bajo la dirección del profesor De la Oliva y comprende, en tres volúmenes, el análisis riguroso y pormenorizado de todos los Reglamentos comunitarios y Directivas sobre el proceso civil y sus implicaciones en el sistema procesal español.  Este volumen II, coordinado por la Profesora Calderón, aborda el estudio de la normativa europea en materia de mediación civil y mercantil, justicia gratuita, transmisión de documentos judiciales y extrajudiciales y obtención de pruebas en ese mismo ámbito. En particular, la obra se hace eco de las reformas procesales en ciernes para implementar en España la mediación, así como de las ya aprobadas para dar cumplimiento a las exigencias comunitarias sobre justicia gratuita y auxilio judicial. Incluye también oportunas referencias jurisprudenciales, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de los tribunales españoles en su condición de jueces comunitarios. Además, los respectivos capítulos van acompañados de notas de Derecho extranjero (francés e italiano) a cargo de profesores de prestigiosas universidades europeas. Dirigida a estudiosos del Derecho procesal comunitario y a los operadores jurídicos en general (jueces, fiscales, abogados, procuradores), el estilo de la obra es directo y claro, sin renuncia al rigor científico ni ocultación de los problemas que conlleva la aplicación de los nuevos instrumentos procesales dirigidos a mejorar el acceso a la justicia y la cooperación judicial civil en la Unión Europea.  Para facilitar el estudio y comprensión de las Directivas y Reglamentos, la obra aparece redactada en doble texto: uno principal, centrado en el contenido de la normativa de la Unión, y otro secundario, que contrasta la aplicación en España de las disposiciones comunitarias y la interpretación de los preceptos procesales internos a luz de las exigencias propiamente europeas.  El carácter integral del Derecho Procesal Civil Europeo y su rigor científico erigen esta obra en referente obligado de los estudios de Derecho procesal y de Derecho comunitario. No en vano, cuenta con el aval de la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad) y de reconocidas instituciones internas.

Acceso a la justicia y auxilio judicial en la unión Europea

El presente libro contiene un estudio de los distintos actos de comunicación que pueden practicarse dentro de un proceso judicial, tales como notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, etc. En él se expone la forma en que deben realizarse estas comunicaciones y los requisitos necesarios para su validez, toda vez que la correcta práctica de los actos de comunicación procesal es necesaria para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión. Se ha tratado de hacer un estudio pormenorizado del tema, planteando las distintas posibilidades que pueden darse en la práctica, analizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto y exponiendo la incidencia que tiene en la materia la implantación de las nuevas tecnologías, en especial el sistema Lexnet. Asimismo, se hace especial referencia a la reforma procesal operada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que, entre otras novedades, faculta a los Procuradores de los Tribunales para practicar actos de comunicación procesal. Se trata, por tanto, de una obra que puede resultar de especial interés para este colectivo, así como para Secretarios Judiciales, funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, Abogados y operadores jurídicos en general.

Actos de comunicación procesal y derechos fundamentales

Atelier

Atelier Editorial

Constitución y poder judicial

En este manual, a modo de una sucesión de claves, se van comentando las peculiaridades del proceso contencioso-administrativo, muchas de ellas en torno a la posición procesal del acto administrativo. Se aportan consejos y estrategias fruto de la especial dedicación del autor desde siempre a esta materia de su especialidad. Es un libro de praxis del contencioso. Finalmente, sobre la base de la exposición precedente, centrada en la praxis, se proponen reformas, nada menos que un modelo nuevo de jurisdicción contencioso-administrativa con otorgamiento automático de las cautelares y una sentencia en tres meses que evite los problemas actuales del contencioso, lo que conlleva también cambios esenciales en el entendimiento de la ejecución de las sentencias; reto que de conseguirse supondría el afianzamiento e impulso social que esta jurisdicción merece. Se discute también qué modelo procesal queremos por referencia al tema clave o esencial del acto y de las pretensiones, así como la reforma de las costas, y una reflexión sobre qué asuntos han de merecer un juicio oral o abreviado realmente.

Contencioso-administrativo

España

La carga de la prueba es una de las instituciones más asentadas en la tradición procesal de cualquier país. No obstante, la definición precisa de su concepto siempre ha sido compleja, por no hablar de su aplicación práctica, sistemáticamente fragmentaria, errática y tantas veces imprevisible. Esta delicada realidad de la institución ha llevado a los autores de este libro a replantearse la viabilidad y vigencia del concepto desde un punto de vista histórico, de pura lógica jurídica y de viabilidad práctica.La conclusión es demoledora, en el sentido más literal de la palabra. Según dos de los autores que participan en esta obra (Michele Taruffo y Jordi Nieva Fenoll), la institución de la carga de la prueba tiene que desaparecer por completo al ser completamente inútil a los fines del enjuiciamiento, que se forma con la libre valoración de la prueba por sí sola, sin tener que recurrir a esa institución extrema. Según otro de los autores (Jordi Ferrer Beltrán), es el concepto de carga subjetiva el que ha dejado de tener sentido, manteniendo viabilidad la vertiente objetiva, lo cual, si bien se mira la conclusión y se atiende a las ideas del autor, es coincidente en términos prácticos con la idea de los dos primeros. Por último, el cuarto autor (Leandro J. Giannini) somete a una profundísima revisión el concepto de "carga dinámica" de la prueba. Su estudio aconseja algo más que un replanteamiento a conciencia de la viabilidad de esta insólita figura.El lector tiene en sus manos una pequeña obra muy contundente que abrirá un debate fructífero en torno al Derecho probatorio, y que sin duda afectará a todos los operadores jurídicos del proceso judicial, particularmente a abogados y jueces.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Y Sociales, S.a.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Sociales S.a.

Proceso y Derecho

Contra la carga de la prueba

Este libro es la opera prima, la tesis de licenciatura leída por el autor en 1965. En ella el jovencísimo Michele Taruffo se enfrenta con un tema de gran calado: el papel de las máximas de experiencia en la práctica jurisdiccional. Concebidas hasta entonces, bajo la influencia de Stein, como normas generales de validez universal, aptas para operar, deductivamente, como premisa mayor del silogismo judicial en la fijación de los hechos en causa, pasarían a ser objeto de un enfoque que bien podría calificarse de revolucionario. Taruffo hará ver que el silogismo deductivo no es instrumento hábil para adquirir conocimiento empírico. Que a este solo puede accederse haciendo uso de una metodología inductiva, y no operando directamente con hechos, sino con proposiciones relativas a estos, a partir de hipótesis cuya capacidad explicativa se tratará de confirmar mediante la práctica de la prueba, en un juicio de probabilidad lógica. El resultado será un auténtico giro metodológico en el que el lugar de la vieja dogmática lo ocupará ahora un enfoque pluridisciplinar de fuerte impregnación filosófica, inspirado también en la lógica, la semiótica y la epistemología, y que es el mismo que informará ya siempre la obra excepcional del inolvidable, enorme procesalista y teórico del Derecho de Pavía.

Proceso y Justicia

Contribución al estudio de las máximas de experiencia

El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia y ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el COVID-19). Estos riesgos se suman a los que han llevado a todas las legislaciones de los países avanzados a impulsar iniciativas contra el soborno, el fraude y la corrupción, en todas sus manifestaciones. En este escenario, las empresas que internacionalizan su presencia están obligadas a tener conocimiento de las distintas legislaciones que pueden aplicar a sus actividades-especialmente las que impliquen riesgos de corrupción-y adecuar sus sistemas de prevención y controles a las exigencias de todas ellas. Este libro, escrito por profesionales del compliance, aborda de forma directa pero con rigor, las leyes internacionales afectan a mi actividad y responde a cuándo y cómo debo adecuarme a su cumplimiento.

Compliance & anticorrupción: Visión práctica de la normativa internacional (papel + e-book)

Los primeros veinte años de aplicación de la compleja regulación de la prueba pericial han planteado infinidad de problemas prácticos de todo tipo en los tribunales.Esta monografía los analiza críticamente y formula soluciones eficaces para resolverlos, así como presenta casi un centenar de propuestas articuladas de mejora normativa. Y ello lo hace de la mano de los verdaderos especialistas de la prueba pericial: desde la visión judicial con los estudios del Magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, José Luis Seoane Spiegelberg, y de las magistradas Carmen Ortiz Rodríguez y Rosa Mª Méndez Tomás, ambas profesoras ordinarias de la Escuela Judicial del CGPJ; desde la perspectiva científica con trabajos de los académicos que han dedicado sus tesis doctorales a esta prueba, como los estudios de Pedro M. Garciandía González, Ignacio Flores Prada, Carmen Vázquez, Eva Isabel Sanjurjo Ríos y Rafael de Orellana Castro; y desde la experiencia del derecho comparado con las aportaciones de expertos en Evidence Law de EEUU, Japón, Alemania, Italia y Brasil. De igual modo, incorpora numerosos estudios que abordan cuestiones problemáticas concretas de la prueba pericial, tales como la provisión de fondos y honorarios de los peritos, la ética de los expertos judiciales, la prueba pericial científica y digital, las tachas de peritos, etc.En definitiva, se trata de un libro escrito por auténticos especialistas de la prueba pericial, tanto del mundo académico, judicial y profesional nacional e internacional-, que ofrece propuestas razonadas de mejora de nuestro derecho probatorio.

La prueba pericial a examen.

Los Principios Procesales son directrices orientadas a optimizar el desenvolvimiento del Proceso Judicial. Por ello, referirse a los Principios Procesales es referirse al Proceso Judicial, y viceversa, puesto que todo Proceso Judicial que se precie de tal, debe contemplar un mínimo de principios garantes, sin los cuales degenerará en algo distinto. El presente libro pretende aproximarse a responder ¿qué son los principios procesales?, ¿para qué sirven?, ¿cuál es su origen?, ¿es el Debido Proceso el gran mega principio? Para responder a estas interrogantes, la obra reformula el alto número de principios procesales a cuatro grandes categorías conceptuales: (a) Principios garantes del Proceso con rango constitucional o convencional y sin los cuales sencillamente no podría hablarse de Proceso-; (b) Principios procesales específicos o stricto sensu que inciden en el mejor desenvolvimiento de los diferentes tipos de procesos-; (c) Reglas técnicas similares a los actuales principios del procedimiento-; (d) y Sistemas como conjuntos organizados de principios y reglas-. Destacan la manera crítica y multidisciplinar- como la obra trabaja el tema escogido, teniendo en cuenta el pensamiento de procesalistas y filósofos del Derecho. Se trata pues, de una obra que cumple su objetivo, al ser un estudio efectuado en profundidad, documentado y coherente, sobre la comprensión de los Principios Procesales.LUIS PATRICIO RIOS MUÑOZ. Magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina); Becario por la Fundación Serra Domínguez para el I Curso de Profundización en Derecho Procesal dictado en conjunto por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 2018); Premio (VIII versión) Instituto Vasco de Derecho Procesal (San Sebastián, País Vasco, 2018); Finalista de los Premios Gabilex (Castilla, La Mancha, 2020); Miembro del Instituto Chileno de Derecho Procesal (ICHDP) y de RED Procesal (Red de investigadores de Derecho Procesal de Chile); Abogado, Árbitro y Especialista en Litigios de Alta Complejidad; Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Arturo Prat (Iquique); Web http://luispatricio-riosmunoz.webnode.cl

Proceso y principios

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.Hesbert Benavente Chorres. Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y Director General del Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho (INMEXIUS). Ha sido Juez de Enjuiciamiento en la Corte Superior de Justicia de Loreto (Perú). Escritor de obras en materia de Derecho constitucional, penal y procesal penal en Argentina, Colombia, Chile, España, México y Perú. Consultor en el tema de trata de personas para la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Perú (Concytec). Árbitro para Revistas indexadas en Ecuador, México y Perú.Capacitador y docente universitario en Derecho penal y procesal penal en Latinoamérica.

J.m.bosch

La pragmática de la imputación penal

Han transcurrido ya más de cinco años desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. Texto normativo en el cual se defiende que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.Partiendo de este objetivo, el legislador instauró un mecanismo extrajudicial y judicial que sirviese de cauce para solucionar, o, cuanto menos, aligerar la situación de insolvencia en la que se encuentra inmerso el deudor, mecanismo conocido como la segunda oportunidad.Sin embargo, si bien la voluntad del legislador resultó ser loable y cargada de buenas intenciones, no es menos cierto que, eran muchas las voces autorizadas que denunciaban que la regulación de esta institución, pecaba de inconcreción y de lagunas legislativas que creaban incerteza e inseguridad jurídica.La regulación de la segunda oportunidad es modificada y actualizada en el nuevo texto concursal. Así, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, concede una nueva regulación legislativa al mecanismo de la segunda oportunidad. Ante esta realidad, en el presente trabajo, pretendemos analizar la nueva regulación y dar soluciones a las cuestiones de mayor problemática, que en la práctica presenta el mecanismo de la segunda oportunidad.Finalmente, dedicaremos el último capítulo a analizar la regulación que sobre la segunda oportunidad se contiene en la Directiva UE 2019/1023 y algunos de los cambios más relevantes que ha de suponer en nuestra regulación nacional como consecuencia de su necesaria trasposición que deberá realizarse, conforme al artículo 34 Directiva, antes del 17 de julio de 2021.CARLOS PUIGCERVER ASOR. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) del Programa de Doctorado Nuevas tendencias en derecho procesal en el año 2004. Ejerció la abogacía desde 1996 a 2010. Ha sido profesor de Derecho procesal en la Universidad de Valencia de 2001 a 2010 y actualmente lo es en la Universitat Oberta de Cataluña. Desde 2011 pertenece a la carrera judicial como Magistrado, habiendo desempeñado su labor, entre otros en el Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Barcelona con competencia exclusiva en materia de concursos de personas físicas no empresarias. En el año 2016 el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona le concedió el premio Ferrer Eguizábal 2016 al mejor proyecto de investigación sobre el Derecho a la segunda oportunidad de la persona física y en el año 2017 ha recibido el premio Felip Portabella otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona en reconocimiento al ejercicio de la función jurisdiccional, con una especial consideración hacia la abogacía, así como en agradecimiento a la generosa y estrecha colaboración con dicha institución, especialmente en los trabajos en materia de la segunda oportunidad. De noviembre de 2017 hasta septiembre de 2018 ha estado destinado como Magistrado asesor en el Ministerio de Justicia. Desde octubre de 2018 es Inspector Delegado en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.FEDERICO ADAN DOMENECH. Profesor Agregado de Derecho Procesal, acreditado como Catedrático de la Universidad Rovira i Virgili. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Doctor en Derecho: El nuevo proceso cambiario, por la Universidad Rovira Virgili, con la calificación de Sobresaliente cum laude. Ha complementado su formación jurídica con seis estancias de investigación en la Università degli studi di Bologna -Italia-. Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Tarragona. Durante los años 2009 a 2012, ejerce como Director del Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad Rovira i Virgili conjuntamente con los Ilustres Colegios de Abogados de Tarragona, Reus y Tortosa. Ha sido Decano y Responsable de los Estudios de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira Virgili. En el año 1998, obtuvo el Premio Feixo Carrera del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por el trabajo relativo al juicio cambiario. En el año 2016, fue galardonado con el Premio Ferrer Eguizábal, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por el proyecto de investigación sobre la segunda oportunidad de las personas físicas, y en los años 2017 y 2018, obtuvo, respectivamente, el Premio Melchor Almagro, concedido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y el Accésit del premio jurídico otorgado por el Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid, por el trabajo Deconstrucción del ordenamiento jurídico español.

La segunda oportunidad de las personas naturales

La administración de justicia será digital o no será. La pandemia del covid-19 ha vuelto a poner de manifiesto los males y miserias que aquejan a nuestro sistema judicial, que debe superar cuanto antes el debate acerca de la conveniencia de abrazar el avance tecnológico.La obra aborda en un ejercicio que compagina teoría y práctica, una cuestión de rabiosa actualidad y de necesidad indubitada como es la aplicación de los sistemas de IA para apoyar, en sentido afirmativo o negativo, la decisión judicial que adopta la prisión provisional, así como sus efectos para los derechos fundamentales en juego.Con tal fin, la primera parte de la obra se centra en hacer un diagnóstico revelador, un zum, de lo general a lo particular, analizando con un lenguaje atrevido y un estilo directo, cercano en ocasiones al ensayo, el alcance de la revolución digital y sus efectos sobre la Administración de Justicia y el proceso.La segunda parte del trabajo se centra en el análisis de los sistemas expertos de inteligencia artificial judicial de valoración de riesgos (IAJVR) como alternativa a los atávicos heurísticos o atajos intuitivos del juzgador, que hasta la fecha determinan la adopción de medidas cautelares limitativas de derechos, cuyo paradigma es sin lugar a duda la institución de la prisión provisional. Es en este ámbito en el que contar con sistemas de IAJVR puede ayudar a conjurar y objetivar el riesgo real que se pretende enervar con la imposición de tan singular medida.Por último, en la tercera parte el autor focaliza su atención en el empleo de los sistemas de IAJVR en el seno del proceso penal y la afectación que de ello puede derivarse sobre los derechos fundamentales en juego, tales como el derecho de defensa, el derecho al juez imparcial, la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos o el principio de publicidad procesal, incluyendo propuestas de factis ferenda sobre quién y cómo debe controlar al algoritmo.Pere Simón Castellano. Profesor contratado Doctor (acreditado ANECA desde 2015) en la Universidad Internacional de la Rioja UNIR.Docente en asignaturas de Grado y Postgrado en distintas universidades (UNIR, Universitat de Girona, UOC, ESERP Business School) y en colegios y asociaciones profesionales (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, APEP, WCA).Abogado of counsel en Font Advocats.Premio de la Agencia Española de Protección de Datos (2011) y de la Agencia Vasca de Protección de Datos (2015).Investigador del Grupo de Investigación PENALCRIM UNIR.Investigador Principal del proyecto sobre prisión provisional RETOS UNIR.Contacto con el autor: pere.simon@unir.net

Justicia cautelar e inteligencia artificial

Las casos judiciales mediáticos son fáciles de identificar con la Política y la corrupción del poder, lo que en buena medida radica en la perenne crítica a la elección de los miembros de tribunales superiores, y también del Tribunal Constitucional, eventual interviniente ulterior. Pero la inmensa mayoría de juicios, cotidiana y habitual, se lleva a cabo en órganos judiciales ajenos a ese interés partidista tan publicitado, de mano de un personal jurisdiccional que, a pesar de la creciente llamada al respeto del Estado de Derecho que desde la representación del colectivo judicial viene reiterándose en los últimos años, es a no dudarlo el protagonista último y principal del incumplimiento sistemático y generalizado del orden procesal establecido por el legislador ordinario. Muy lamentablemente, la explicación de tan paradójica y vergonzante situación se asienta, por lo general, en dos grupos de causas, la ignorancia del siempre se ha hecho así y la mera comodidad. . A fin de sostener estas afirmaciones se han repasado diversas instituciones jurídicas manipuladas en el día a día judicial por marginar las normas en vigor y el recto entendimiento de principios jurídicos y valores constitucionales, tomando como eje de estudio la nulidad procesal enlazada con derechos y garantías del justiciable tan representativos como la prueba y la defensa, singularmente el peritaje en el proceso penal, el ofrecimiento de acciones penales y civiles a las presuntas víctimas y ofendidos, el juicio en ausencia del acusado y la expulsión de personas de nacionalidad extranjera antes o durante su enjuiciamiento criminal, añadiendo a lo anterior ejemplos específicos de una técnica de evitación procesal que agrupa cuestiones vinculadas con la nulidad y el derecho de defensa y la relación conflictiva entre jueces de instrucción y jueces de lo penal: la necesidad de conocimiento por parte del inculpado de los hechos criminosos que durante la instrucción de la causa se imputan, primero, y se acusan, después. . El autor es licenciado y doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona, donde ha sido docente en el Departamento de Derecho administrativo y Derecho procesal, así como profesor invitado en otras Universidades de Cataluña. En la actualidad es profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía e imparte clases de su especialidad en la Facultad de Psicología de la Universitat Aut.noma de Barcelona; ha publicado medio centenar de trabajos en revistas jurídicas especializadas, así como una docena de monografías y ocho obras en colaboración. . Asesor letrado del equipo jurídico de Amnistia Internacional-Catalunya desde 1994 a 2000, integró la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados de Barcelona hasta noviembre de 2003 siendo miembro del Instituto de Psicología, Sociología y Medicina Jurídicas. Desde febrero de 2000 ejerce la jurisdicción: por concurso en Barcelona, por oposición desde 2004, decano en los partidos judiciales de Vilafranca del Penedès y Esplugues de Llobregat y, desde 2011, magistrado de lo Penal en Barcelona. . Está casado y es padre de cuatro hijos.

El convenio arbitral de consumo y su control (2011)

La prueba de adn como prueba científica (2018)

Mecanismos adecuados de resolución de conflictos y efectividad de derechos (2024)

El binomio procesal. Derecho de acción. Derecho de defensa. (2011)

El blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad (papel + e-book) (2019)

El atestado (2017)

Castigo, proceso y teoría política (2023)

Cognición del juez en la ejecución civil (2023)

Coherencias e incoherencias de las reformas del proceso civil (2015)

Competencia judicial internacional, reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en la unión Europea (2011)

Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas (2020)

Acceso a la justicia y auxilio judicial en la unión Europea (2011)

Actos de comunicación procesal y derechos fundamentales (2012)

Constitución y poder judicial (2015)

Contencioso-administrativo (2019)

Contra la carga de la prueba (2019)

Contribución al estudio de las máximas de experiencia (2023)

Compliance & anticorrupción: Visión práctica de la normativa internacional (papel + e-book) (2020)

La prueba pericial a examen. (2020)

Proceso y principios (2020)

La pragmática de la imputación penal (2021)

La segunda oportunidad de las personas naturales (2021)

Justicia cautelar e inteligencia artificial (2021)

De la nulidad procesal a la anulación del derecho procesal (2019)