No es común que en una misma escritura se aúnen el talento literario y el talento didáctico como lo hacen en El arte de la duda. Si el público en general se sorprenderá descubriendo de la mano del autor aspectos insospechados del quehacer judicial, el lector especializado se encontrará leyendo un auténtico manual, para uso práctico, sobre técnicas de interrogatorio y de argumentación en la fase oral de un proceso.  Dudar, explica Carofiglio, es un arte práctico. Y, como todo arte práctico, se aprende. Dudar, hacer y hacerse preguntas es el único medio para llegar a conocer lo que se desconoce (por ejemplo -pero naturalmente no sólo- la verdad procesal); sobre todo, si aprendemos a interrogar y a interrogarnos aplicando la razón y el método. Y dudar así -razonablemente- es el único camino que nos aleja del dogmatismo y nos conduce al pensar tolerante. De ahí el imperativo moral de aprender a hacerlo. «Cuando los hombres dejan de creer en las buenas razones, empieza la violencia», observaba Norberto Bobbio. Carofiglio recoge estas palabras a modo de cierre en El arte de la duda. Este libro revela que la práctica judicial requiere un no desdeñable componente creativo, pero también demuestra que es casi imposible llegar a conquistar la verdad procesal sin una técnica forjada a base de aprendizaje y esfuerzo; y, en consecuencia, ofrece pautas para que ese esfuerzo y ese aprendizaje conduzcan a resultados eficaces.

Tapa blanda

Español

Marcial Pons Ediciones Juridicas Y Sociales, S.a.

Marcial Pons Jurídicas

Marcial Pons

El arte de la duda

La potestad jurisdiccional consiste en la actuación o realización del derecho, es decir, la aplicación del derecho al caso concreto. Los jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, a quienes nuestra Constitución atribuye en exclusiva dicha potestad, son, necesariamente conocedores de las normas jurídicas. El conocimiento del derecho por parte de jueces y magistrados es, posiblemente, tan incontestable como el desconocimiento, por parte de los mismos, de muchísimas materias, ciencias o técnicas que, con ocasión del ejercicio de la potestad jurisdiccional pueden resultar esenciales para discernir o determinar hechos que resultan relevantes o determinantes del contenido de sus resoluciones.El Diccionario de la Real Academia Española define al perito como ?experto o entendido en algo?, y el Diccionario Panhispánico del español jurídico lo hace en los siguientes términos: ?Experto en una materia a quien se le encomienda la labor de analizar desde un punto de vista técnico, artístico, científico o práctico la totalidad o parte de los hechos litigiosos.?La función de los peritos consiste, así, en aportar sus conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos para que el juez o el tribunal puedan valorar o adquirir certeza sobre los hechos en relación a los cuales el perito emite su informe.Por supuesto que, de un perito, se espera que tenga un alto nivel de conocimiento de la materia sobre la que versará su informe, pues para ello se solicita su dictamen. Pero por si solo, dicho conocimiento no resultará suficiente si el perito no cultiva, a la vez, la capacidad de transmitir dicho conocimiento a personas que, precisamente, carecen de los conocimientos por los que ha sido llamado, y que tampoco, necesariamente, son conocedores del lenguaje especializado propio de su ámbito.La importantísima tarea del perito consiste pues, no sólo en aportar sus conocimientos específicos al proceso, sino, muy principalmente, en hacerlo de tal forma que los operadores jurídicos (y singularmente los jueces y magistrados) que se encuentren en las salas de vistas puedan comprenderlos adecuando sus respectivas actuaciones procesales a lo manifestado por los peritos.El perito, por tanto, es una pieza clave en el proceso, que resultará más determinante de su resolución cuanto más sea capaz de ejercer como traductor e incluso como glosador, es decir, cuanto más inteligible y comprensible sea su informe.Todo ello, por supuesto, sin que el perito pueda permitirse perder en ningún momento la objetividad que ha jurado o prometido mantener en el momento de emitir su dictamen.El presente manual, así como el curso al que sirve, ofrecen a los peritos los conocimientos necesarios para desarrollar sus funciones con un conocimiento cabal del ámbito legal y judicial en el que desempeñarán su función. Cumple, además, con la exigencia que se predica en las líneas anteriores: no sólo se exponen conocimientos teóricos utilizando lenguaje jurídico, sino que se explica, de manera perfectamente comprensible, en qué debe consistir la práctica pericial.Dra. CRISTINA SALA DONADOProfessora Associada de Dret Processal, UdG. Jutgessa substituta.

J.m. Bosch Editor

Manual de especializacion en pericia judicial

El libro que el lector tiene entre manos pretende ser una aproximación al derecho concursal que rige en nuestro país y que, en síntesis, contiene su regulación en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. En menor medida el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital regula algunas situaciones de insolvencia. Como norma procesal de referencia, aunque de aplicación supletoria, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.Este libro introductorio está dividido en diferentes capítulos, algunos con más extensión que otros, desde una introducción y un capítulo dedicado a mecanismos preconcursales hasta otro dedicado al régimen especial de microempresas, pasando por otros relativos a los principales aspectos que regula la norma concursal como la declaración de concurso y sus efectos, la figura de la administración concursal, el convenio, la apertura de la liquidación y un capítulo íntegramente de carácter procesal denominado «incidente concursal», sin olvidar el nuevo Plan de Reestructuración.Pedro Rebollo Díaz es Abogado y Economista. Se Licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005. Cursó Máster en Asesoría y Gestión Tributaria en URL-ESADE y Máster en Derecho Penal por la Universidad de Nebrija. Asimismo, ha realizado diversos cursos de especialización en el CEF, la UNED y en la UOC y se graduó en Dirección de Empresas Tecnológicas por la Universidad Ramon Llull. Actualmente compagina su puesto de socio del despacho A. Bercovitz, Alvargonzález, Corcelles y García-Cruces abogados con la impartición de clases de derecho y la realización del Doctorado en Derecho en la Universidad de Deusto sobre ?Acuerdos societarios y los efectos de su impugnación judicial?.

Introducción al derecho concursal

Los derechos humanos representan, hoy más que nunca, una moral compartida que nos orienta hacia la subsistencia como comunidades cohesionadas. Desde esta óptica se comprende el valor de la práctica constitucional que se vale del litigio como motor para lograr el cambio social y la vigencia de tales derechos.La misma cobró forma en la mayoría de los países del denominado Sur Global a partir de las últimas reformas constitucionales. Allí se vio emerger un cuerpo de litigios orientados por el Interés Público y tendentes a dar vigencia a los derechos sociales prometidos en las constituciones, pero vulnerados en la práctica. Sin embargo, el fenómeno no es privativo de dichos países y comenzamos a ver indicios de esto en el denominado litigio por el cambio climático.Los primeros debates se vincularon con la posibilidad de asegurar la exigibilidad judicial de estos derechos y con el rol de las cortes en este nuevo escenario. La dialéctica se orientó hacia la demostración de las analogías que existen entre los derechos civiles y políticos, de un lado, y los sociales, de otro. En la práctica, a su vez, la falta de regulaciones específicas replicó dicha equiparación y condujo a una sobreutilización de los instrumentos procesales propios de los derechos individuales.Juicio a la desigualdad propone una mirada alternativa, que a la vez sirva de guía para las nuevas formas de litigio nacientes. Para ello, la autora analiza las dificultades teóricas e institucionales derivadas de los derechos sociales y sugiere la elaboración de categorías acordes a su especialidad. Desenvuelve su argumento en dos partes. En la primera se precisan las razones por las cuales los derechos sociales no deben ser totalmente equiparados con los civiles y políticos mostrando, en cambio, la conveniencia de un tratamiento teórico y procesal específico. En la segunda parte, se apoya en la experiencia del Litigio de Interés Público y expone los lineamientos que habrán de servir para la elaboración de un paradigma procesal -con bases participativas y deliberativas- que permita asegurar la tutela efectiva de estos derechos.

Proceso y Derecho

Juicio a la desigualdad

España

El presente trabajo reflexiona sobre tres temas: SISTEMA DE SANA CRÍTICA RACIONAL, DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD JURÍDICA. Trata de una investigación en torno al debate contemporáneo del Derecho Procesal, la Teoría General del Proceso, el Razonamiento Probatorio y en algunos casos de la Filosofía del Derecho.El sistema de sana crítica racional; es un instrumento razonable de verificación de la verdad, que constriñe al juez a no apreciar la prueba de forma arbitraria, discrecional e irreflexiva, es decir, el juez debe contrastar los hechos objetivos alegados con la prueba a efectos de sistematizar y analizar conforme el umbral de las reglas del sistema de sana critica racional si corresponde con la verdad, o no. Por otro lado, el debido proceso es un derecho fundamental, complejo, de carácter instrumental, continente de numerosas garantías en aras de la protección a las personas y éste, constituye la mayor expresión del derecho procesal. El debido proceso al ser un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto, oportuno y justo proceso judicial o administrativo, consiste, en último término, en una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales. En suma, el autor expone el tránsito de la seguridad jurídica que se efectúa desde su establecimiento como derecho fundamental, hasta su actual matización como principio que sustenta la potestad de impartir justicia. Lo contrario de la seguridad jurídica es la inseguridad jurídica que puede derivar, por ejemplo, en decisiones injustas.JOSÉ L. CUSI ALANOCA. Jurista e Investigador Jurídico enfocado en temas de Filosofía del Derecho, Teoría General del Derecho, Teoría Constitucional, Derecho Constitucional y Procesal. Coautor de Libros y artículos publicados en Italia, España, Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Colombia, México, Brasil y Bolivia. Es miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Director de la Revista boliviana ?Literatura Jurídica? y la Asociación boliviana de Filosofía y Teoría Jurídica Analítica ?ABFTA?.jcusialanoca@gmail.com.

Sistema de sana critica racional

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas. En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la Constitución, cuya infracción no es consecuencia de cualquier denegación judicial de peticiones de actividad probatoria, sino que requiere un efecto material de indefensión efectiva: requiere que la actividad no practicada y solicitada en tiempo y forma sea potencialmente trascendente para la resolución del conflicto y que, sin embargo, no haya obtenido una respuesta judicial razonable acerca de su omisión. Por todo ello, esta obra recopila la doctrina jurisprudencial más actual de los tres grandes Tribunales en relación a la prueba en el proceso penal, la interpretación que éstos hacen de las normas y su aplicación, incluyendo los acuerdos plenarios no jurisdiccionales del Tribunal Supremo, resultando muy útil en el ejercicio del Derecho.  Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. En la actualidad compatibiliza la práctica de la abogacía, el trabajo de investigación con varios artículos publicados en distintas revistas y la impartición como tutora externa de la asignatura de practicum a través de la Facultad de Derecho.

La prueba en el proceso penal

Esta obra busca delimitar un perfil conceptual autónomo y funcional de la metaprueba, comprender su estructura y límites, así como su relevancia para lograr un control racional sobre la fiabilidad de la prueba. El estudio parte de la premisa de que una de las funciones institucionales del proceso es la búsqueda de la verdad. De este modo, se sirve de la prueba como método para corroborar o refutar las hipótesis fácticas que se presentan ante el tribunal. En consecuencia, en los procesos penales, se observa una finalidad epistémica, dirigida al uso de toda la información relevante y fiable para la determinación de los hechos. La metaprueba es precisamente una de las formas de control de la fiabilidad de la prueba. Por consiguiente, se caracteriza como una actividad cuyo alcance consiste en reforzar o minimizar la solidez o la calidad epistémica de una determinada prueba, lo que lleva a concluir que, durante el proceso de valoración previo a la sentencia, su eficacia debería aumentar, disminuir, mantenerse neutral o desaparecer. Se diferencia de otros tipos de prueba porque no atañe directamente a las hipótesis fácticas que constituyen el objeto del proceso, sino a otras pruebas. A pesar de sus singularidades, la metaprueba no deja de ser otra manifestación más del género «prueba» y, como tal, la tutela del derecho a la metaprueba debe vincularse, teniendo en cuenta sus peculiaridades, a las bases genéricas de protección del derecho a la prueba.

Marcial Pons Ediciones Jurídicas Y Sociales, S.a.

Filosofía y Derecho

Metaprueba. Su perfil conceptual y funcional y el control racional de la fiabili

La venta judicial constituye el acto procesal de apremio más generalmente admitido para la conversión en dinero de los bienes del deudor y su entrega al ejecutante en pago de su crédito, cobrando especial protagonismo la realización de los bienes del deudor mediante su venta a través de los mecanismos procesales que autoriza el legislador por convenio entre las partes, enajenación o venta por persona especializada y venta mediante subasta pública, siendo estos dos últimos los más comúnmente admitidos para la venta judicial de inmuebles. Hipoteca y embargo son los derechos de realización de valor más comunes que recaen sobre los bienes inmuebles y que, al actuar como cargas, influyen en la determinación final del precio una vez practicada la operación procesal que conocemos como liquidación de cargas. El camino procesal elegido para la ejecución, incide directa o indirectamente en la venta judicial del bien inmueble y en el producto con ella obtenido respecto del acreedor ejecutante y de los titulares de créditos posteriores que lo gravan a la hora de contraponer las normas de la ejecución ordinaria con las especialidades propias de la ejecución hipotecaria. La prohibición de disponer como carga que grava el bien inmueble cobra especial interés en los actos de ejecución forzosa como lo es la venta judicial, sin dejar de lado el mecanismo judicial de venta del bien en subasta voluntaria en supuestos como la tan generalizada venta para división de la cosa común.   Josep Maria Sabater Sabaté es Letrado de la Administración de Justicia y Doctor en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili en la que ejerce como profesor asociado de Derecho Procesal en su Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero. Es autor de diversos trabajos y publicaciones, entre los que destacan en el ámbito de la ejecución procesal civil, La liquidación de cargas en el proceso de ejecución civil (JMª. Bosch Editor, Barcelona 2013), El alcance cuantitativo de la anotación preventiva de embargo y el derecho del acreedor a la satisfacción íntegra de su crédito ("JUSTICIA. Revista de Derecho Procesal", 2013, núm. 2, pp. 409 a 446) y el Comentario al art. 666 LEC (en "Práctica Procesal Civil Brocá/Majada/Corbal", directores Corbal Fernández, J., Izquierdo Blanco, P. y Picó Junoy, J., 23ª edición, Bosch, Barcelona 2014, tomo VIII, pp. 7478-7499).

La venta judicial de inmuebles

La obra aborda los principales problemas de la prueba de los hechos en los procesos judiciales, a partir de la comparación del fenómeno probatorio en el mundo jurídico con lo que sucede por fuera de los tribunales.Si bien tiene una innegable orientación jurídica, puede decirse que este no es un libro pensado únicamente para personas relacionadas con el derecho y, en cambio, es un trabajo que invita a reflexionar a cualquier persona interesada en la manera en que determinamos si un hecho existió, ya sea en un proceso judicial, en el ámbito del diseño de políticas públicas o en nuestra vida cotidiana.Con un lenguaje llano y con la agudeza característica de Schauer, este libro es un excelente punto de partida para toda persona que desee tener una primera aproximación al estudio del razonamiento probatorio.

La prueba

Este libro examina los problemas probatorios que surgen en las distintas etapas del proceso judicial: desde la determinación de los hechos controvertidos y la identificación de los medios de prueba, hasta la aplicación del estándar de prueba y la redacción de la motivación de la sentencia. La atención se centra tanto en la actividad probatoria que despliegan distintos actores del proceso como en sus resultados, expresados fundamentalmente a través de los hechos que se dan o no por probados. Se parte de la premisa de que el éxito probatorio supone una combinación equilibrada entre la calidad del conocimiento ofrecido y de las narraciones mediante las cuales se presentan historias. En coherencia con lo señalado, la obra presta especial atención al lenguaje utilizado por abogados y jueces. Esta perspectiva redunda en una aproximación realista acerca de lo que ocurre habitualmente en los juicios, al tiempo que abre espacio para proponer mejoras significativas en nuestras prácticas probatorias cotidianas. El enfoque del análisis es amplio, ya que considera no solo las particularidades de diferentes procedimientos (penales, civiles, etcétera), sino también saberes y métodos provenientes de otras disciplinas como la psicología, la lógica, la economía y las ciencias, en general.El libro incluye un apéndice con diez trabajos redactados por especialistas que profundizan en los distintos problemas abordados a lo largo del texto. Así, la obra cumple su propósito de contribuir a una mejor comprensión de la prueba de los hechos y servir como guía en la formulación de estrategias argumentativas y en la toma de decisiones sobre los hechos en el contexto judicial.

Decidir hechos y argumentar con pruebas

No faltan los trabajos que analizan la figura del tercero en el proceso de declaración. Sin embargo, se ha solido dejar de lado la misma temática en el proceso de ejecución, salvo en lo que se refiere a las tradicionales tercerías. Esta es la primera monografía que afronta el estudio del tercero en el proceso de ejecución de un modo global, por supuesto sin olvidar las tercerías, pero evidenciando que la figura del tercero es sorprendentemente mucho más rica y variopinta cuando se trata de ejecutar una sentencia. Sin duda, la clasificación de los distintos terceros de la ejecución es mucho más compleja que la tradicional del proceso de declaración. La presente obra pretende recopilar esos supuestos de terceros de la ejecución, muchas veces pasados por alto por la doctrina, aunque no así por la jurisprudencia, que se encuentra con ellos y tiene que darles soluciones eminentemente prácticas. Esta recopilación viene precedida del estudio de los antecedentes históricos de la figura, así como de lo que da de sí en esta materia el Derecho comparado. Finalmente se analiza la actual y extraordinariamente fragmentaria regulación legal de los terceros en la ejecución, describiéndose críticamente los dispersos y no siempre suficientes procedimientos previstos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil para su intervención. En suma, una obra esencial para orientarse en el complejo discurrir de cada tercero, individualmente considerado, respecto a cualesquiera ejecuciones.

Monografías Jurídicas

Los terceros en el proceso de ejecución

La prueba digital es aquella información obtenida o transmitida a través de un medio electrónico o dispositivo digital que sirve para acreditar la evidencia de un hecho de relevancia en cualquier orden jurisdiccional.Los tiempos cambian, la sociedad evoluciona y las formas de comunicación entre los humanos también. Lo que antes se hacía a mano, ahora se hace a través de un Smartphone, de una Tablet o de un ordenador. Y por tanto, las conversaciones que se tienen actualmente también adquieren este formato. Es por ello que el sistema judicial ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, admitiendo como pruebas las que provenían de este tipo de terminales o aparatos, eso sí, siempre y cuando no fuera impugnado su origen o aún siéndolo, se presentara pericial que la acreditase.En cuanto al resto de pruebas admitidas tanto en la vía civil como en la penal, la Sala Primera y Segunda van sentando cada año la nueva doctrina, también adaptada a los nuevos tiempos y actualizada, que será de aplicación en las decisiones judiciales de todos los tribunales. Todo ello lo podremos encontrar en este manual.Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. Tras trece años de ejercicio de la abogacía, en la actualidad desempeña la función de Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Málaga, que compagina con la labor de investigación y publicación de libros y artículos doctrinales.

La prueba digital en el proceso judicial.

Una de las formas de homenajear a las personas que han contribuido al desarrollo de un área de conocimiento es tomar en serio sus ideas debatiéndolas. Este es un libro en homenaje a Marina Gascón Abellán, a sus ideas, que tanto han contribuido al estudio de la prueba desde un punto de vista epistemológico (y con serias implicaciones en la práctica). Un debate a las ideas que ha venido configurando desde Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba (1999), que es uno de los primeros libros en castellano enmarcados en la concepción racionalista de la prueba. Por eso, este debate es también una celebración del vigésimo quinto aniversario de aquel libro, que se cumplió el año pasado.La prueba de los hechos ha sido un parteaguas no solo para la construcción de una teoría general de la institución probatoria, sino también para pensar pruebas específicas, como la prueba pericial, o las implicaciones para otras instituciones, como la motivación de los hechos en las sentencias. Y, precisamente, este libro discurre sobre esos tres ejes temáticos: la identificación de reglas epistemológicas y contraepistemológicas, una distinción planteada por Marina Gascón; la motivación fáctica en las decisiones judiciales; y la prueba pericial.

Debatiendo con marina gascón abellán

Esta monografía analiza y critica el estudio de la prueba testimonial en el ámbito español y chileno, estableciendo como premisa que el problema más importante se encuentra en que el análisis ha estado centrado en la figura del testigo, lo que ha tenido como consecuencia que el examen de dicho elemento, el sujeto, contamine el examen de la declaración que él desarrolla dentro de un juicio.Es a propósito de las problemáticas que surgen luego de revisar el estudio de este medio de prueba, que el presente trabajo propone un concepto amplio de testimonio, apoyándose en la epistemología jurídica, a partir del cual se distingan los elementos subjetivo y objetivo presentes en la prueba testimonial. Así, se establece que dichos elementos deberán examinarse de manera equilibrada, en el mismo nivel, en los momentos de conformación y valoración de la prueba.Realizada la elaboración del concepto anterior, en esta monografía no solo se plantea este innovador examen de la prueba testimonial, sino que también se presenta, al finalizar el texto, la posibilidad de que a partir de la definición de testimonio entregada,se regulen de manera común con la prueba testimonial otros medios de prueba que comparten la naturaleza jurídica de ser testimonios y que además presentan problemáticas similares a las ya planteadas.María de los Ángeles González Coulon. Abogada (2012), Magister en derecho Universidad de Chile (2017), Doctora en derecho Universidad Autónoma de Barcelona (2020). Su práctica profesional la inició en materia de juicios civiles derivando luego en la carrera académica. Actualmente pertenece al Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2014-a la fecha), donde además colaboró durante sus estudios de pregrado. Como académica de dicha institución desempeña labores de docencia de pre y postgrado y realiza labores de investigación en los diversos ámbitos del derecho procesal, especialmente en materia probatoria.Ha publicado artículos, capítulos de libro y monografías sobre temáticas de derecho probatorio. Entre ellas destaca la monografía ?La carga dinámica de la prueba y sus límites? (2013); y, el artículo ?Repensando el testimonio: la distinción entre agente y producto? (2019).

El testimonio como prueba

La casación hoy, cien años después de calamandrei

La aplicación de la inteligencia artificial a los procesos judiciales está llena de incógnitas, que discurren entre los entusiastas de la misma, que vaticinan una desaparición futura de buena parte de jueces y abogados, y los más escépticos, que opinan que el juicio jurisdiccional es algo tan humano que nunca podrá ser sustituido por la inteligencia artificial. Ninguna de las dos tendencias tiene razón. En este libro ?la décima monografía del autor? se analiza el impacto de esta novedad tecnológica de un modo realista, señalando los campos en los que ya se utiliza la inteligencia artificial aunque no seamos muy conscientes de ella, así como las materias en las que sin duda incidirá en el futuro. Cambiará completamente la apreciación de cuestiones tan importantes como la evaluación del periculum para dictar una medida cautelar, la valoración de la prueba y hasta la misma motivación de resoluciones judiciales, que se modificará o desaparecerá en un relevante número de casos. Finalmente se aborda la trascendencia que todo ello tendrá en el respeto de los derechos fundamentales en materia procesal. También se hace un estudio del tan repetido «factor humano» de la justicia, descubriendo y explicando algo insólito: dicho factor humano puede ser imitado en un número sustancial de casos por una máquina. Ello obligará a reformular gran parte de los análisis sobre instituciones procesales básicas que se han realizado hasta el momento.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Sociales S.a.

Inteligencia artificial y proceso judicial

La presencia de una pluralidad de imputados en el proceso penal no es ni mucho menos una situación extraña, máxime si se repara en que es consustancial a los supuestos de crímenes cometidos por bandas o grupos organizados. La declaración del coimputado constituye uno de los más importantes problemas jurídico-procesales que la existencia de una pluralidad de acusados en un solo proceso es susceptible de generar. Por ello, el objeto de la presente monografía ha consistido en el estudio de la trascendencia de las referidas declaraciones para lo cual se ha efectuado una investigación de los inconvenientes que su práctica plantea, tanto en el plano estrictamente probatorio del juicio oral y de la Sentencia, como en las fases anteriores del proceso, realizando un análisis crítico de la doctrina del TS y TC pronunciada sobre la materia. El trabajo va precedido de un estudio pormenorizado relativo a la confesión del acusado y al instituto de la conformidad como declaraciones que afectan a la situación procesal de quien las lleva a cabo y sobre las consecuencias que de las mismas podrían derivarse para terceros.

Civitas

Estudios y Comentarios

La declaración de los coimputados

Las medidas cautelares impuestas por un órgano jurisdiccional constituyen una de las escasas posibilidades de protección inmediata, de cualquier ciudadano, frente a las presuntas actuaciones abusivas de las Administraciones Publicas, actuaciones que, recordemos, gozan del exorbitante privilegio de la ejecutividad. La complejidad de la sociedad moderna y de las estructuras administrativas, justifican plenamente y han agudizado hoy la necesidad de una Justicia cautelar plenamente imparcial y eficiente, tal y como se reconoce en la mayoría de los ordenamientos jurídicos modernos que, legítimamente, podemos calificar de Estados de Derecho. Este trabajo monográfico, como destaca en su Prologo el Profesor González Pérez, «viene a cubrir una laguna de nuestra bibliografía» de Derecho Administrativo. Contiene una reflexión crítica, desde la perspectiva de la sociedad contemporánea, sobre la solución legislativa que se dio en 1956 a la eventual reparación de los daños y perjuicios derivados de medidas cautelares impuestas por resoluciones judiciales que, posteriormente, por cualquier causa, decaen o se revocan. La disposición legal que se introduce por la Ley Jurisdiccional de 1956, se ha mantenido íntegramente, de forma sorprendente, en el artículo 133.3 de la nueva Ley Jurisdiccional de 1998. La norma, como razona el autor, puede estimarse de más que incierta legalidad, al cargar, de forma exclusiva, sobre el solicitante ante los Tribunales de las medidas cautelares (que además es la presunta víctima de una ilegalidad administrativa), la reparación de cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de las cautelas jurisdiccionales acordadas. La aplicación jurisdiccional de la norma no ha producido los deseables ajustes fundados en los principios constitucionales básicos o de la simple equidad, manteniéndose, sin critica alguna, la literalidad de la disposición, hoy aún plenamente vigente. La articulación procesal de tales principios es, adicionalmente, muy desafortunada, al imponer que el mismo Tribunal que aprobó inicialmente las medidas cautelares sea, en su caso, el encargado de resolver sobre las peticiones de cuantificación de los daños y perjuicios derivados de aquellas mismas medidas, quebrando así, como analiza el autor, principios tan básicos como el de la imparcialidad objetiva del propio Tribunal. Todo ello sin perjuicio de subrayar lo insólito de nuestro sistema Contencioso-Administrativo sobre esta cuestión, al compararlo con los Ordenamientos jurídicos occidentales o de nuestro entorno, en los que, como sería deseable en España, se han limitado a la simple aplicación de los principios de responsabilidad civil general a aquellos supuestos de eventual responsabilidad en la actuación del demandante de medidas cautelares. De este modo, desaparecería un privilegio administrativo, notoriamente innecesario e injusto, hoy existente en nuestro país. En definitiva, el sistema vigente de resarcimiento de los daños derivados de resoluciones judiciales de carácter cautelar, en los procesos entre los particulares y los entes públicos, se ha convertido, una vez más, en un privilegio disfrazado de la Administración en sus relaciones con el resto de los ciudadanos, ventaja que no ha sido atenuada hasta ahora por las resoluciones de los jueces, en base a principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico y del europeo, empezando por el de igualdad de «armas procesales» entre las partes, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera parte esencial de un proceso judicial justo y equitativo. --------------------- ?El trabajo de José Briones que hoy tengo la satisfacción de prologar viene a cubrir esta laguna de nuestra bibliografía. Destacado abogado, que une a una sólida formación jurídica la experiencia de la práctica procesal de muchos años, nos ofrece un trabajo que resulta imprescindible para todos los que a diario nos movemos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La aplicación rigurosa que, de forma a veces mimética, han venido haciendo los Tribunales del régimen legal de responsabilidad en la justicia cautelar contenciosa-administrativa conduce al autor a estimar como indispensable la modificación del sistema de reparación del daño derivado de medidas cautelares ...

La reparación por daños derivados de la justicia cautelar en el derecho administrativo

A lo largo del tiempo el delito se ha considerado como una controversia entre el Estado y el ofensor, dejando al margen o con poco protagonismo a la persona que realmente ha sufrido las consecuencias del hecho delictivo. Solamente en las últimas décadas el rumbo de la política internacional ha cambiado hacia la atribución de más protagonismo a la víctima, sus necesidades e intereses, tanto intra, como extra procesales. El presente estudio tiene por objeto introducir al lector en el marco jurídico vigente en Europa y en España en cuestiones tan relevantes como la participación de la víctima en el proceso penal. Para estos fines, se lleva a cabo un análisis de los derechos de los que goza la víctima en este contexto, examinando tanto los que son comunes a todas ellas, como los conferidos solo a ciertas categorías de víctimas: menores de edad, víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata de seres humanos y terrorismo. También se hace un balance de la situación real de la víctima, basándose en la investigación documental y la investigación del campo llevada a cabo en el marco de los proyectos europeos FAIRCOM y RE-TREAT. Para ubicar mejor el posicionamiento de España en relación con el papel de la víctima en el proceso penal, se aborda también el estudio del estatuto genérico de la víctima en otros Estados miembros, en particular en Francia y Polonia. Esta obra completa el catálogo de la Editorial Aranzadi.

Aranzadi

Aranzadi - Estudios

La víctima en el proceso

Este libro ofrece una sugestiva mirada sobre las complejas relaciones entre verdad, proceso y prueba, en la que se entrelazan con acierto las perspectivas histórica, filosófica, dogmática y comparatista. Su tesis central es que determinar la verdad de los hechos en el proceso es posible y necesario para la justicia de la decisión judicial, particularmente en un sistema jurídico basado en el principio de legalidad. Esta tesis es sólo en apariencia trivial, pues se enfrenta, en realidad, a numerosos adversarios, que postulan -ya sea de modo general, como ocurre con la filosofía postmoderna, ya sea en el ámbito particular del proceso, como ocurre, por ejemplo, con las ideologías que lo conciben como una «cosa privada de las partes» o como un instrumento dirigido exclusivamente a la resolución de las controversias- la irrelevancia de la verdad. Una vez justificada la atribución de una función epistémica al proceso, se realiza en el libro un acucioso análisis comparado y crítico de numerosas instituciones del derecho probatorio. El lector encontrará, así, una detallada evaluación de las reglas de exclusión de prueba, de las diversas modalidades de asunción de la prueba testimonial, de las reglas de prueba legal que todavía subsisten en algunos ordenamientos, de los poderes de instrucción del juez y de la alternativa entre jueces profesionales y jueces legos. Por último, el autor se ocupa también de la decisión sobre los hechos y de su justificación, considerando el rol que corresponde a los estándares de prueba, a las reglas de carga de la prueba y a la exigencia de motivación, para que se pueda decir que esa decisión enuncia la verdad.

Simplemente la verdad

El lector encontrará en este libro la continuación del discurso iniciado en Prueba y verdad en el derecho (Marcial Pons, 2002 y 2005). Allí se abordó el problema de la prueba desde un punto de vista conceptual: ¿Qué significa decir que una hipótesis sobre los hechos está probada? ¿Cuál es la relación entre la prueba y la verdad de una hipótesis? Ahora, en cambio, se presenta el esbozo de una teoría sobre la valoración de la prueba. La pregunta relevante en este libro es, más bien, ¿bajo qué condiciones podemos considerar racionalmente que una hipótesis sobre los hechos está probada? Para ello, el autor aborda, entre otros, los problemas vinculados con los distintos momentos de la actividad probatoria en el proceso judicial, analizando las reglas de relevancia y admisibilidad de la prueba, las diversas teorías de la probabilidad aplicadas al razonamiento probatorio judicial, la metodología de la corroboración de hipótesis y el problema de la formulación de estándares de prueba que permitan un posterior control sobre su correcta aplicación.

La valoración racional de la prueba

Han transcurrido casi ocho años desde la reforma operada por el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transpone, entre otras, la Directiva 2014/104/UE, relativa a las acciones por daños ante infracciones del Derecho de la competencia. Este lapso de tiempo nos ha permitido tomar perspectiva y realizar un primer estudio sobre la aplicación práctica de esta normativa. La finalidad principal de esta reforma fue garantizar que las personas perjudicadas por infracciones antitrust fueran efectiva y plenamente indemnizadas. Partiendo de este objetivo, el legislador introdujo medidas para protegerlas. Concretamente, en esta obra se analizan los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC, que regulan el acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del Derecho de la competencia.El acceso a las fuentes de prueba hace más efectiva la reclamación de daños en la aplicación privada del Derecho de la Competencia, pues redunda en la reducción de la asimetría de información entre las partes y en una mejor tutela a los justiciables.Este trabajo ofrece al lector un análisis crítico y exhaustivo del acceso a información cuando ha habido daños por prácticas anticoncurrenciales. Reflexiona sobre su origen, regulación y posible mejora, poniendo de relieve la problemática detectada en la práctica judicial, revelando posibles lagunas normativas o previsiones legales que dificultasen o impidiesen su ejercicio, y ofreciendo una propuesta articulada y justificada de lege ferenda. Todo ello, en aras a potenciar su utilidad práctica, ampliar su campo de aplicación y, en definitiva, mejorar el derecho a la tutela judicial efectiva.Xènia Fuguet Carles es profesora del Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la Universitat Rovira i Virgili desde el año 2006. Su experiencia en diferentes ámbitos profesionales como abogada, Letrada de la Administración de Justicia y Abogada Fiscal sustituta, le ha permitido especializarse en Derecho procesal y cumplimiento normativo de las personas jurídicas (compliance). Experta en Derecho de la Empresa y Contratación, y máster en Mediación en Organizaciones. Actualmente es miembro del proyecto I+D+i Generación de Conocimiento PID2020-115304GB-C22 ?Nuevos retos de género del derecho probatorio?, coordinado con el proyecto del Plan Estatal de Investigación Científica del Ministerio de Ciencia e Innovación (2021-2025) PID2020-115304GB-C21 ?Nuevos retos tecnológicos del derecho probatorio?.

J.m.bosch

Acceso a las fuentes de prueba en el derecho de la competencia.

Ofrece un análisis exhaustivo sobre los medios alternativos de resolución de conflictos en el marco de la LO 1/2025, abarcando sus modalidades, así como diferentes aspectos legales y prácticos.

La Ley

Editorial Aranzadi

Medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional

BlaBlaCar, Amazon, Uber, eBay, Airbnb... Las nuevas empresas solo manejan datos (sobre el producto, los usuarios, los vendedores) y de ese modo han cambiado nuestra forma de ver el transporte, el alojamiento, la comida o el consumo en general. En definiti

El arte de la duda (2011)

Manual de especializacion en pericia judicial (2023)

Introducción al derecho concursal (2023)

Juicio a la desigualdad (2021)

Sistema de sana critica racional (2022)

La prueba en el proceso penal (2017)

Metaprueba. Su perfil conceptual y funcional y el control racional de la fiabili (2025)

La venta judicial de inmuebles (2017)

La prueba (2025)

Decidir hechos y argumentar con pruebas (2025)

Los terceros en el proceso de ejecución

La prueba digital en el proceso judicial. (2019)

Debatiendo con marina gascón abellán (2025)

El testimonio como prueba (2021)

La casación hoy, cien años después de calamandrei (2021)

Inteligencia artificial y proceso judicial (2018)

La declaración de los coimputados (2013)

La reparación por daños derivados de la justicia cautelar en el derecho administrativo (2012)

La víctima en el proceso (2023)

Simplemente la verdad (2010)

La valoración racional de la prueba

Acceso a las fuentes de prueba en el derecho de la competencia. (2025)

Medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (2025)

La reinvencion de la economía