La presente obra, elaborada por prestigiosos juristas, tiene por objeto realizar un análisis crítico de la regulación actual de la fase de admisión de la casación civil; concretamente, de las preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativos a los criterios de acceso a este recurso extraordinario, a la luz de los Acuerdos plenarios no jurisdiccionales de la Sala Primera del Tribunal Supremo (que, en la práctica, constituyen la norma a aplicar en su tramitación) y de la jurisprudencia más relevante recaída en los últimos años. Además, se realizan propuestas a fin de que el legislador español pueda tener elementos de apoyo para una futura reforma tendente a modificar la referida fase, valorándose la oportunidad de dotarla de una mayor dosis de discrecionalidad, siempre sin merma de los derechos y garantías de los recurrentes. Por lo expuesto, se trata de una obra con indudable interés práctico para todos los profesionales del Derecho.

Tapa blanda

Español

Aranzadi

Aranzadi - Monografías

Estudios sobre el recurso de casación civil: Fase de admisión

La presente obra constituye un completo análisis del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporado a nuestra legislación en 2010 y, modificado sustancialmente en 2015 (además de otras reformas menores en 2012 y 2019). Se estudia el concepto de persona jurídica y la necesidad de determinar su significado por vía extrapenal, identificando a la vez las personas jurídicas inimputables; se profundiza en la naturaleza y fundamento del modelo vigente de responsabilidad, principalmente a través de las denominadas fórmulas de hetero y auto responsabilidad. Igualmente son objeto de análisis los elementos comunes a los dos hechos de conexión (ôpor cuenta de las mismasö, ôen beneficio directo o indirectoö, ôen nombre de la sociedadö, ôen ejercicio de actividades socialesö, etc.), profundizando a través de un capítulo independiente en el contenido de las obligaciones de control, a las que se refiere el apartado b) del art. 31 bis 1. Uno de los puntos centrales de la obra es el análisis de las condiciones y requisitos del programa de prevención de delitos o compliance penal corporativo. En la última parte del trabajo se centra la atención en los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador y México, siguiendo una sistemática de derecho comparado entre las legislaciones de ambos países y la española, en la que están claramente inspirados. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

Aranzadi - Estudios

Parámetros interpretativos del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Este libro colectivo presenta los resultados de investigación enmarcados en el Proyecto de Investigación I+D+i de la Universidad de Salamanca ôEl impacto de las tecnologías disruptivas en el derecho procesalö (PIC-2020-03.USAL). Programa de financiación propio USAL de grupos de investigación, modalidad C2, en el que ejerzo la labor de Investigador Principal. En él, podréis encontrar estudios de diferentes personas vinculadas al área de derecho procesal de la Universidad de Salamanca y de colaboradores de la misma, acerca del impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho Procesal. Los cambios legislativos deben ir mucho más allá que las leyes de Asimov para afrontar el impacto de las tecnologías disruptivas en el Derecho Procesal. Por ello, debemos reflexionar sobre la posible elaboración de normas jurídicas así como la introducción de cambios legislativos en nuestros diferentes textos normativos. Concebimos así el derecho procesal como sistema de cierre del ordenamiento y derecho de garantías de todo el sistema de justicia, recogiendo lo expuesto en los párrafos anteriores para canalizar los retos y trasladarlos al proceso en sí como resultado. Este planteamiento hace que el libro colectivo que presentamos tenga un enfoque garantista, reflexivo y que aporte un resultado de investigación que sirva para el avance de nuestra materia.

El impacto de las tecnologias disruptivas en el derecho proc

Con la reforma de 2015, L 41/2015, la casación penal frente a sentencias ha sufrido cambios trascendentales cuyo alcance, sin embargo, no ha recabado inicialmente tanta atención como otras innovaciones que introdujo el legislador a través de dicha ley y de la LO 13/2015. Tanto el legislador, primero, como la jurisprudencia después, han insistido en la idea de que tras la reforma estamos en presencia de una nueva etapa, decisiva, en la historia del recurso extraordinario en la que, tras generalizarse la segunda instancia, se recuperaría el sentido originario de la casación. Analizaremos la virtualidad y el alcance real de semejante premonición mediante el análisis de los designios del legislador y la jurisprudencia del TS, sobre todo en lo que atañe al derecho fundamental procesal a la presunción de inocencia, art. 24.2 CE, que se ha convertido en la piedra de toque de la reforma.

Casación penal, recursos extraordinarios y presunción de inocencia tras la reforma de 2015

Esta obra ofrece una visión completa y ordenada de las partes en el proceso civil de ejecución sobre las que gravita el derecho a la tutela judicial, porque es esencial determinar quién, frente a quién y en qué medida se puede ejercitar la pretensión ejecutiva. Identifica y responde a las incertidumbres que suscitan los supuestos especiales de legitimación, la extensión y delimitación de la responsabilidad, el régimen de postulación y los medios de defensa, con el fin desvelar el trazado completo de esta materia y, en definitiva, para medir si la tensión que late en la aspiración a una tutela judicial se resuelve de manera satisfactoria para el derecho. El interés y dedicación con que se ha emprendido el estudio de esta obra late con cada solución propuesta, buscando siempre su utilidad práctica sobre la base del estudio y la investigación científica.

Tapa dura

Las partes en el proceso civil de ejecución

Los medios de investigación tecnológicos están adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el proceso penal. Su importancia proviene no solo del hecho de que sean un instrumento de averiguación de hechos presente en la mayoría de los procesos penales por cualquier tipo de delito, sino también porque son imprescindibles en la investigación de los delitos cometidos por dispositivos de comunicación o a través de la red. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la LO 13/2015 trata de dar respuesta a la escasa y obsoleta regulación que tenían estos medios hasta la fecha. La implementación de esta nueva normativa, los problemas prácticos que suscita y la respuesta jurisprudencial a cuestiones aún no contempladas en la Ley son objeto de atención en esta obra.

Thomson Reuters Aranzadi

Los medios de investigación tecnológicos en el proceso penal (papel + e-book)

El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se constituye como uno de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Cuando el mismo se ve vulnerado por la actuación de la Administración de Justicia derivada de una dilación o retardo en la tramitación de un procedimiento penal, resulta absolutamente necesario proceder a su reparación y restitución. Y si esto resulta grave el cualquier orden judicial, es especialmente relevante, por las dañosas consecuencias que ello puede plantear y ocasionar, en el orden jurisdiccional penal, donde no sólo se vería lesionado este derecho, sino otros directamente relacionados como la libertad, dignidad, etc. Precisamente por ello, el legislador penal ha incluido expresamente una atenuante específica que determinará una atenuación de la pena en aquellos casos en los que, dentro de un proceso penal, se produzca una dilación indebida en la tramitación del procedimiento. Ello implicaría que la consecuencia jurídica que sufra quien está siendo sometido a un procedimiento penal implique el sufrimiento adecuado a la gravedad de la gravedad y del injusto por el que está siendo enjuiciado. La adición, a la pena que normativamente le correspondería, de los padecimientos y lesiones de otros derechos que se derivaran de un retraso injustificado del procedimiento, no deben aceptarse en un Estado de Derecho, y es preciso que se de respuesta adecuada al mismo. A ello se dedica la presente obra: analizar la posible solución de la atenuación de la pena en virtud de la aplicación de la atenuante, cual es el fundamento de esta atenuación y cual ha sido el tratamiento jurisprudencial de su aplicación.

La atenuante de dilaciones indebidas y su aplicación jurisprudencial

El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia y ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el COVID-19). Estos riesgos se suman a los que han llevado a todas las legislaciones de los países avanzados a impulsar iniciativas contra el soborno, el fraude y la corrupción, en todas sus manifestaciones. En este escenario, las empresas que internacionalizan su presencia están obligadas a tener conocimiento de las distintas legislaciones que pueden aplicar a sus actividades-especialmente las que impliquen riesgos de corrupción-y adecuar sus sistemas de prevención y controles a las exigencias de todas ellas. Este libro, escrito por profesionales del compliance, aborda de forma directa pero con rigor, las leyes internacionales afectan a mi actividad y responde a cuándo y cómo debo adecuarme a su cumplimiento.

Compliance & anticorrupción: Visión práctica de la normativa internacional (papel + e-book)

Primera edición que sintetiza y extracta las resoluciones judiciales y recientes sobre el juicio oral en el proceso penal. La obra incluye además una selección de doctrina elaborada por autores de prestigio en la materia; Acuerdos de la Sala II del Tribunal Supremo; Circulares, Instrucciones y Consultas de la FGE; Crónicas de jurisprudencia; preguntas con respuesta; esquemas procesales y formularios. Es una obra práctica que pretende ir más allá de un compendio puramente teórico o de estudio de la ejecución penal. Es una guía imprescindible para los profesionales del derecho penal.

El juicio oral en el proceso penal (papel + e-book)

Prueba penal y derecho de defensa en la era digital: Nuevos paradigmas y nuevos retos

En los últimos años ha aparecido en la realidad jurídica de España una nueva figura derivada de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La adopción por parte de las empresas de planes de prevención de riesgos penales tiene como consecuencia la necesidad de designar a un órgano, colegiado o unipersonal, responsable de la supervisión del sistema de compliance penal. Así nace la figura del compliance officer en el ámbito penal, la cual ha adquirido gran importancia en la actualidad. En esta obra se analizan con profundidad las distintas alternativas en sus funciones, la asunción de un deber de garante y su posible responsabilidad penal por omisión. Para su desarrollo se plantean distintas hipótesis y en función de las opciones propuestas, se ofrecen respuestas a las preguntas que se van formulando, en las que tras su aparente simpleza, se esconde uno de los retos actuales más apasionantes del Derecho penal y de su posterior aplicación práctica en el ámbito jurisprudencial.

La responsabilidad penal del compliance officer (papel + e-book)

En este manual, a modo de una sucesión de claves, se van comentando las peculiaridades del proceso contencioso-administrativo, muchas de ellas en torno a la posición procesal del acto administrativo. Se aportan consejos y estrategias fruto de la especial dedicación del autor desde siempre a esta materia de su especialidad. Es un libro de praxis del contencioso. Finalmente, sobre la base de la exposición precedente, centrada en la praxis, se proponen reformas, nada menos que un modelo nuevo de jurisdicción contencioso-administrativa con otorgamiento automático de las cautelares y una sentencia en tres meses que evite los problemas actuales del contencioso, lo que conlleva también cambios esenciales en el entendimiento de la ejecución de las sentencias; reto que de conseguirse supondría el afianzamiento e impulso social que esta jurisdicción merece. Se discute también qué modelo procesal queremos por referencia al tema clave o esencial del acto y de las pretensiones, así como la reforma de las costas, y una reflexión sobre qué asuntos han de merecer un juicio oral o abreviado realmente.

Contencioso-administrativo

Primer libro de buenas prácticas en español que aborda, desde un enfoque eminentemente práctico, el contenido de todas las directivas sobre garantías procesales de investigados y acusados adoptadas por la Unión Europea en los últimos años. Este trabajo es la respuesta de un grupo de especialistas a la demanda creciente de títulos capaces de combinar el enfoque académico y el práctico a la hora de interpretar y aplicar el derecho de la Unión Europea. La obra está dividida en cinco capítulos, cada uno de ellos dedicado al estudio individualizado de los derechos y garantías procesales regulados por cada uno de estos instrumentos europeos. Esta estructura ofrece al lector una visión panorámica, práctica y exhaustiva del contenido más relevante de tales directivas, exponiendo los principales problemas detectados, y ofreciendo las correspondientes soluciones desde la perspectiva del proceso penal español. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.

Garantías procesales de investigados y acusados en procesos penales en la unión europea. Buenas prác

El presente volumen pretende analizar, a través de cuatro trabajos concretos, el cambio de paradigma que la revolución tecnológica ésta provocando en el proceso. Se abordan así, por un lado, dos temas que si bien traen causa de realidades extraprocesales de gran relevancia jurídica, dejan sentir su efecto en el proceso planteando cambios y reflexiones de profundo calado: uno, el valor probatorio que puede alcanzar la información digital obtenida por el empresario (audios, videos, correos electrónicosà) en el ejercicio de su potestad de control sobre el trabajador; y otro, el impacto que van a generar en el proceso los nuevos mecanismos de protocolos computerizados de transacción y de registro basados en tecnología blockchain. Pero la irrupción tecnológica afecta también a la propia Administración de Justicia. Y, en ese sentido, dos estudios de los contenidos en el presente volumen profundizarán, por un lado en el uso (y la protección) de los datos personales en el seno del proceso; y, por otro, en la exclusión que origina la brecha digital en el acceso a la Justicia por parte de determinados colectivos ciudadanos: singularmente quienes afectados por condiciones económicas desfavorables (pobreza) y por razones edad (personas mayores) van a tener un nulo o muy limitado acceso y/o manejo de las nuevas realidades tecnológicas. Títulos de Cuadernos digitales Legaltech: 1. Derecho internacional privado, contratación internacional en Internet y régimen jurídico del comercio electrónico 2. La digitalización en los procedimientos administrativos y en los procedimientos contencioso-administrativos

Tecnología y proceso problemas procesales en un mundo digit

La investigación de los delitos de terrorismo permite la suspensión de determinadas garantías inherentes a los derechos fundamentales a la inviolabilidad domiciliaria y al secreto de las comunicaciones, así como aquellas garantías que informan los plazos de detención. Asimismo, al margen de la suspensión prevista constitucionalmente (art. 55.2 CE) se establecen toda una serie de medidas que afectan los derechos fundamentales del sujeto investigado. En aras de salvaguardar el equilibrio entre el éxito de las tareas investigadoras y la correcta consecución de los derechos y garantías del sujeto pasivo del proceso penal, se propone analizar lo anterior desde el marco lógico del derecho de defensa.

El derecho de defensa en la investigación de los delitos de terrorismo

El comercio electrónico experimenta un avance imparable y aumentan las controversias generadas en el seno de este tipo de transacciones comerciales. Para su resolución puede acudirse al arbitraje electrónico por lo que resulta aconsejable contar con un profundo conocimiento de la figura del convenio arbitral electrónico, poco tratada por la doctrina. La presente obra contiene un estudio teórico-práctico, riguroso y multidisciplinar de esta figura útil tanto para aquel que se aproxime por primera vez a la materia como para quien lo haga como práctico o profesional que, a su vez, pretende contribuir a su uso generalizado en el comercio electrónico. Para ello, se abordan cuestiones tales como: su concepto, naturaleza y régimen jurídico; sus elementos subjetivos, objetivos y formales con especial atención en el requisito de constancia por escrito; su formación y perfección; sus efectos, validez y eficacia o su interpretación; sin olvidar su prueba ante los tribunales de justicia o en sede arbitral ni prescindir de la obligada referencia a los problemas más frecuentes en la práctica.

El convenio arbitral electrónico y su prueba

Si hay una cuestión controvertida en el ámbito de la violencia de género es la que hace referencia a la dispensa del deber de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta el punto de que es la única cuestión sobre la que no se alcanzó consenso en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Su trascendencia es tal que se han propuesto una pluralidad de soluciones en el intento de reducir el número de sentencias absolutorias que la aplicación de esta dispensa produce en los procesos penales seguidos en esta materia. El contenido de esta obra se dirige al estudio de todos los problemas planteados en las distintas fases del procedimiento, así como de las soluciones propuestas a los mismos, en un intento de llegar a una conclusión que permita zanjar el problema.

La dispensa del deber de declarar en violencia de género

El objetivo de esta obra es profundizar en el estudio del llamado ôproceso penal europeoö, entendido como el conjunto de normas, instrumentos y políticas de la Unión Europea que tienen incidencia directa en los sistemas de justicia penal de los Estados miembros. La relevancia de esta temática es muy acusada en el ámbito del proceso penal español. En efecto, las últimas reformas legislativas de nuestra LECrim y otras normas especiales han sido motivadas, precisamente, por la necesidad de transposición nacional de normativa europea, tal y como demuestran las reformas de 2015 en cuestión de garantías procesales o, muy recientemente, la inclusión en España de un procedimiento especial para los que la Fiscalía Europea ejerza de forma efectiva su competencia (LO 9/2021). Las futuras reformas proyectadas también manifiestan esta gran influencia europea: así se advierte en la lectura de la exposición de motivos de la ALECrim 2020 y su propio espíritu y contenido. En definitiva, los avances legislativos europeos tienen su eco inmediato en nuestra legislación nacional, escenario que ampara la elaboración de estudios críticos que aporten soluciones y propuestas de mejora de lege ferenda. En este sentido, los estudios que forman parte de esta obra se circunscriben a aquellas áreas del proceso penal europeo consideradas actualmente prioritarias, tomando como referencia los últimos avances legislativos adoptados y proyectados, así como los problemas prácticos experimentados actualmente en la aplicación de los instrumentos preexistentes.

Proceso penal europeo

La presente monografía examinar qué indica la norma UNE 19.601 - sistemas de gestión de Compliance penal - sobre los requisitos que el Código penal establece para los modelos de organización y gestión de delitos, puesto que ello permitirá valorar a dichos operadores - con las consecuencias que en su caso pueda tener - si la entidad cumple con un estándar en relación con dichos requisitos. Por lo tanto, se realiza una exposición de esos elementos mínimos del Código penal y abordaremos su desarrollo en la UNE 19.601 para así facilitar una comprensión más detallada del significado de cada uno de ellos en el ámbito del Compliance penal. Se trata de proporcionar una guía a los operadores jurídicos de cuál es el contenido que otorga dicho estándar nacional a dichos elementos mínimos para coadyuvar a una interpretación judicial coherente con el estado de evolución, en un momento determinado, de la disciplina de Compliance De igual manera, de la mano de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional (2020) se explican las consecuencias para organizaciones empresariales carentes de personalidad jurídica pero aún así sometidas al Código penal español. Finalmente, se abordan los beneficios de estándar español para poder gozar de los derechos reconocidos en la Directiva europea de contratación pública cuando una empresa española pretenda ôrehabilitarseö a efectos de contratación pese a haber sido condenada penalmente.

Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas

La presente monografía pretende ser un trabajo en el que se abordan una serie de cuestiones propias de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero desde una perspectiva teórico-práctica: el lector encontrará, por un lado, una profundización notable en determinados aspectos basales de este tipo de responsabilidad, pero, por otro lado, encontrará que ello proyecta consecuencias muy prácticas. Para desarrollar esta doble dimensión se utilizarán algunas resoluciones judiciales de los últimos años que han tenido un cierto impacto en la discusión académica y profesional. Así, en la introducción, nos centramos en un concepto que que resulta, en nuestra opinión, muy útil hoy en día para comprender determinadas cuestiones tanto prácticas como teóricas: el concepto de actor corporativo (Corporate Actor). A partir, la monografía se estructura en cuatro capítulos fundamentales. Primero, la acuñación del concepto de delito corporativo por parte del Tribunal Supremo y su proyección sobre determinadas resoluciones judiciales actuales. Segundo, la conformación de un concepto intrínseco - en nuestro planteamiento - tanto al actor corporativo como al delito corporativo: la cultura (o ausencia de la misma) corporativa de Compliance. En tercer lugar, abordamos, de la mano de una Sentencia reciente del Tribunal Supremo, cómo afecta la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al actor corporativo en el ámbito de la retroactividad de las normas penales. Finalmente, de nuevo gracias a una resolución del Alto Tribunal, abordamos la posición de garante que ostenta el actor corporativo sobre su ámbito de organización - con las consecuencias que de ello se derivan -.

Actor corporativo y delito corporativo

La presente monografía tiene como objeto el análisis del complejo entramado procesal que se produce cuando concurren la impugnación de un despido (sea disciplinario u objetivo) con la impugnación de otra causa de extinción del contrato de trabajo. En este sentido, se parte de la doble posibilidad inicial que contempla la norma de ritos social, bien que el actor acumule en su demanda ambas pretensiones (art. 26.2 LRJS), bien que se presenten por separado y se deba producir luego una acumulación de procesos (art. 32). Siguiendo la estela legal y jurisprudencial, se distingue, a su vez, entre si la pretensión de despido concurre con una resolución causal a instancia del trabajador ex art. 50 ET (situación típica ya contemplada en el anterior art. 32 LPL) o, por el contrario, lo hace con otra causa extintiva empresarial (dobles despidos, despido ad cautelam, retractación empresarialà). A continuación se analizan los trámites procesales que tan intrincada situación requiere y, por fin, se da cuenta de las múltiples soluciones que pueden alcanzarse, en función de si ambas acciones están conectadas entre sí (en cuyo caso habrá de resolverse primero la que está en la base del conflicto) o si son independientes (debiendo entonces darse respuesta en primer lugar a la que hubiera nacido antes). La obra se remata con un apunte de problemas que la concurrencia de estas pretensiones puede provocar más allá del proceso de instancia, tanto en vía de recurso de suplicación, como en sede de ejecución de sentencias.

La acumulación procesal de los asuntos de despido y extinción del contrato de trabajo

El auge que ha experimentado en los últimos años el conocido como periodismo de tribunales ha generado un intenso debate en el conjunto de la Sociedad. El derecho a recibir información, de relevancia pública y veraz, está llamado a equilibrarse con los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. De esta forma, el tradicional enfoque que permite dicho equilibrio ha seguido una línea jurisprudencial pensada generalmente desde la óptica del proceso civil. Sin embargo, cuando se aplican dichos parámetros al proceso penal, el equilibrio jurisprudencialmente alcanzado decae por la inclusión de un principio estructural del moderno proceso penal: la presunción de inocencia. Los tiempos del periodismo difieren notablemente de los tiempos de la investigación penal e incluso del propio enjuiciamiento. Actualmente, los medios de comunicación han potenciado el denominado periodismo de sucesos y tribunales, ocupando una posición privilegiada en la conformación de los diarios y noticiarios. Una disciplina tradicionalmente seria y rigurosa en el tratamiento de sus contenidos. No obstante, la mediatización del proceso penal ha supuesto la aparición de los mal llamados "juicios paralelos", provocando, en ocasiones, una serie de disfunciones en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y afectándose potencialmente principios inherentes a la propia estructura del Estado.

Editorial Aranzadi

Proceso penal, presunción de inocencia y medios de comunicación

El derecho a la vida es algo inherente al hombre y está protegido por los instrumentos jurídicos internacionales más importantes a los que se han adherido la inmensa mayoría de países. Pero para vivir una vida digna ha de existir una libertad que también pertenece al hombre desde el momento en el que nace y hasta que fenece. Vida y libertad, sin embargo, son derechos que pueden ser limitados de forma ilegal y/o legal por el propio hombre en una situación de clara contradicción, cuando no de perversa paradoja. Cuando el hombre comete supuestamente algún ataque grave contra bienes jurídicos dignos de ser protegidos por el Derecho penal, aparece de inmediato la necesidad de que se celebre un juicio con todas las garantías debidas, y con ello, el derecho-deber del Estado al ius puniendi que colisionará cuanto menos con los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un juicio con todas las garantías debidas. Pero para que se pueda materializar la justicia es preciso tener al investigado a disposición y sin riesgo de fuga, y por ende, existe la posibilidad de privar al hombre de la libertad de forma provisional hasta que se dicte una sentencia conforme a derecho en un tiempo que puede llegar hasta cuatro años, con una provisionalidad realmente insufrible. Estamos ante una realidad muy incómoda, cuando no peligrosa, pues pueden conculcarse derechos que jamás podrán ser compensados ni por la más generosa de las indemnizaciones en caso de error, y no es lo mismo que un investigado se presente ante la justicia con grilletes y procedente de unos calabozos, a hacerlo en libertad, aunque sea provisional. Ante una realidad tan compleja y necesaria como es la prisión provisional, se impone realizar un análisis sosegado sobre su aplicación y posibles alternativas cuando estamos ya en el siglo XXI en la llamada era digital. ¿Es tan precisa la prisión provisional?, ¿cómo podemos conjugar el derecho a hacer justicia con el derecho a la libertad?, ¿cómo podemos asegurar que un investigado esté libre de forma provisional sin ser un peligro potencial para la sociedad? ¿existen alternativas a la prisión provisional? Se plantean múltiples incógnitas que los juristas nos planteamos porque la sociedad también se lo plantea al albur de los últimos casos de prisión provisional acaecidos en la España de los últimos tiempos, y que han tenido finales muy dispares. La obra que el lector tiene en sus manos es un trabajo multidisciplinar que invita a la reflexión clara y directa sobre la institución siempre polémica de la prisión provisional analizada desde diversos prismas que pretende realizar un análisis, y también aportar luz ante la privación de un derecho que es tan básico para el hombre como lo es el de la libertad.

Presos sin condena

La presente obra tiene por objeto analizar exhaustivamente la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, y la más significativa de los demás Tribunales de Justicia, en relación a las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo. Aproximadamente, unas 1.000 resoluciones han sido objeto de estudio y análisis; resoluciones que aparecen referenciadas con su número concreto de Aranzadi. La materia citada es objeto de regulación en los artículos 129 a 136 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en total, ocho artículos. Esta parquedad normativa obliga a todo aquel que quiera adentrarse en ella a conocer la Jurisprudencia que se ha dictado en su desarrollo y aplicación o, lo que es lo mismo, sin este conocimiento previo nadie puede adentrarse adecuadamente en el mundo de las medidas cautelares en el ámbito contencioso-administrativo. Para cumplir esta finalidad, se ha introducido un índice muy detallado en cada uno de los capítulos en que se divide la obra: I Doctrina general sobre las medidas cautelares y las contracautelas; II El periculum in mora; III La ponderación de intereses y IV El fumus boni iuris. Incluso, en determinados aspectos relevantes, como la ponderación de intereses o las medidas cautelares positivas, se introduce una relación de supuestos concretos agrupados por las materias o las voces a que se refieren para facilitar la labor de todos aquellos que se acerquen a la obra. Por citar una cifra, se incluyen más de 200 supuestos singulares en el ámbito de la ponderación de intereses. Con todo ello, se pretende, en primer lugar, seguir una sistemática tradicional en la descripción general de las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo, que permite calificar la presente obra como un todo unitario y no una mera relación o transcripción de casos singulares o concretos; y, en segundo lugar, no renunciar tampoco a las singularidades existentes cuando las mismas merecen ser destacadas o resaltadas.

Estudios sobre el recurso de casación civil: Fase de admisión (2020)

Parámetros interpretativos del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas (2020)

El impacto de las tecnologias disruptivas en el derecho proc (2022)

Casación penal, recursos extraordinarios y presunción de inocencia tras la reforma de 2015 (2022)

Las partes en el proceso civil de ejecución (2017)

Los medios de investigación tecnológicos en el proceso penal (papel + e-book) (2018)

La atenuante de dilaciones indebidas y su aplicación jurisprudencial (2023)

Compliance & anticorrupción: Visión práctica de la normativa internacional (papel + e-book) (2020)

El juicio oral en el proceso penal (papel + e-book) (2018)

Prueba penal y derecho de defensa en la era digital: Nuevos paradigmas y nuevos retos (2024)

La responsabilidad penal del compliance officer (papel + e-book) (2019)

Contencioso-administrativo (2019)

Garantías procesales de investigados y acusados en procesos penales en la unión europea. Buenas prác (2020)

Tecnología y proceso problemas procesales en un mundo digit (2022)

El derecho de defensa en la investigación de los delitos de terrorismo (2017)

El convenio arbitral electrónico y su prueba

La dispensa del deber de declarar en violencia de género (2019)

Proceso penal europeo (2023)

Compliance penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas (2020)

Actor corporativo y delito corporativo (2020)

La acumulación procesal de los asuntos de despido y extinción del contrato de trabajo (2021)

Proceso penal, presunción de inocencia y medios de comunicación (2018)

Presos sin condena (2021)

Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo (papel + e-book) (2016)