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La nueva reforma procesal penal. Derechos fundamentales e innovaciones tecnológicas

España

El artículo 24.1 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Atento a que se trata de órganos judiciales, la tutela en cuestión no puede provenir sino del ejercicio de la función jurisdiccional, materializada en el dictado de una sentencia que resulte tanto eficaz como eficiente. Lo primero se logra a partir del dictado de un pronunciamiento que resulte verdaderamente ajustado a derecho; lo segundo, en cambio, de la mano de un decisorio que requiera para su emisión de la menor utilización de recursos posible, especialmente tiempo.Luego, si al proceso se lo concibe como es debido, esto es, como una empresa metódica de la que se valen los Jueces para adquirir el mejor conocimiento posible de los hechos de la causa respecto de la cual deben ejercer su función jurisdiccional, no pueden caber dudas de que el mismo se vuelve una verdadera garantía de imparcialidad y eficacia para los justiciables. De modo tal que se constituye aquél, en cuanto instrumento epistémico de los órganos judiciales del Estado, en condición necesaria -aunque no suficiente- de la tutela efectiva garantizada a nivel constitucional.Fue a raíz de comprender esto último que el autor se adentró en el estudio minucioso de un conjunto de elementos de Teoría General del Proceso, convencido de que la concepción tradicional que se tiene de los mismos, necesita de una vuelta de tuerca. El resultado de dicha investigación se encuentra volcado en la presente obra ensayística, donde se realiza un novedoso análisis de una serie de instituciones que giran en torno del proceso judicial; valiéndose al efecto no sólo de las herramientas que pertenecen a la clásica dogmática jurídica sino también de ciertos métodos que son más bien propios de otras ciencias sociales o de saberes aún más generales, como es el caso de la economía, la sociología, la filosofía o incluso la psicología.Alejandro Alberto Fiorenza. Abogado (UCA), Especialista en Magistratura (UCA) y Doctorando en Derecho (UCA); con estudios de Filosofía del Derecho, Derecho Informático, Derecho Ambiental y Derecho Económico realizados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Director del Suplemento Jurídico dedicado a la provincia de Santa Fe que se publica trimestralmente en el sitio web elDial.com. Autor de diez libros editados en Argentina: La arbitrariedad procesal (Juris), Procedimiento laboral santafesino (Zeus), La caducidad de instancia en la provincia de Santa Fe (Cívica), Aspectos generales de responsabilidad civil (Cívica), Teoría y practica de la responsabilidad civil en el CCyC (Ediciones Jurídicas), Accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe (Cívica), La función resarcitoria de la responsabilidad civil (El Derecho), La verdad en el proceso (Astrea), Técnica procesal (Nova Tesis), Recurso de inconstitucionalidad en la provincia de Santa Fe (Cívica); y uno en Costa Rica: Institutos de derecho procesal civil (Editorial Jurídica Continental). También ha publicado más de 160 artículos de doctrina que se han publicado en algunas de las revistas jurídicas más importantes de la Argentina (El Derecho, La Ley, Rubinzal-Culzoni, elDial.com, Erreius, Juris, Zeus, Microjuris, Jurisprudencia Santafesina).

En torno al proceso.

En un caso real un Fiscal propone a la defensa aceptar ser culpable, cuando el cliente no lo es, pero a cambio de ello rebaja una pena inicial de 6 años de prisión a una multa de 1.200 euros. ¿Aceptaría jugar a la ruleta rusa procesal con la incerteza en el fallo o en cambio la oferta de este suicidio procesal?. Otro caso, una persona es solicitante de una adopción internacional que lleva años tramitando para la cual un antecedente penal implica, casi con seguridad, que le denieguen la misma, por no cumplir los requisitos de idoneidad en la adopción y es acusado de un delito menor, por ejemplo alcoholemia, aceptaría una conformidad cuando los jueces ignoran los efectos de su sentencia penal en otros ordenes jurisdiccionales. Si llega al contencioso administrativo pasarán varios años más. Se produce un suicidio procesal. Los efectos que pueden tener un acto muchas veces puede tener en otros derechos como lo son en ámbito civil, laboral, administrativo, etc y que repercuten en la vida del afectado. Se produce cuando un investigado autoriza un acto, prueba o declaración sin estar informado de todas sus consecuencias perjudiciales. Ese daño, por falta de conocimiento en el mismo sujeto o defensa, supone un verdadero suicidio procesal al considerarlo válido a los efectos del proceso por el mero y simple consentimiento formal. Es un error de consentimiento. El suicidio procesal va de eso y en este libro se muestran y plantean cuestiones que van más allá del derecho y en todo caso en la vida real.ANTONI PASCUAL CADENA es letrado en ejercicio especialista en Derecho Penal y Constitucional. Cursó sus estudios en la Universidad Central de Barcelona de licenciatura en Derecho y doctorado en Filosofía del Derecho. También en la Universidad Autónoma curso estudios de Ciencias Políticas y Sociología. Diplomado en Derechos Humanos por el Consejo de Europa. Ha sido profesor invitado en las Universidades de Barcelona, Estocolmo, Fermo, Novi Sad o Columbus de Nueva York. Conferenciante en varios colegios de abogados de Madrid , Barcelona y otros. Miembro de la National Assotiation of Criminal Defense Lawyers de Estados Unidos. Ha publicado artículos y libros siendo su obra más conocida: El plan de prevención de riesgos penales y responsabilidad corporativa , (2016). Aparte ha publicado libros y artículos de diversas temáticas como arqueología, ópera, gastronomía, cuentos , etc.. que le hacen ver el derecho desde muchas y diversas ópticas. También fue el letrado que promovió a la famosa sentencia que declaró la prisión provisional inconstitucional (SS.TC. 47/ 2000) y que marcó las bases de las actuales garantías jurisprudenciales.

Teoría del suicidio procesal

La conocida como Ley de Represión de la Usura (cuyo nombre real es ley sobre nulidad de ciertos contratos de préstamo) fue promulgada en 1908 y ostenta el meritorio logro de ser una de las pocas normas que permanece vigente -al menos en su contenido sustantivo- después de más de un siglo desde su publicación. A pesar de esta inusitada longevidad, mucho se habla hoy de la nulidad por usura pero, en realidad, poco se dice sobre ella. Aunque hay bastantes autores y sentencias que han tratado la cuestión, apenas hay estudios sistematizados que aborden la materia a partir de un análisis completo de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina desde el nacimiento de la norma hasta nuestros días. Esta obra trata precisamente de suplir esa carencia con el fin de dotar al lector de una visión holística de la nulidad por usura y de ilustrarle acerca de las diferentes corrientes que han promovido y justificado las variaciones conceptuales sobre cómo ha de entenderse y aplicarse dicha nulidad.

Eolas Ediciones

La nulidad por usura

Se trata de un libro que abarca las principales actuaciones de un letrado en las denominadas diligencias previas del procedimiento abreviado, desde la atribución de un delito a un investigado hasta su transformación en procedimiento abreviado.La presente guía va dirigida a abogados que ejercen en los Juzgados y Tribunales españoles. Analiza esta fase previa del procedimiento abreviado desde una perspectiva eminentemente práctica, contemplando el derecho a la defensa, el contenido de la misma, los órganos competentes de instrucción y enjuiciamiento, las partes procesales, acusadoras y defensoras. Destaca en el mismo el papel del abogado defensor en sede policial, ajustado a las reformas legislativas derivadas de las leyes orgánicas 5/2015 y 13/2015, así como de las leyes 4/2015 y 41/2015, consecuencia de diversas Directivas Europeas, normas que implicaron un importante cambio en el papel del abogado defensor en sede policial, con nuevos y amplios derechos para el investigado y su letrado, como el tomar conocimiento de los elementos esenciales para impugnar la detención y la entrevista reservada previa, medio para asesorar antes de cualquier declaración al investigado.En cada una de las fases en que se divide, fase policial y fase judicial, se explica el papel que juega cada operador jurídico y aquello que afecta al abogado, ya sea acusador o defensor, lo que tiene que hacer en cada momento, los escritos que ha de presentar, el lugar que ha de ocupar en el Juzgado y lo que ha de decir en el mismo cuando le corresponda hablar.Contiene una serie de modelos de documentos, los de uso más frecuente, que han ser redactados por los letrados en función de los intereses que defiendan, circunscritos a las diligencias previas, como escritos de designación, de personación, de denuncia, querella, petición de pruebas, solicitud de libertad y de recursos que caben en esta fase procesal, contra inadmisión de prueba y contra el auto de finalización de las diligencias previas. Son modelos utilizables en la generalidad de los supuestos, que como tales modelos deben adaptarse a las circunstancias de cada caso en que se pretendan usar.También abarca el lenguaje jurídico propio de los abogados, la fraseología que se ha de utilizar en los distintos momentos, algo que no forma parte de los estudios de Derecho en las Facultades y que es propio o peculiar del foro.En definitiva, como indica el subtítulo, pretende ser una guía para los abogados noveles, para que cuando tengan que intervenir no sufran los nervios de derivados desconocer su papel, modo de actuar, momento apropiado para hacerlo o escrito a presentar, y solamente pasen los propios del caso que han de defender.

Diligencias previas de procedimiento abreviado

La contratación bancaria ha sido una de las materias jurídicas que mayor número de modificaciones ha sufrido en los últimos años, originando una situación de inseguridad jurídica tanto en el justiciable como en los operadores jurídicos.La presente monografía tiene dos objetivos. En primer lugar, analizar cómo se regulan normativamente las cláusulas abusivas en la Ley 5/2019,de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y, en segundo lugar, examinar la reciente jurisprudencia comunitaria e interna, en relación a la interpretación y aplicación de las cláusulas abusivas, y cómo esta incide en el ámbito sustantivo y procesal.Asimismo, debido a la especial importancia del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19 y del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19, ambos textos normativos, dictados durante el estado de alarma, se analiza la posibilidad de solicitar y conceder la moratoria respecto del pago de las obligaciones económicas derivadas de los contratos de préstamo, en especial, los hipotecarios.FEDERICO ADAN DOMENECH. Profesor Agregado de Derecho Procesal, acreditado como Catedrático de la Universidad Rovira i Virgili. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Doctor en Derecho: El nuevo proceso cambiario, por la Universidad Rovira Virgili, el 29 de junio de 2001, con la calificación de Sobresaliente cum laude. Ha complementado su formación jurídica con diferentes estancias de investigación en la Università degli studi di Bologna -Italia-. En la actualidad, ostenta el cargo de Director de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Tarragona. Durante los años 2009 a 2012, ejerce como Director del Master de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad Rovira i Virgili conjuntamente con los Ilustres Colegios de Abogados de Tarragona, Reus y Tortosa. En cuanto a los cargos académicos ha sido Decano y Responsable de los Estudios de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira Virgili. Autor de 8 monografías: 5 de autoría individual y 3 en coautoría y de más de 70 artículos jurídicos publicados en revistas especializadas y capítulos de libros, así como Director y codirector de diferentes obras jurídicas. En el año 1998, obtuvo el Premio Feixo Carrera del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por el trabajo relativo al juicio cambiario, en el año 2016, fue galardonado con el Premio Ferrer Eguizábal, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, por el proyecto de investigación sobre la segunda oportunidad de las personas físicas, y en los años 2017 y 2018, obtuvo, respectivamente, el Premio Melchor Almagro, concedido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y el Accésit del premio jurídico otorgado por el Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid, por el trabajo Deconstrucción del ordenamiento jurídico español.

El fin de las cláusulas abusivas hipotecarias en la ley de crédito inmobiliario y en la jurisprudencia del ts y tjue

Cuando todo va mal, la opinión pública acaba siempre poniendo el foco en el poder judicial y en la función que desempeñan los jueces en cuanto se refiere al ejercicio de los derechos, confiando en recibir el auxilio que le han negado el resto de los poderes del Estado. Pero la eficacia del proceso está condicionada, en parte, por un elemento que está fuera de su alcance y que no depende de la calidad de las normas que los jueces están obligados a aplicar. Por eso, los temas de la justicia, tan íntimamente emparentados con el objeto de nuestra disciplina, siguen siendo una cuestión fundamental para la supervivencia del Estado de Derecho.

Qué justica queremos?

La prueba digital es aquella información obtenida o transmitida a través de un medio electrónico o dispositivo digital que sirve para acreditar la evidencia de un hecho de relevancia en cualquier orden jurisdiccional.Los tiempos cambian, la sociedad evoluciona y las formas de comunicación entre los humanos también. Lo que antes se hacía a mano, ahora se hace a través de un Smartphone, de una Tablet o de un ordenador. Y por tanto, las conversaciones que se tienen actualmente también adquieren este formato. Es por ello que el sistema judicial ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, admitiendo como pruebas las que provenían de este tipo de terminales o aparatos, eso sí, siempre y cuando no fuera impugnado su origen o aún siéndolo, se presentara pericial que la acreditase.En cuanto al resto de pruebas admitidas tanto en la vía civil como en la penal, la Sala Primera y Segunda van sentando cada año la nueva doctrina, también adaptada a los nuevos tiempos y actualizada, que será de aplicación en las decisiones judiciales de todos los tribunales. Todo ello lo podremos encontrar en este manual.Salud de Aguilar Gualda, granadina de nacimiento y residencia, se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, especializándose en Derecho Urbanístico y Seguridad Social. Durante el ejercicio de la abogacía, obtuvo la mención de doctora en Derecho Penal, también por la Universidad de Granada. Tras trece años de ejercicio de la abogacía, en la actualidad desempeña la función de Magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Málaga, que compagina con la labor de investigación y publicación de libros y artículos doctrinales.

La prueba digital en el proceso judicial.

Esta monografía tiene por objeto analizar la práctica de la prueba desde su perspectiva dinámica, es decir, su propia actuación en el proceso. Como cualquier institución que tiene por objeto resolver conflictos, las estrategias probatorias de los abogados son vitales para conseguir la victoria en un pleito.Para lograr este conocimiento dinámico, en el libro se exponen las experiencias profesionales de expertos litigantes (socios de los mayores despachos de abogados de España), magistrados y especialistas en psicología judicial. De igual modo, se recogen los resultados de dos ensayos clínicos que desde la Asociación de Probática y Derecho Probatorio se han realizado sobre la prueba pericial y las pruebas personales (interrogatorio de las partes y de testigos).Todo ello para homenajear al Maestro Lluís Muñoz Sabaté, quien tanto nos ha enseñado de probática y de derecho probatorio.

La prueba en acción. Estrategias procesales en materia probatoria

A las puertas de cumplirse dos décadas de la aparición en la escena procesal española del procedimiento monitorio, se confecciona este estudio que tiene como finalidad dar a conocer la configuración legal de este proceso civil especial para la tutela del derecho de crédito y su aplicación práctica en la actualidad. A través de un extenso estudio teórico y jurisprudencial se ha pretendido poner de relieve las diferencias existentes entre la idea primigenia con la que el Legislador lo introdujo en nuestro Ordenamiento Jurídico y la utilización mayoritaria que se está haciendo del mismo por parte de un titular de derechos de crédito muy concreto: las entidades financieras. La explosión del mercado de financiación al consumo ha provocado que las gran-des entidades de crédito hayan encontrado en el monitorio el instrumento procesal ideal para la reclamación de sus deudas impagadas, llegando, en ocasiones, a saltar del buen uso al abuso de este procedimiento especial. En este estudio el lector podrá introducirse en la piel del deudor y conocer las posibilidades de que dispone para oponerse al pago desde el momento en que recibe una demanda monitoria en la que se le reclama una deuda que proviene de un contrato de préstamo al consumo y que, en numerosas ocasiones, adolece de graves defectos que pueden provocar desde la declaración de nulidad por abusivas de algunas de las cláusulas que lo componen, hasta llegar incluso a suponer la nulidad radical y absoluta del negocio jurídico del que nace la deuda que se reclama a través de la técnica monitoria, por la aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, también conocida como Ley de la Usura o Ley Azcárate.

El procedimiento monitorio y la reclamación de derechos de crédito

El presente libro tiene por objeto analizar la manera en que la institución del despido colectivo es contemplada, acogida y tratada por una legislación concursal moderna que se inicia con la L. 22/2003. En nuestro Derecho del Trabajo, la figura está fundamentalmente regulada en el Estatuto de los Trabajadores de 1995, art. 51: un despido es colectivo cuando afecta a un número sensible de trabajadores y tiene por causa la situación de dificultad económica de la empresa. Como en los otros países de la Unión Europea, la regulación española se somete al derecho comunitario, en concreto, las Directivas sobre despidos colectivos (1975, 1992, 1998), donde el proyecto empresarial se sujeta a un procedimiento garantista consistente: en una consulta o negociación del empresario con los representantes de los trabajadores, con la finalidad de llegar a un acuerdo; y en una obligada comunicación del proyecto a la Administración laboral. La particularidad española radicó hasta hace poco en que la realización de los despidos por el empresario estaba precisada de una previa autorización o permiso de esa Administración. Para el plano de la insolvencia formalizada, el propio art. 51.10 del ET 1995 instauró un sistema muy liberal, al disponer que, en caso de quiebra, los síndicos pudieran acordar la no continuidad de la actividad empresarial y el despido de los trabajadores sin esa previa autorización administrativa. La moderna Ley Concursal de 2003 cambió radicalmente de orientación y adoptó unas directrices más protectoras para el trabajador: declarado el concurso, un despido colectivo precisa la previa intervención de una autoridad, que ya no será la Administración laboral, sino el propio Juez del concurso quien, además, no autoriza meramente el despido, sino que, a petición de parte legitimada, lo acuerda él mismo. El art. 8.2 de la LC 2003 atribuye al Juez mercantil competencia exclusiva y excluyente para enjuiciar las acciones sociales que tengan por objeto ?la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado?; y diseña un procedimiento para sustanciar esta titularidad competencial, que se ubica en el art. 64 y se inspira en la regulación laboral de los expedientes de regulación de empleo y en la normativa comunitaria. Todo ello con una importante prevención dirigida al Juez mercantil: ?en el enjuiciamiento de estas materias?, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral?. Esta es la razón por la que en el presente estudio se tiene en cuenta la legislación laboral sobre despido colectivo, y precisamente la más reciente, en un momento de cambios legislativos tan frecuentes. De ahí que la obra se halle completamente actualizada y dé cuenta del RDLey 3/2012, de 10 marzo, que se caracteriza por un importante novedad frente a la legislación anterior: que elimina la autorización administrativa previa para los despidos colectivos; también, de la Orden ESS/487/2012, de 8 marzo, por la que el Ministerio de Empleo establece la vigencia transitoria de determinados artículos del RD 801/2011, que acompañaba, en materia de procedimiento, a la hoy derogada L. 13/2010; igualmente, del V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (BOE 12 febrero 2012), de aplicación en procedimientos de mediación o arbitraje utilizados durante el periodo de consultas, dentro de los llamados EREs concursales; también, finalmente, se da cuenta de la reciente L. 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, donde se ofrece un nuevo cauce para las impugnaciones, colectivas o individuales, de un acuerdo empresarial de extinción colectiva. En el plano concursal, se analiza, junto a la inicial LC 22/2003, el RDley 3/2009, que introdujo algunas modificaciones de interés, y sobre todo, la L. 38/2011, de 10 de octubre, de reforma concursal, que comenzó su vigencia en 1 enero 2012. Aparte otros extremos de importancia, como los relativos a la refinanciación del concursado, la ley concursal novísima ha modificado profundamente el art. 64 LC, y se han visto afectados varios aspectos del procedimiento donde se puede acordar el despido colectivo de trabajadores del concursado; lo que se ha hecho con inspiración directa y literal en la L. 35/2010, sobre reforma del mercado laboral, últimamente derogada, sin embargo, por el RDLey 3/2012, donde se introducen principios opuestos o diferentes: desaparece la autorización administrativa previa; se simplifica enormemente el concepto de causas económicas, en sentido amplio, del despido, hasta no ser ya necesaria a la anterior finalidad de contribuir a la viabilidad de la empresa; deja de existir el llamado plan de acompañamiento social, etc. Puntos estos últimos que entran en colisión con la Ley Concursal, donde el despido colectivo fue concebido con las finalidades y con el acompañamiento propio de la L. 35/2010; circunstancia que exigirá una cuidadosa interpretación y aplicación del intocado art. 64 LC.  El presente estudio se inspira en los aspectos dogmáticos de las instituciones laborales y concursales que examina. Pero se orienta principalmente hacia las cuestiones prácticas que la actual y variada casuística concursal/laboral presenta, manifestada en resoluciones de los Juzgados mercantiles, en las sentencias que en suplicación dictan las Salas de lo social de los TSJ, más la actitud de los Juzgados sociales, cuando enjuician, sin serios criterios de coordinación con el proceso concursal, las acciones extintivas deducidas por los trabajadores, con el fin principal de obtener una mayor indemnización por su salida de la empresa. Estamos, por ello, ante una obra de muy útil manejo por los diversos profesionales que participan en un concurso de acreedores: jueces mercantiles y sociales, abogados, graduados sociales, administradores concursales, economistas, etc. Incluso los estudiantes de las diversas ramas afectadas pueden aprovecharse de las explicaciones que se proporcionan.

Despido colectivo y concurso de acreedores

El presente manual proporciona al practicante del derecho profesional o nobel, una forma rápida y completa los principios básicos de las normas procesales recogidas en un solo compendio. Ayuda tanto a interponer como a contestar demandas, proponer y practicar prueba, entre otras, centrándose en el proceso civil primordialmente con citas a pie de página de las Leyes que se trascriben actualizadas a diciembre de 2022, a fin de evitar tener que buscarlas por la literalidad de las referencias, además encontrara el lector en muchas ocasiones jurisprudencia que sustentan el contenido del texto.

Las normas procesales y su aplicación

Se abarca la problemática de las conocidas como Acciones preferentes comercializadas por lar mercantiles bancarias a consumidores y usuarios siendo un producto altamente complejo, fue realizada para rellenar el gran hueco que tuvieron los activos de los bancos por el crak del sector inmobiliario y de la construcción año 2009, perdiendo de vista el fin primordial de su función: La custodia del dinero de sus clientes. Por lo que deben intervenir los Tribunales para erradicar el abuso que se estaba causando, prueba de ello es la numerosa jurisprudencia que se cita en este estudio.

Tutela procesal sobre acciones de nulidad en men materia de

En este libro, de tinte divulgativo, se introduce al lector en dos métodos de estudio del derecho: uno que ya tiene cierto andar, como es el caso del análisis económico del derecho (AED); y otro de factura más reciente, que es el análisis conductual del derecho (ACD). Pero ello no es todo, porque ese caudal de herramientas conceptuales y multidisciplinares se vuelca -luego- al ámbito específico del derecho procesal, dando nacimiento, así, a lo que se ha dado en llamar análisis económico y conductual del derecho procesal (AECDP). A partir de este último se ofrece un nuevo punto de vista desde el cual analizar el derecho procesal, que se centra en la conducta que es observada por todos los que intervienen en un procedimiento judicial, sea como partes, como jueces, e incluso como terceros. Lo que resulta de suma importancia, porque es aquélla, precisamente, la que se busca regular a través de las normas procesales. Y porque no debe olvidarse que el derecho, a final de cuentas, pretende una sola y única cosa: moldear el comportamiento humano, esto es, regular, incentivar e impulsar a los individuos para que actúen de cierta manera y no de otra.Alejandro Alberto Fiorenza. Abogado (UCA), Especialista en Magistratura (UCA), Doctorando en Derecho (UCA) y Maestrando en Argumentación jurídica (UNL); con estudios de Filosofía del Derecho, Derecho Informático, Derecho Ambiental y Derecho Económico realizados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Relator en la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Expositor sobre temas vinculados al derecho procesal civil y al derecho de daños. Autor de once libros editados en la Argentina, España y Costa Rica; y de más de 200 artículos de doctrina que se han publicado en algunas de las revistas jurídicas más importantes de Argentina.

Introducción al analisis economico y conductual del derecho

En el presente libro el lector comprobará la evolución histórica que ofrece el profesor Fisher para sostener que, en el sistema judicial estadounidense, el jurado es el único sistema de detección de mentiras. Para ello, el autor parte de un juicio que no implicaba conflicto de credibilidad alguno, como lo era el juicio por ordalía en la Edad Media. Abolida la misma en 1215, e instaurado el procedimiento judicial ante jurado, tanto en causas civiles como penales, el sistema judicial inglés buscó la legitimidad divina en la institución del juramento, prohibiendo y evitando conflictos de credibilidad (el acusado no podía declarar bajo juramento y no podía llamar a testigos para que declararan bajo juramento, mientras que el acusador sí disponía del juramento para declarar tanto él como sus testigos).  El autor analiza cómo el sistema judicial inglés cedió parcialmente a lo largo del siglo xvi, y comenzó a permitir a los testigos de la defensa contradecir los juramentos de los testigos de la acusación (gracias a la Ley para abolir las hostilidades con Escocia), y cómo el sistema hizo frente a sus primeros conflictos de credibilidad (a través de las reglas de credibilidad de los testigos y la regla del Caso de Bethel). Asimismo, el profesor  Fisher analiza cómo el sistema judicial estadounidense hereda las anteriores instituciones judiciales y da un paso más, permitiendo la declaración bajo juramento del propio acusado a lo largo del siglo xix, gracias a las diversas leyes que permitieron declarar judicialmente a los afroamericanos. Con ello, la conclusión a la que llega el autor no es otra que, de hecho, el jurado es el único sistema de detección de mentiras en el sistema judicial estadounidense.

Marcial Pons Ediciones Juridicas Sociales S.a.

Proceso y Derecho

El origen del jurado como detector de mentiras

En los procesos civiles ordinarios, ¿hay que dar al juez mucho poder más allá de lo que los litigantes decidan plantear en cuanto a los hechos y al Derecho aplicable? ¿O el juez, por el contrario, ha de decidir sobre las pretensiones de las partes tal como las fundamenten? En especial, ¿debe poder el juez acordar pruebas no propuestas por las partes o cabe dejar exclusivamente a quienes litigan la carga de convencer al juez sobre los hechos relevantes alegados? Estos interrogantes y el de la verdad en el proceso, son el objeto de este personalísimo ensayo, que afronta, de forma incisiva y directa, una perenne polémica del mayor interés. Frente a la extendida idea de que las respuestas a esas cuestiones obedecen a posiciones ideológicas contrapuestas, el autor sostiene que es posible y muy preferible ofrecer respuestas al margen de ideología y política, a base de juicios de prudencia que tengan en cuenta diversos factores culturales y sociales, que son analizados. Decisivo resulta también no desdeñar que los mayores poderes deben implicar mayores responsabilidades, que habrían de ser asumibles y jurídicamente exigibles. Se trata, en suma, de que el modelo procesal responda, no tanto a aprioris doctrinarios, como a la prudentia iuris, que busca y procura lo que es justo, razonable y viable.

Cuadernos Civitas

El papel del juez en el proceso civil

El Derecho procesal es la rama del Derecho que se ocupa de lo relativo a la función jurisdiccional o, por expresarlo de un modo muy general, al funcionamiento y actuación de los tribunales de justicia.Las explicaciones que integran esta obra se estructuran en torno a tres nociones básicas, que aparecen inescindiblemente entrelazadas. La jurisdicción como potestad del Estado a través de la cual se realiza o actúa el Derecho en el caso concreto; la acción como derecho fundamental de los ciudadanos a la protección judicial de sus derechos; y el proceso como instrumento, exclusivo y excluyente, a través del cual actúan los tribunales para proteger los derechos de los ciudadanos.Más en concreto, la obra se ocupa del estatuto jurídico de los jueces y magistrados, de la organización de los tribunales españoles y del Poder Judicial, de las garantías constitucionales de los justiciables, de los principios y características generales del proceso judicial y de la regulación de los actos procesales, sin descuidar una panorámica general sobre los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, que van ganando un creciente protagonismo social.El objetivo del autor es, en definitiva, proporcionar una visión general, al mismo tiempo sintética y rigurosa, del fenómeno judicial en su globalidad, útil para quien curse la asignatura de «Introducción al Derecho Procesal» en una facultad de Derecho, así como para todo aquel que desee conocer cómo funcionan los tribunales, qué derechos asisten a los ciudadanos ante la Administración de Justicia o, simplemente, se propongan adquirir unos conocimientos básicos y sólidos sobre el proceso judicial, cuestiones, todas ellas, de permanente actualidad e interés.La presente edición actualiza la anterior a consecuencia de una de las oleadas de reformas legislativas más importantes en materia procesal de los últimos tiempos, reformas que, por citar solo las más significativas, han afectado profundamente a la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial; la promulgación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa; la extensa reforma procesal que ha modificado profundamente la Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal llevada a cabo por el Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Esta norma ha propiciado un profundo avance en la digitalización de la justicia, impulsando la tramitación telemática de los procesos judiciales, la realización de los actos procesales en forma electrónica, el expediente judicial electrónico, etc. aspectos que han provocado una verdadera revolución en el funcionamiento de la justicia española; y, finalmente, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, entre otros aspectos, ha transformado radicalmente la organización judicial española y ha convertido a los, así llamados, medios adecuados de solución de controversias (MASC) o métodos de resolución extrajudicial de conflictos, en condición de procedibilidad en el proceso civil. Por último, en la nueva edición se recogen, asimismo, relevantes pronunciamientos jurisprudenciales españoles y europeos recaídos desde la anterior edición en diferentes ámbitos.

Manuales Universitarios

Introducción al derecho procesal

Este libro colectivo presenta los resultados de investigación enmarcados en el Proyecto de Investigación I+D+i de la Universidad de Salamanca ôEl impacto de las tecnologías disruptivas en el derecho procesalö (PIC-2020-03.USAL). Programa de financiación propio USAL de grupos de investigación, modalidad C2, en el que ejerzo la labor de Investigador Principal. En él, podréis encontrar estudios de diferentes personas vinculadas al área de derecho procesal de la Universidad de Salamanca y de colaboradores de la misma, acerca del impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Procesal. Los cambios legislativos deben ir mucho más allá que las leyes de Asimov para afrontar el impacto de las tecnologías disruptivas en el Derecho Procesal. Por ello, debemos reflexionar sobre la posible elaboración de normas jurídicas así como la introducción de cambios legislativos en nuestros diferentes textos normativos. Concebimos así el derecho procesal como sistema de cierre del ordenamiento y derecho de garantías de todo el sistema de justicia, recogiendo lo expuesto en los párrafos anteriores para canalizar los retos y trasladarlos al proceso en sí como resultado. Este planteamiento hace que el libro colectivo que presentamos tenga un enfoque garantista, reflexivo y que aporte un resultado de investigación que sirva para el avance de nuestra materia.

El impacto de las tecnologias disruptivas en el derecho proc

La presente obra analiza una de las posiciones en las que puede encontrarse el sujeto sometido al proceso penal y que constituye el punto de partida para el despliegue del haz de derechos y garantías que corresponden a ese sujeto convertido en parte. Una condición, la de imputado, explotada en los últimos tiempos por los medios de comunicación y cuya vistosidad contrasta con el carácter secreto que nuestra actual legislación exige para la fase de instrucción. En la obra se describen, en primer lugar, las razones que provocaron el nacimiento de esta institución en nuestro proceso penal, a saber: la traslación a la fase de instrucción de los principios de contradicción e igualdad y la aparición de nuevos procesos en los que no existía imputación formal. Se realiza, en segundo lugar, un análisis del modo en que la imputación aparece regulada en los distintos procedimientos, destacando la distinción entre la previa imputación judicial (art. 118 LECrim) y la imputación formal específica de cada procedimiento (arts. 384, 779.1.4º, 798.2.1 LECrim). Se realiza, en fin, una construcción general de la categoría procesal del imputado, estableciendo los presupuestos necesarios para atribuir tal condición y los efectos vinculados a la misma (en esencia, el derecho de defensa); se enfatiza en la exigencia de que dicha condición dependa siempre de un acto judicial -y no de la mera atribución de responsabilidad efectuada por otro sujeto en denuncia o en querella, en su declaración como testigo o como imputado-; se diferencia la posición de imputado de la de otros posibles estadios previos a la misma (sospechoso o investigado por la Policía o el Fiscal) y se apuntan los límites que esta posición preprocesal encuentra. La obra constituye un referente imprescindible en el proceso penal. Desde el punto de vista científico, se sientan las bases para la delimitación de esta categoría jurídica con otras que pueden darse en el proceso penal (sospechoso, acusado, testigo); desde el punto de vista práctico y del profesional, se contiene en ella el análisis de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y la adecuación o no de las mismas en atención a la actual regulación.

Aranzadi - Monografías

El imputado en el proceso penal

El estudio de la confesión del acusado, escuetamente regulado en la vigente decimonónica LECrim, se realiza desde una doble perspectiva. La dogmática, imprescindible en cualquier trabajo que pretenda un análisis riguroso del objeto de investigación ?lo que queda evidenciado, entre otras materias, en el estudio de la polémica en torno a su naturaleza jurídica?. Y la visión más práctica que arroja básicamente el estudio crítico de la doctrina del TEDH, TC y TS pronunciada sobre la materia, habiéndose realizado el análisis de más de 500 sentencias de los órganos judiciales mencionados. El trabajo va precedido de un estudio de las cuestiones generales relativas al juicio oral en el procedimiento ordinario por delitos graves. Se aborda, igualmente, el planteamiento que, respecto de la confesión de la persona jurídica como responsable penal se realiza en el Proyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal, entendiendo que suscita graves problemas en cuanto al respeto a las garantías básicas del imputado, fundamentalmente, en lo relativo a su derecho de defensa. Y, finalmente, se concluye con una serie de propuestas de lege ferenda en relación a la futura regulación de la confesión del acusado en la redacción de la nueva LECrim, que, el autor, coincidiendo con la unanimidad de la doctrina procesal española, reclamada como tarea inexorable y urgente que debe abordarse desde el Poder Legislativo. El presente trabajo se encuadra dentro de los resultados del Proyecto de investigación ?El Poder Judicial en el marco de una sociedad globalizada? (DER 2009-11199), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El interrogatorio del acusado

La presente Monografía aborda los problemas, sin duda complejos y de gran actualidad, que plantea el interrogatorio de la persona inculpada de un delito, así como las interesantísimas cuestiones relativas a la confesión del imputado. Se abordan, en esta obra, temas tales como la psicología de la confesión y los métodos existentes para provocar dicha confesión en una persona detenida e interrogada en relación con un delito, así como su contradicción con los principios que rigen, en la actualidad, el marco del sistema procesal penal español. En armonía con los principios constitucionales vigentes en nuestro país, la autora se enfrenta a un tema de impactante actualidad: la forma, el modo de realizar el interrogatorio, cuestión ésta crucial para los funcionarios de la Policía Judicial, los Fiscales, Abogados de las partes implicadas y, muy especialmente, los Jueces de Instrucción (a quienes está dedicado el libro). La autora, que, en sus inicios profesionales, fue Abogada penalista, defiende, en esta obra, la idea de la necesidad de realizar, en cada caso concreto que se presente, un interrogatorio adecuado, con las preguntas oportunas que sean decisivas para el esclarecimiento de los hechos, cuestión ésta que es clave a la hora de la investigación de la verdad real, única verdad a la que debe responder el proceso penal. Para ello, se ofrecen unas directrices que serán muy eficaces para los interrogadores. Temas como la psicología del imputado (inculpado), la forma de hacer el interrogatorio y de contestar a las preguntas, se proponen en este libro como verdaderamente decisivos a la hora de instruir las causas penales. Colectivo al que va dirigido la obra: Abogados en ejercicio (especialmente penalistas), Funcionarios de la Policía, Fiscales y Jueces de Instrucción. También interesará a los investigadores del Derecho Procesal penal, así como a los opositores a la Carrera Judicial.

Reus

El interrogatorio del imputado y la prueba de confesión

Es evidente que la institución arbitral ha evolucionado con el devenir del tiempo, acomodándose a una nueva economía globalizada que requiere de procesos ágiles y seguros, pero también lo es que desde sus precedentes romanos hasta ahora, los negocios genéticos de la institución no han variado en lo fundamental. De hecho, continúa siendo esencial para la validez del procedimiento arbitral y del laudo que se dictase, la existencia de un conjunto de consentimientos que les den origen y sin los cuales el arbitraje nace ya con un vicio en su configuración que puede desembocar en su ineficacia. Ha sido relativamente frecuente centrar el examen del aspecto negocial del arbitraje en el convenio arbitral, olvidando la existencia de otros tipos de acuerdos que se encuentran implícitamente en la institución y que constituyen, de igual modo, su base estructural. Probablemente este hecho se deba a que la Ley de Arbitraje de 2003, también las leyes anteriores, no hayan hecho mención a la existencia de un contrato que vincula a las partes con el árbitro o árbitros encargados de solventar la contienda (el contrato de dación y recepción del arbitraje), como también al convenio que sujeta a la entidad administradora del arbitraje y a las partes que la han seleccionado. En la esencia del encargo asumido por árbitros y entidades administradoras del arbitraje se halla una base contractual (negocial) que es la que determina la necesidad de la aceptación que la Ley de Arbitraje exige, pues sin ella ni unos ni otras quedan sujetos al cumplimiento del cometido que se les encarga. Es objeto de este trabajo el análisis de estos otros contratos, averiguar su naturaleza jurídica para, con base en ella, determinar su contenido (derecho y obligaciones), así como las consecuencias del incumplimiento.

El contrato de dación y recepción del arbitraje (papel + e-book)

Thomson Reuters Aranzadi

Monografías

El debido proceso cautelar: Nuevas tendencias en la tutela cautelar

Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones patrimoniales de los delitos que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene en ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si dictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones no alcanzan a privar a los condenados de los bienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos. Para intentar luchar contra esta situación los países han diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que gozan de gran apogeo y actualidad, por una parte, tipos penales como el blanqueo de capitales o el enriquecimiento ilícito, y, por otro, una institución como el decomiso conforme a la cual el Estado va a actuar no sólo contra las personas de los condenados sino también contra sus elementos patrimoniales. En esta monografía se analizan, en clave de sistema penal, las bases conceptuales sobre las que se construye el decomiso de bienes relacionados con actividades criminales y se estudia en detalle el complejo entramado sustantivo y procesal que ha sido incorporado a nuestro Derecho en los últimos meses. Todo ello de forma crítica y propositiva en pro de realzar hasta qué punto el legislador nacional se ve obligado -o cuando menos influido- a trasponer prácticas e instrumentos jurídicos con origen en organismos supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Consejo de Europa o la Unión Europea.

La nueva reforma procesal penal. Derechos fundamentales e innovaciones tecnológicas (2018)

En torno al proceso. (2019)

Teoría del suicidio procesal (2020)

La nulidad por usura (2020)

Diligencias previas de procedimiento abreviado (2017)

El fin de las cláusulas abusivas hipotecarias en la ley de crédito inmobiliario y en la jurisprudencia del ts y tjue (2020)

Qué justica queremos? (2020)

La prueba digital en el proceso judicial. (2019)

La prueba en acción. Estrategias procesales en materia probatoria (2019)

El procedimiento monitorio y la reclamación de derechos de crédito (2019)

Despido colectivo y concurso de acreedores (2012)

Las normas procesales y su aplicación (2023)

Tutela procesal sobre acciones de nulidad en men materia de (2023)

Introducción al analisis economico y conductual del derecho (2023)

El origen del jurado como detector de mentiras (2018)

El papel del juez en el proceso civil (2013)

Introducción al derecho procesal (2025)

El impacto de las tecnologias disruptivas en el derecho proc (2022)

El imputado en el proceso penal (2013)

El interrogatorio del acusado (2011)

El interrogatorio del imputado y la prueba de confesión (2009)

El contrato de dación y recepción del arbitraje (papel + e-book) (2019)

El debido proceso cautelar: Nuevas tendencias en la tutela cautelar (2018)

El decomiso de activos ilícitos (papel + e-book) (2017)